Siete asociaciones rurales de La Pampa cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de habilitar la libre elección de veterinarios para la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Las entidades difundieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la “gravedad” del cambio en el esquema sanitario y sostuvieron que la medida fue adoptada sin consenso con el sector productivo. De esta manera, se apartaron de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, con sede en Santa Rosa, que respaldó la decisión del Gobierno nacional.
El rechazo, en un documento al que accedió Diario Textual, está firmado por la Asociación Gremial Agropecuaria de Eduardo Castex, la Asociación Rural de General Acha, la Sociedad Rural de General Pico, la Sociedad Rural de Toay, la Asociación Rural y de Fomento Realicó, la Sociedad Rural del Oeste Pampeano (con sede en Victorica) y la Asociación Rural del Sur Pampeano (La Adela).
Todas estas entidades integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que también cuestionó la decisión del Gobierno nacional. Sin embargo, como publicó Diario Textual días atrás, de esa postura se desmarcó la Agrícola de Santa Rosa.
Hay un dato relevante: el vicepresidente de Carbap, Marcelo Rodríguez, es socio y expresidente de la Agrícola. Fue uno de los dirigentes que recientemente cuestionó la desregulación.
Este pronunciamiento aparece como mayoritario entre las asociaciones rurales de la provincia. Solo no se expresó públicamente la Sociedad Rural de Quemú Quemú, que -en rigor- no integra Carbap sino que reporta a la Sociedad Rural Argentina (SRA).
A su vez, representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) también cuestionaron los cambios.
Gravedad
Desde las entidades destacaron el trabajo de casi tres décadas contra la fiebre aftosa. “La erradicación de la fiebre aftosa fue un éxito por el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado desde la implementación del programa nacional de control y erradicación, donde la formación de fundaciones demostró que ese era el camino”, señalaron.
“Sin entender por qué y en forma inconsulta a quienes fuimos y somos responsables de tener hoy el estatus sanitario actual en la Argentina, deciden modificar algo que funciona correctamente, permitiendo que tengamos abiertos mercados para la carne”, agregaron.
“Sería repetitivo detallar todos los contratiempos que este sistema tendrá en su aplicación, que para quienes ya lo vivimos no quisiéramos volver a ver”, advirtieron.
“Por todo lo expuesto, las sociedades rurales firmantes queremos deslindar responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario, dejando en claro la gravedad de esta medida”, concluyeron.
Cambios en el sistema
La resolución fue publicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y establece que, desde el 1 de enero de 2027, los productores ganaderos podrán contratar directamente a veterinarios privados acreditados para realizar la inmunización de sus rodeos. Hasta ahora, esta tarea estaba organizada principalmente a través de entes sanitarios y fundaciones locales.
De acuerdo con la normativa, los profesionales deberán estar acreditados ante el organismo sanitario y cumplir requisitos específicos, entre ellos garantizar la cadena de frío y registrar las actas de vacunación en el sistema oficial dentro de un plazo máximo de siete días.
El productor que opte por contratar a un veterinario privado deberá informar su decisión al menos 30 días antes del inicio de la primera campaña anual de vacunación. En caso de no hacerlo, el servicio continuará a cargo del ente sanitario correspondiente.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el cambio forma parte de un proceso de simplificación administrativa. Según la resolución, el objetivo es “ampliar la libertad de acción de los administrados en la elección de los actores intervinientes” y generar mecanismos más ágiles para la organización de las campañas sanitarias.