Romina Paci, Diego Camargo y Luján Mazzucco, ediles de la Unión Cívica Radical, intimaron al intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, a suspender de manera inmediata las tareas de poda severa y tala de árboles que se están realizando en distintos sectores de la ciudad, hasta tanto se justifique su ejecución.
El planteo, según los concejales, surge a partir de intervenciones detectadas en calles como Pico y Rivadavia, donde se observaron árboles cortados al ras del suelo, sin información pública sobre los motivos ni el respaldo técnico-administrativo de esas decisiones.
En la nota presentada, se exige que en un plazo de 48 horas el municipio remita los informes técnicos y actos administrativos correspondientes, detalle los árboles intervenidos y precise el plan de reposición.
“La poda es una herramienta necesaria, pero advirtieron que en muchos casos las tareas observadas no responden a podas de formación ni a criterios técnicos adecuados, sino a intervenciones de carácter intensivo que implican la mutilación de ejemplares. Asimismo, remarcaron que estas prácticas comenzaron fuera de la época recomendada para su realización”, argumentaron.
Los concejales de la UCR recordaron que toda poda debe efectuarse en los períodos adecuados y conforme a criterios técnicos, sin perjuicio de las intervenciones puntuales y urgentes que puedan requerirse sobre árboles dañados por la tormenta del 18 de febrero. Y remarcaron que la extracción de árboles debe contar con informes técnicos previos y la correspondiente autorización administrativa.
También destacaron la importancia del arbolado en la ciudad por su aporte a la sombra, la regulación térmica, la absorción de agua de lluvia, la captura de carbono y la mejora de la calidad ambiental.
Los ediles cuestionaron que mientras a los vecinos se les exige atravesar trámites prolongados para solicitar la extracción de un árbol, se observan intervenciones de gran magnitud sin información pública disponible.
Por último, los concejales dejaron expresa reserva de accionar administrativa y/o judicialmente en caso de no obtener respuesta o de que continúen las intervenciones sin sustento técnico.