Integrantes del colectivo de prescindidos políticos de La Pampa solicitaron formalmente a la Legislatura Provincial y al gobernador Sergio Ziliotto el tratamiento urgente del proyecto de ley de reparación económica para exagentes públicos, víctimas de la dictadura, y que fueron echados en ese período.
La iniciativa, presentada originalmente hace tres años, busca otorgar una indemnización -por única vez- a las y los trabajadores nacionales, provinciales y municipales que, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, fueron cesanteados, exonerados o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
Si bien el Gobierno de La Pampa dio un paso fundamental en 2022 con el Decreto 407/22 (que reparó simbólicamente los legajos de más de 500 personas), desde el colectivo reclamaron ahora “igualdad de trato” respecto a otras provincias de la región.
“Hoy, provincias hermanas como Neuquén y Río Negro ya cuentan con leyes de reparación material. La Pampa, siendo pionera en políticas de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de saldar esta falta del Estado hacia quienes padecieron la persecución laboral”, expresaron.
Los puntos claves del pedido son:
“-Reparación Material: un resarcimiento económico que complemente el reconocimiento simbólico ya vigente.
–Justicia Histórica: el proyecto se basa en recomendaciones del Parlamento Patagónico (2013) y sigue el modelo de leyes aplicadas en Mendoza y el sur del país.
–Alcance: incluye a agentes de todos los niveles del Estado que fueron víctimas del terrorismo de Estado en territorio pampeano”.
Desde el colectivo de prescindidos políticos insistieron que, si bien el dinero no revierte el dolor ni la discriminación sufrida en aquellos “años oscuros”, funciona como un “abrazo memorioso y fraterno” de un “Estado provincial que repara y asume su rol de administrador justo y faro moral”.