Con una mezcla de angustia, miedo e indignación, viven los 6.000 empleados de Anses el proceso que apunta a concretar 2.500 desvinculaciones. La medida contempla retiros voluntarios, despidos y pases a disponibilidad, y comenzará el lunes.
Tras la finalización de Semana Santa, vencerá el plazo para presentar solicitudes de retiro voluntario. Las presentaciones quedarán sujetas a la aprobación del organismo, según relevó la Agencia Noticias Argentinas.
La diferencia con la meta prevista se cubrirá, en una primera etapa, con despidos con causa. Estos surgen de un análisis de legajos que realiza el área de recursos humanos, en base a datos de ausentismo, uso de licencias y recortes en áreas desactivadas por los cambios de políticas aplicados por el Gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con fuentes gremiales, hasta el miércoles más de 1.000 trabajadores ya habían manifestado su decisión de adherir al retiro voluntario. Se trata, en muchos casos, de empleados con sueldos altos, antigüedad, cercanos a la jubilación o con otras actividades laborales en paralelo.
El clima interno se torna cada vez más tenso y ya se registraron crisis de estrés en distintas áreas, que requirieron intervención médica.
La preocupación no se limita a la estabilidad laboral. Entre los empleados crece el malestar por el congelamiento salarial vigente desde octubre de 2024, que ya acumula cerca de un año y medio. A esto se suman los aumentos en servicios públicos y transporte, que afectan especialmente a quienes alquilan o tienen créditos hipotecarios UVA, cuya actualización impacta de lleno en la capacidad de pago.
Asfixia financiera y críticas sindicales
Parte del personal no solo cuestiona el ajuste del Gobierno, sino también a los dirigentes sindicales, a quienes responsabilizan por la falta de convocatoria a paritarias.
El abogado José Rundio, patrocinante de las accionantes, señaló: “Con buen tino el juez Julián Flores convocó a representantes de ATE y de UPCN, que no se presentaron. Al parecer, no les interesa abrir una negociación para aumentar salarios, mientras que la letrada de UPCP mostró posiciones más cercanas a la patronal que a los empleados”.
El temor a posibles represalias, en un contexto donde los puestos de trabajo están en riesgo, genera tensiones internas en los lugares de trabajo.
Una trabajadora, que pidió reserva de identidad, explicó cómo impacta la situación en su vida cotidiana. Relató que debió recurrir a créditos, adelantos de sueldo y financiamiento con tarjeta para sostener sus gastos. También indicó que tomó dos préstamos personales para no dejar de pagar la hipoteca y otras obligaciones.
Casos que se repiten y caída del consumo
La situación se replica en distintos organismos del sector público. Conviven trabajadores con buen desempeño junto a otros cuestionados por ausentismo o irregularidades, pero todos quedan alcanzados por el mismo esquema de ajuste.
Una empleada describió que la cuota de su hipoteca UVA aumentó un 52% desde el inicio del congelamiento salarial, mientras que las expensas suben mes a mes.
Luego del primer recorte aplicado por el Gobierno de Javier Milei, que redujo la planta un 7% interanual, el empleo público nacional quedó en 276.952 trabajadores. Si se incluyen provincias y municipios, el total oscila entre 3,3 y 3,8 millones.
Quienes pierdan su empleo no solo deberán recomponer ingresos, sino también reconfigurar su nivel de consumo. En ese contexto, algunos trabajadores cuestionaron declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los hábitos de consumo.
Desde el sector advierten que el ajuste también impacta en la economía general: “El recorte del Estado no solo reduce el gasto en salarios, también saca de circulación a trabajadores que consumían. Esa caída del consumo golpea primero a las pymes, que enfrentan cierres o despidos”, señalaron.
También apuntaron contra el crecimiento de las compras en el exterior a través de plataformas digitales, impulsadas por sectores con mayor poder adquisitivo.
Reconfiguración social y malestar interno
El proceso de ajuste ya genera cambios en la vida cotidiana de los trabajadores. Algunos regresaron a vivir con sus padres, mientras que otros se mudaron para reducir gastos o cambiaron a sus hijos de escuela.
El malestar también crece por el ingreso de nuevo personal en medio de las desvinculaciones. “Somos todos legajos: algunos más caros y otros más baratos”, resumieron desde el organismo.
Aun así, varios empleados señalaron que no se opondrían a un recorte si estuviera basado en criterios objetivos, como auditorías de recursos humanos o controles médicos.
La queja final sintetiza el clima interno: más carga de trabajo con salarios congelados.