En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, intervino a favor de un nene pampeano de 7 años: hizo lugar a una acción de amparo por mora y ordenó al organismo que dicte una resolución definitiva en un plazo de 30 días en un trámite de pensión no contributiva que lleva más de dos años sin definición.
El fallo -al que accedió Diario Textual- se dictó en el marco de la causa “A., A. c/ Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) s/ amparo por mora de la administración” y expone con crudeza las demoras administrativas en un área sensible del Estado, vinculada a derechos de personas con discapacidad.
La demanda fue presentada por la madre de un niño con discapacidad, con patrocinio del abogado Marcos Bertolotti Fiore, quien reclamó la falta de resolución de un expediente iniciado el 11 de mayo de 2023 para acceder a una pensión no contributiva por invalidez.
Según consta en la sentencia, pese a que se presentó toda la documentación requerida -incluido el Certificado Único de Discapacidad-, el trámite permaneció durante más de dos años en estado de “inicio de prestación”, sin avances sustanciales ni acto administrativo definitivo.
Incluso, la familia intimó formalmente al organismo en diciembre de 2025 mediante carta documento, sin obtener respuesta.
La defensa de Andis y el rechazo judicial
Desde Andis, la apoderada Lorena Pérez Bonhet sostuvo que no existía inactividad sino un proceso en curso, con verificaciones internas que no se reflejan en los sistemas públicos por tratarse de información sensible.
Sin embargo, el juez Baric descartó ese argumento al señalar que el organismo no brindó fundamentos concretos que justifiquen el extenso plazo transcurrido ni acreditó avances verificables en el expediente.
En ese sentido, consideró que la falta de precisiones “vulnera los derechos del actor” al mantenerlo en una situación de incertidumbre, especialmente teniendo en cuenta el carácter alimentario del beneficio solicitado. “La ausencia de fundamentos específicos priva de elementos objetivos que permitan valorar la razonabilidad de la demora. Esta falta de justificación clara y fundada vulnera los derechos del actor, al mantenerlo en una situación de indefinición”, dijo el juez.
Orden judicial y costas
En su resolución, el magistrado concluyó que existe una mora injustificada de la administración y resolvió hacer lugar al amparo.
De este modo, ordenó a Andis que, en un plazo de 30 días, dicte una resolución definitiva -ya sea otorgando o rechazando la pensión- en el expediente iniciado en 2023.
Además, impuso las costas a la demandada y reguló honorarios a favor de la parte actora.
Contexto: crisis y denuncias en el organismo
El fallo se conoce en paralelo a la investigación judicial por un presunto esquema de coimas y maniobras irregulares dentro de Andis, que involucra a exfuncionarios y proveedores.
En ese marco, la decisión de Baric suma presión sobre el organismo, no solo por las denuncias de corrupción sino también por el funcionamiento administrativo, que ahora quedó bajo cuestionamiento judicial por demoras que afectan derechos básicos.
La resolución pone el foco en un aspecto estructural: la capacidad del Estado para responder en tiempo razonable a demandas sociales críticas, en un contexto de fuerte deterioro institucional.