Ramón Dupuy dijo que la historia de Ángel López, el nene chubutense que murió el pasado 5 de abril y por cuyo fallecimiento investigan a su madre, es similar al de su nieto Lucio Dupuy, asesinado en 2021 en Santa Rosa. “Es el calco de Lucio. Su asesinato no enseñó nada y la lucha que tenemos nosotros desde hace cuatro años tampoco sirvió”, dijo a la Agencia Noticias Argentinas.
Esta “lucha” se vincula con la insistencia en el cumplimiento de la Ley Lucio, aprobada en 2023, que establece la capacitación obligatoria de todos los funcionarios que trabajan con infancias, el fortalecimiento de los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y la mejora de la coordinación entre organismos provinciales y nacionales.
Por su parte, López, el pequeño de 4 años, fue encontrado sin signos vitales en su vivienda de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Murió en el hospital y Mariela Altamirano, su madre, es investigada por el hecho. “No maté a mi hijo”, dijo recientemente.
“Nos levantamos temprano y decidimos despertar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente y no se levantaba. Entonces lo hicimos ir al baño y vimos que ya se había orinado. Le dije a mi marido que, como su cama estaba mojada, lo bajara y lo acostara conmigo”, sostuvo.
“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después lo revisamos de nuevo y mi marido me dijo ‘no respira’. Entonces empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida”, afirmó. También relató que salieron a la calle gritando con el niño en brazos, pero cuando llegaron al hospital le informaron que “tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”.
Denuncias
Sin embargo, la principal hipótesis se centra en las denuncias realizadas por el padre del niño y su entorno. Esa línea tomó más fuerza luego de que las primeras pericias confirmaran que el menor presentaba lesiones internas en la cabeza.
En el marco de la causa, se ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre, donde habrían secuestrado teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.
El caso Lucio
El niño, de cinco años, fue asesinado en la tarde del 26 de noviembre de 2021, en un departamento de la calle Allan Kardec al 2300, en Santa Rosa. Vivía con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de esta, Abigail Páez.
El niño fue llevado por Páez, el viernes 26 de noviembre por la noche, convulsionando, a la posta sanitaria del barrio Atuel. En ese momento, la madre de Lucio estaba trabajando como moza en un hotel.
Posteriormente, Lucio fue trasladado por una vecina, en su vehículo, al Hospital Evita, ya sin signos vitales, donde se constató su fallecimiento.
La autopsia develó el horror que sufrió Lucio: presentaba lesiones múltiples, entre ellas golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo en zonas íntimas.
Además, el niño fue víctima de abusos sexuales de reciente y antigua data y sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte.
Ambas mujeres fueron sometidas a juicio. El 17 de febrero de 2023, la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, compuesta por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, condenó a Espósito Valenti y Páez a prisión perpetua.
A Espósito Valenti por ser autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento.
En el caso de Páez, por ser autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, y culpable, además, de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser la guardadora y porque la víctima era menor de 18 años.
El 26 de septiembre de ese año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y le agregó a la madre el delito de abuso sexual.
Luego, el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificaron lo resuelto por el TIP.
Actualmente, las dos condenadas permanecen presas: una en un penal de San Luis y la otra en una cárcel de Mendoza.
Por el caso, se estableció la llamada Ley Lucio, que busca una capacitación para los trabajadores de los tres poderes del Estado, con el fin de prevenir y detectar situaciones de violencia- en todos los ámbitos.