Facundo Monti, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), denunció a Radio Textual que el proceso de desmantelamiento del organismo que está llevando adelante el Gobierno nacional tendrá graves consecuencias en el control de calidad de los productos, la industria nacional y el empleo.
Según explicó, el conflicto tiene como antecedente el decreto 462/25, que en 2025 proponía el “desguace” de organismos como el INTI, el INTA y Vialidad Nacional. Esa iniciativa fue frenada tras una campaña de visibilización que involucró a la sociedad y al Congreso.
Sin embargo, sostuvo que el Gobierno avanzó luego con una estrategia alternativa. “Como no pudieron concretar el descuartizamiento del INTI, dispusieron una avanzada para ‘momificar’ la institución, es decir, inmovilizarla y quitarle líneas de trabajo”, explicó Monti.
En ese marco, uno de los primeros pasos fue quitarle al organismo el sistema de metrología legal. A esto se suma la reciente decisión de discontinuar más de mil servicios tecnológicos vinculados a la industria, entre ellos controles de calidad de alimentos y productos de consumo.
“Dentro de ese ámbito están los controles de calidad que garantizan que los productos no generen riesgos para la salud de la población”, remarcó Monti.
El especialista cuestionó además la postura oficial que sostiene que estas tareas pueden ser reemplazadas por el sector privado. “El INTI es un organismo reconocido a nivel internacional en estándares de calidad. No hay superposición real con actores privados”, afirmó.
En esa línea, advirtió sobre una posible privatización de funciones clave. “En muchos casos bastaría con una declaración jurada de una empresa para asegurar que cumple estándares. Eso no garantiza nada”, sostuvo.
Respecto al impacto laboral, Monti fue contundente: “Muchos compañeros que están abocados a servicios industriales pueden quedar a disposición. Eso sería la antesala de despidos”.
Además, planteó que el problema es estructural y afecta al desarrollo del país. “Cualquier país que aspire a ser potencia tiene como eje la soberanía tecnológica, y eso lo garantizan organismos como el INTI, el INTA y el CONICET”, señaló.
Sobre las tareas del instituto, detalló ejemplos concretos: “Nosotros garantizamos que cuando alguien paga un litro de nafta, reciba efectivamente un litro. También controlamos que productos como pilas no tengan componentes tóxicos”.
“El INTI controla gran parte de lo que consume la sociedad. Son servicios que se fueron creando en función de la demanda del sector productivo, no por capricho”, agregó.
Actualmente, el organismo cuenta con alrededor de 2.300 a 2.400 trabajadores en todo el país, aunque advirtió que el número podría reducirse por retiros voluntarios ante la incertidumbre.
También denunció el cierre de sedes en distintas provincias. “Están cerrando unidades y oficinas. Es parte de una estrategia de retirada territorial con clara intención de desmantelamiento”, afirmó.
Por último, cuestionó los argumentos oficiales que minimizan el rol del organismo. “Decir que estos servicios no son necesarios es desconocer su importancia para la industria y para la vida cotidiana”, concluyó.
El conflicto pone en debate el futuro de un organismo histórico, creado en 1957, y su rol en el desarrollo industrial, la seguridad de los productos y la soberanía tecnológica del país.
