La organización Bases Federadas aseguró que “no hay nada para festejar” a 18 años de la Resolución 125 y manifestó una fuerte preocupación por la situación de los pequeños y medianos productores en todo el país. “Tal como venimos advirtiendo en los últimos meses, las medidas adoptadas por el gobierno nacional están deteriorando la economía de numerosas producciones regionales y pymes agropecuarias, al tiempo que afectan el bolsillo de la mayoría de los trabajadores. Esta combinación impacta directamente en la caída del consumo interno, particularmente en alimentos básicos como la carne vacuna, el vino y otros productos de las economías regionales”, resaltaron.
El posicionamiento surgió luego de una reunión de su comisión directiva, que contó con la participación de dirigentes de ocho provincias, donde se analizó el escenario actual del sector agropecuario.
Según señalaron, las medidas del gobierno nacional están generando un deterioro en las economías regionales y en las pymes agropecuarias, al tiempo que impactan en el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta combinación, indicaron, provoca una caída del consumo interno, especialmente en productos básicos como la carne vacuna y el vino.
En ese marco, la entidad expresó su rechazo a distintas decisiones oficiales que, a su entender, perjudican la producción nacional y a los productores de menor escala. Entre ellas mencionaron el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), la apertura de importaciones de alimentos y maquinaria agrícola, la obligatoriedad de la caravana electrónica en ganadería, y las reformas a la Ley de Glaciares y a la legislación laboral.
Acuerdos internacionales y costos en alza
Desde Bases Federadas también advirtieron que los acuerdos comerciales, como el Argentina–Estados Unidos y el Mercosur–Unión Europea, no garantizan la inclusión de los pequeños productores, lo que —según sostienen— profundiza las desigualdades dentro del sector.
A este escenario se suma el aumento sostenido de los insumos dolarizados, como fertilizantes, combustibles y fletes, lo que vuelve inviable la producción de granos para quienes se encuentran a más de 500 kilómetros de los puertos.
Además, alertaron sobre el impacto del blanqueo de capitales, que -indicaron- favorece la llegada de fideicomisos y pooles de siembra que acaparan tierras, elevan los precios de los alquileres y desplazan a los productores tradicionales.
Críticas a Milei y al modelo productivo
La entidad cuestionó también al presidente Javier Milei por sus declaraciones durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde planteó como meta alcanzar las 300 millones de toneladas de producción. Según Bases Federadas, ese objetivo se apoya en datos incorrectos y podría ser el paso previo para impulsar la adhesión al tratado UPOV 91, promovido por Estados Unidos.
Advirtieron que ese esquema implicaría una restricción al uso propio de semillas, en contraste con la legislación vigente. Recordaron que, con la actual Ley de Semillas, Argentina pasó de producir 45 millones de toneladas en los años 80 a cerca de 150 millones en la actualidad, aunque en ese mismo período desapareció alrededor del 45% de los productores agropecuarios.
Reclamos y propuestas
En este contexto, Bases Federadas reclamó la implementación de políticas públicas diferenciadas para pequeños y medianos agricultores y pidió al Gobierno que defina con claridad qué modelo productivo pretende impulsar. “Desde Bases Federadas estamos convencidos de que preservar a los agricultores que aún permanecen en actividad y facilitar la incorporación de nuevos productores requiere políticas públicas diferenciadas para los pequeños y medianos agricultores, tal como ocurre en otros sectores económicos como el comercio o la industria. Es por ello que necesitamos que el presidente de la nación enuncie claramente con cuantos productores quiere que produzcamos todos los alimentos de nuestro país”, dijeron.
Entre las principales medidas solicitadas se destacan la quita de retenciones para productores de menor escala, el mantenimiento de Argentina en el tratado UPOV 78, la modificación del carácter obligatorio de la caravana electrónica, y el acceso a créditos productivos adaptados a los ciclos ganaderos.
También propusieron la creación de programas de arraigo rural, incentivos fiscales para quienes generen empleo y valor agregado, y el freno a la importación indiscriminada de alimentos, al considerar que estas políticas son claves para evitar la expulsión de productores y sostener el desarrollo del interior del país.
Finalmente, la entidad advirtió que, si no se reconoce que el campo no es un sector homogéneo, continuará profundizándose la desaparición del productor agropecuario, históricamente central en la economía de pueblos y ciudades del interior.