Por Juan Gutiérrez Davini (*)
Les propongo un ejercicio de comparación. Tratemos de imaginar cómo era la vida de un joven argentino hace 70 años. A juzgar por el contexto de entonces, probablemente encontraría trabajo en alguna de las múltiples empresas o instituciones del país, por aquellos años inmerso en una vibrante economía. Como obrero, ingeniero o investigador, aquellos jóvenes podían insertarse en la que llegaría a ser la más grande y pujante clase media de la región.
Veamos el ahora. En una Argentina que no crea nuevos empleos “en blanco” en el sector privado, donde las empresas cierran a razón de 30 por día (unas 20.000 en los últimos dos años), la realidad de los jóvenes es muy diferente.
Quien tiene la posibilidad de realizar estudios superiores también se enfrenta a un futuro incierto, con el desfinanciamiento de instituciones de investigación –universidades, INTA, INTI o CONICET, entre los más mencionados– y la internacionalización de la economía, donde las empresas con capacidad de contratar profesionales tienen sus oficinas de investigación en otros países, obligándolos a emigrar.
Las nuevas formas de trabajo
La actual economía, con altos niveles de desempleo e informalidad, fuerza a los jóvenes a caer en nuevas formas de trabajo, caracterizadas por extensas jornadas laborales (muchas más que las tradicionales 8 horas), el pluriempleo y salarios muy por debajo del umbral de pobreza.
Así como hace 6 o 7 décadas hablábamos de fábricas y empresas, hoy hablamos de aplicaciones y emprendedores.
Las aplicaciones, por un lado, ofrecen tentadoras sumas de dinero y horarios laborales reducidos apenas llegan a una ciudad. Fantasía que se diluye a medida que ingresan nuevos trabajadores, reduciendo paulatinamente la paga y forzando a alargar las jornadas de labor. La denominación como tales: “trabajadores” ya no está vigente para las nuevas formas de empleo de plataformas, que prefiere decirles “colaboradores” o “socios de la app”. Eso sí, ellos no gozan de seguro social, vacaciones pagas, aguinaldo o cualquier otro beneficio; al fin y al cabo, una nueva forma de explotación laboral.
Según algunos analistas cercanos al gobierno nacional, los beneficios que antaño se naturalizaban y gozaban la mayoría de los trabajadores, hoy en día “fomentan el desempleo”.
La reforma laboral
Frente a esto, la respuesta del gobierno nacional parece ser afianzar el modelo legalizando la informalidad.
En este sentido, la ley de “modernización laboral” (que ya acumula dos fallos en contra por inconstitucionalidad) que se aprobó en el Congreso de la Nación plantea:
- Legalización de la jornada laboral de 12 horas diarias.
- Legalización del pago de parte del sueldo en tickets canasta (vales canjeables en ciertos negocios).
- Libre disposición del empleador para fijar salarios, bajo el criterio subjetivo del “mérito” y la negociación directa con la empresa, en lugar de por sectores.
- Vacaciones fraccionadas y a voluntad del empleador, que decidirá cuándo se deberán tomar y cuántos días serán.
- Indemnizaciones más bajas y con topes de actualización.
- Banco de horas (ya no se pagarán horas extra, sino que las podrás utilizar, si es que las contabilizan y tu empleador te lo permite, para pedirte días u horas libres más adelante).
- Limitación del derecho a huelga.
- Retiro del Estado a la hora de negociar condiciones laborales con tu empleador (en un contexto de alto desempleo esto implica que el empleador te impondrá las condiciones que él decida, sin que tengas prácticamente capacidad de negociar).
Este modelo laboral viene acompañado del existente modelo de inversiones, el RIGI, que ya permite la reducción y violación de varias normativas laborales, ambientales, legales y fiscales a cambio de que las empresas extranjeras realicen inversiones. Sin embargo, a pesar de permitirles libre disponibilidad para contaminar, subcontratar personas y llevarse las ganancias sin poner un peso en nuestro país ni incentivar la industria, la inversión extranjera está en su nivel más bajo en décadas, llegando a ser negativa por primera vez en los últimos 22 años.
¿Hacia dónde vamos?
Como bien dijo el diputado libertario de la provincia de Buenos Aires vinculado con el narcotraficante Fred Machado, José Luis Espert, “el modelo es Perú”.
Es decir, una macroeconomía relativamente ordenada (o sea, una moneda que no se devalúa tanto) con altos niveles de pobreza e informalidad. Con una pobreza crónica que hace décadas no baja del 30%, niveles de Desarrollo Humano, educación y salud por debajo de la media mundial, Perú no es precisamente un ejemplo de desarrollo. Tampoco lo son países como Ecuador o Colombia, también referenciados como modelos por algunos dirigentes libertarios. Estas naciones tienen algo en común: hace décadas vienen sufriendo políticas neoliberales que prestan escasa atención a las necesidades de su pueblo, con una economía sostenida en base a bajos salarios, nulas prestaciones sociales y alta precarización laboral.
En el otro extremo, en Países Bajos la jornada laboral es de 31 horas semanales, con un salario promedio de 3.471 euros mensuales (poco más de 5,8 millones de pesos), y una tasa de desempleo menor al 4%. En Francia, país donde los trabajadores gozan de amplias vacaciones (30 días hábiles para el trabajador recién contratado, sin antigüedad), la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en 1999 se estima que ha creado hasta ahora 350.000 puestos de trabajo. Países como Islandia, Japón e incluso Sudáfrica también están trabajando o ya han aplicado medidas de reducción de la jornada laboral, potenciando la productividad y el empleo formal.
En la región, la Organización Internacional del Trabajo ya instó a los países latinoamericanos a reducir su jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. México y Chile ya avanzaron en ese sentido, aprobando la reducción de sus jornadas laborales a 40 horas semanales, a la vez que tanto el presidente brasilero, Lula Da Silva, como el presidente colombiano, Gustavo Petro, han planteado llevar reformas laborales en ese sentido al congreso de sus países, buscando también reducir la jornada laboral.
Argentina se encuentra, en ese sentido, en una disyuntiva. Con una jornada laboral de 48 horas semanales, vacaciones pagas de hasta 30 días con 20 años de antigüedad (que además se cuentan de corrido, no por días hábiles), licencias por paternidad y maternidad de 2 y 90 días respectivamente, salarios a niveles de pobreza y una alta informalidad laboral, se encuentra muy por detrás de los derechos laborales europeos, incluso por detrás de la mayoría de países de la región.
En este sentido, hay que elegir el camino. Se puede elegir el camino de Perú y afianzar el declive, o se puede optar por la vía europea y fomentar el desarrollo con mejores condiciones laborales. El gobierno libertario parece optar por el primero.
Argentina supo tener la clase media más amplia y rica de toda la región. Hoy esa clase media se encuentra en estado crítico.
Al menos desde 1976 se pretende instalar este modelo de concentración de la riqueza, con una apertura indiscriminada de la economía y la conveniente flexibilización laboral. Los gobiernos que aplicaron estas recetas han llegado siempre a los mismos resultados: cierre de empresas, caída en la calidad y cantidad de la obra pública, desempleo, quiebre del Estado y enriquecimiento de unos pocos.
(*) Licenciado en Relaciones Internacionales