El plan de ajuste del Gobierno nacional sobre los entes autárquicos sumó un nuevo obstáculo judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) actualizar de manera inmediata los salarios de su personal, congelados desde hace más de un año.
El fallo reconoce la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y describe una situación de “desigualdad y asfixia”, ya que los empleados encuadrados en el Convenio 827/06 “E” no recibían aumentos desde octubre de 2024, a diferencia de otros sectores del mismo organismo y de la administración pública nacional.
En sus fundamentos, el magistrado remarcó el carácter alimentario del salario y consideró acreditado el perjuicio generado por el prolongado congelamiento en un contexto de alta inflación. También señaló la falta de una negociación colectiva efectiva, ante la ausencia de propuestas concretas por parte de las autoridades en las paritarias.
La resolución dispone que Vialidad Nacional deberá aplicar a estos trabajadores las mismas pautas salariales que rigen para el Convenio 214 de la administración pública, con retroactividad a noviembre de 2024. Además, ordena el pago de la deuda acumulada —incluidos bonos otorgados desde mediados de 2024— en tres cuotas bimestrales.
Como medida adicional, el juez suspendió los plazos procesales para impugnar la cautelar, con el objetivo de garantizar una implementación urgente del aumento.
Tras conocerse la decisión, la titular del gremio, Graciela Aleñá, sostuvo que el fallo “representa un paso fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores” y afirmó que también expone un intento de desmantelamiento del organismo.
El impacto político del fallo no es menor: podría sentar un precedente para otros entes autárquicos que atraviesan situaciones similares de congelamiento salarial y complicar la estrategia oficial de utilizar las paritarias estatales como herramienta de ajuste fiscal.
En 2025, el Congreso ya había advertido sobre la imposibilidad de recortar funciones o desfinanciar a Vialidad Nacional, al considerar su rol clave en la conectividad y la seguridad vial. Sin embargo, la política de contención salarial aplicada por el Gobierno ahora comienza a ser revertida en los tribunales.
