A comienzos de 1977, un grupo de estudiantes de Santa Rosa fue víctima de una de las razzias ocurridas durante la última dictadura militar, con secuestros, torturas y años de cárcel. La represión se desencadenó a partir de la llegada de una encomienda con material político que permitió a las fuerzas de seguridad perseguir a los militantes.
El episodio comenzó el 12 de enero de ese año, cuando una mujer denunció ante la policía de Santa Rosa la llegada de un paquete enviado desde Buenos Aires que contenía “material bibliográfico subversivo”. La encomienda incluía panfletos y revistas del Partido Comunista Revolucionario (PCR), entre ellos propaganda que reclamaba la aparición del dirigente sindical cordobés René Salamanca, desaparecido tras el golpe de Estado de 1976.
A partir de ese hallazgo, integrantes de la Subzona 14 del Ejército y personal policial iniciaron una investigación para identificar a los responsables. Durante febrero se sucedieron allanamientos y detenciones en distintas localidades de la provincia.
Los operativos derivaron en la captura de varios militantes y estudiantes vinculados al PCR y a la actividad universitaria. Entre los detenidos se encontraban Pedro Molinero, Carlos Ghezzi, Miguel Ángel Mingotte, Adrián Di Santo, Francisco Madera, José Alberto Martínez, Dardo Hernández, Rafael Guardia y Sergio Baudino. Más tarde se sumó un décimo detenido, Miguel José Capella.
Los secuestrados por la policía permanecieron durante días en situación de desaparición forzada mientras eran interrogados en dependencias policiales de Santa Rosa y General Pico. Según los testimonios que posteriormente brindaron ante la Justicia, durante ese período fueron sometidos a torturas, golpes y descargas eléctricas por parte de integrantes de la Subzona 14.
Las detenciones se realizaron bajo acusaciones vinculadas con la ley de seguridad del Estado y otras normas que prohibían la actividad política durante la dictadura. Posteriormente los detenidos fueron trasladados a la Unidad 9 de La Plata, una cárcel utilizada por el régimen para alojar presos políticos.
Con el tiempo, la causa judicial que se abrió contra ellos comenzó a mostrar irregularidades. El propio procurador federal Jorge Francisco Suter cuestionó la investigación inicial al advertir que muchas de las actuaciones policiales carecían de firmas y formalidades legales.
Algunos de los detenidos permanecieron varios años en prisión antes de recuperar la libertad. En varios casos, las resoluciones judiciales posteriores determinaron la falta de mérito o el sobreseimiento definitivo.
El episodio quedó registrado como uno de los operativos represivos más importantes contra militantes políticos en La Pampa durante los primeros años del régimen militar instaurado en 1976.
Tomado del libro “El Informe 14”, de Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla.