Con la participación de varios pampeanos, concluyó este jueves la segunda jornada de audiencia pública en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y que cuenta con media sanción del Senado. En ambos días, la mayoría de los expositores expuso su posición contraria a los cambios de la normativa.
La primera jornada, ayer miércoles, estuvo marcada por un clima de tensión, a partir de los constantes cuestionamientos de la oposición hacia el oficialismo por la mínima cantidad de oradores que podrán participar, a pesar de haberse inscripto más de 100 mil personas. De hecho, un grupo de legisladores planteó una impugnación.
Además, al final del día la oposición denunció que La Libertad Avanza hizo ingresar a personas que no figuraban anotadas y vinieron a manifestarse a favor de la ley.
Otro hecho que provocó enojo fue que el oficialismo redujo deliberadamente el tiempo de alocución de 4 a 5 minutos, noticia que recibieron ayer antes de comenzar. Igualmente, en ambas jornadas, algunos superaron su tiempo al hablar.
Mientras en la sala del segundo piso del Anexo C se desarrollaba la audiencia presencial, donde diputados oficialistas se cruzaron con algunos expositores, en las afueras militantes ambientalistas desarrollaron una audiencia popular sobre las calles Riobamba y Bartolomé Mitre que el fuerte operativo de seguridad no pudo impedir.
La reunión fue conducida por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
Rechazo
Al igual que en la primera jornada, los oradores -entre los que hablaron varios representantes de comunidades originarias- rechazaron que se trate efectivamente de una audiencia pública, debido a los miles que quedaron sin chance de hablar; al tiempo que otros anticiparon futuras acciones legales.
Ante la presencia de un grupo de diputados en la sala, uno de los primeros en hablar fue Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, a cargo del Inventario Nacional.
“La ley aprobada en el Senado no representa una mejora respecto a la ley vigente, porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que por el contrario genera nuevas ambigüedades, desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a las autoridades políticas competentes de cada provincia”, definió.
Villagra defendió que el Inventario Nacional está funcionando y está en proceso de revisión: “Es una obra magnífica que brinda herramientas para el ordenamiento territorial de nuestra cordillera”. Del total de 16.078 glaciares identificados, y casi 17 mil incluyendo las Islas Malvinas, “solamente el 0,8% abarcan la superficie de la cordillera”, afirmó.
Para el director del IANIGLA, la modificación introduce conceptos que “generan incertidumbre” y no aclara cuáles serán los mecanismos “por los cuales se determinará la importancia hídrica” de un glaciar o periglacial. “Además, sigue sin incluir un presupuesto para completar el inventario, lo cual deja a nuestro instituto en una incertidumbre en cuanto a su realización”, añadió.
A su turno, Muriel Douton, especialista en sustentabilidad, expresó: “Los glaciares son una fuente fundamental de agua dulce para nuestro planeta, representan el 70% del agua dulce en el mundo”. “No solo protegen la biodiversidad, y tienen que ver con cuestiones climáticas para conservar nuestro clima, sino que también tienen que ver con algo tan fundamental como la vida. El agua, elemento fundamental para la supervivencia humana, está en riesgo con la modificación de esta ley. La minería pone en riesgo este recurso”, aseguró.
Silvia María Pía, del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, sostuvo que las modificaciones propuestas “son inconstitucionales, violan el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad”. Tras cuestionar “irregularidades” de la audiencia pública, donde solo hablarán el 0,3% de los inscriptos, denunció que “la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo” y dijo que esta ley “responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales”.
María Laura Colazo, legisladora provincial y presidenta del Partido Verde de Tierra del Fuego, manifestó: “Esta isla del fin del mundo está bendecida con cientos de glaciares, son nuestra fuente de vida y bienes comunes que los fueguinos sabemos custodiar. Los glaciares nos brindan el agua que bebemos, la que usamos para vivir, no queremos que se ponga en peligro con la aprobación de esta ley”.
Néstor Lastiri, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, apuntó que “en La Pampa no tenemos glaciares, por ello dependemos del agua que nace en la cordillera” y “cualquier decisión que se tome sobre los glaciares o periglaciares no es una decisión local, sino una que impacta sobre todo el sistema hídrico”.
“Nuestro río Atuel es un ejemplo de lo que pasa cuando las decisiones se toman aguas arriba, sin considerar a quienes estamos viviendo aguas abajo”, aseveró e insistió: “El agua es un bien público que no reconoce límites políticos, demarcaciones geográficas; lo que se decide en la montaña impacta en toda la cuenca, porque se trata de un bien interjurisdiccional que constituye una unidad ambiental, hecho que lo hace transversal. Si se debilita la protección de las nacientes, las provincias agua abajo quedamos en una situación de mucha vulnerabilidad”.
Por su parte, María Aguilar, de Eco House, se quejó de que “el mecanismo de participación, lejos está de ser una audiencia pública”. “La Ley de Glaciares no es una ley más, es una ley que protege las principales reservas de agua dulce del país. Más de 7 millones de personas dependen de cuencas hídricas alimentadas por glaciares y periglaciares”, defendió.
“En un contexto de crisis climática científicamente comprobada, con retrocesos glaciares apabullantes, en un país donde el 70% del territorio es árido o semiárido, debilitar la protección de los glaciares no es una mejora normativa”, enfatizó y aclaró que la ley actual no prohíbe la minería, “sino que establece límites en menos de 1% del territorio”.
A favor de la propuesta de modificación a la Ley 26.639, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, consideró que este nuevo marco regulatorio propone una “mayor precisión normativa; mejor integración de la información científica; respeto al federalismo constitucional; y fortalecimiento de la cooperación entre Nación y provincia”. Y agregó que busca “lograr una protección ambiental más efectiva, más operativa y sostenible en el tiempo”.
Con énfasis en avalar la propuesta del Gobierno nacional, añadió que la iniciativa original tiene por objetivo “la protección de los glaciares en tanto tengan reservas estratégicas hídricas”, pero advirtió que “no todos cumplen esa función y el proyecto busca corregir esa distorsión”. Concluyó, además, que “la iniciativa no implica regresión ambiental porque continúan siendo protegidos”.