El juez federal Juan José Baric se declaró competente para intervenir en el amparo colectivo presentado por el Estado pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa y dos organizaciones ambientalistas contra la reforma de la Ley de Glaciares, que podría impactar sobre el río Colorado. “Somos competentes”, afirmó este miércoles el magistrado en una breve comunicación con Diario Textual. El expediente avanzó ahora a una segunda instancia de análisis: definir si corresponde o no hacer lugar a la medida cautelar.
Hay algo que tiene más impacto: Baric inscribió el amparo colectivo en la Corte. De esta manera, cualquier amparo o acción colectiva que se inicie en el país -por ejemplo, ONG’s de Mendoza, Neuquén, Chubut- va a ser tramitada en el juzgado de Santa Rosa. Al inscribir el amparo, se hace público el caso para que otras personas afectadas puedan conocerlo, sumarse o evitar iniciar juicios separados por el mismo motivo.
El viernes pasado, la fiscal federal Iara Silvestre dictaminó a favor de la competencia del Juzgado Federal. Posteriormente, Baric dispuso el pase de los “autos a despacho”, lo que en la práctica implica que asumió formalmente la competencia.
De todos modos, no se descarta que el Gobierno nacional cuestione esa decisión y promueva que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Pampa y las organizaciones ambientalistas tienen temor que, al cambiarse la ley, avancen proyectos mineros en la zona de Mendoza, donde nace el río Colorado. Podría haber contaminación y menor caudal del principal río que tiene La Pampa, del que se abastece el 70 por ciento de los pampeanos.
El amparo colectivo
Días atrás, el Gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos impulsaron una acción de amparo colectivo ambiental contra la ley nacional que modifica el régimen de protección de glaciares. Argumentaron que la norma resulta inconstitucional por afectar derechos vinculados al ambiente y al acceso al agua.
La presentación cuenta con el patrocinio de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, e incluye una cautelar para suspender la aplicación de la ley hasta que se resuelva su validez constitucional.
¿Por qué acá?
Desde la Fiscalía de Estado pampeana, además, salieron a responder al cuestionamiento del diputado Hipólito Altolaguirre (UCR) sobre la estrategia judicial. Dijeron que la decisión de presentarlo en la justicia federal local obedece a que es una presentación colectiva: si el gobierno provincial hacía una presentación en la Corte Suprema, las organizaciones civiles se podían sumar como”‘amicus curiae”, pero no ser parte de la demanda.
Cuestionamientos a la reforma
Entre los fundamentos centrales, se sostiene que la norma vulnera garantías establecidas en los artículos 41, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, relacionados con el derecho a un ambiente sano y a la tutela judicial efectiva.
Además, se advierte que la reforma viola el principio de no regresividad ambiental, reconocido en el Acuerdo de Escazú, al reducir el nivel de protección previamente vigente.
Según el planteo judicial, el nuevo esquema “fragmenta la tutela y debilita el estándar uniforme” de los presupuestos mínimos ambientales, lo que configura un retroceso normativo verificable.
El viernes 24 se promulgó la Ley 27.804, que introduce cambios sustanciales en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.
El eje de la reforma radica en la transferencia de competencias a las provincias, que ahora pueden definir sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo o zonas periglaciares quedan bajo protección.
Hasta la sanción de la ley en 2010, el sistema establecía parámetros uniformes y consideraba a estos ecosistemas como bienes públicos estratégicos. Con la nueva redacción, las áreas que no encuadren en los criterios provinciales podrían quedar fuera del régimen específico de protección.
Para sectores ambientales y autoridades pampeanas, este cambio implica un posible debilitamiento de los estándares ambientales vigentes.
(noticia en desarrollo)