La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) archivó la denuncia presentada por la diputada provincial Noelia Sosa (peronismo, del vernismo) contra funcionarios de propio Gobierno de Sergio Ziliotto a raíz del anterior proceso licitatorio del área petrolera El Medanito y concluyó que no existieron elementos para sospechar la comisión de delitos o irregularidades administrativas. Ahora hay en camino otro proceso licitatorio y -en principio- hay acuerdo entre los diputados vernistas y los funcionarios provinciales para hacer el pliego, junto a los diputados opositores.
La denuncia había sido impulsada por esta diputada que responde a Carlos Verna el 4 de diciembre. Ahora, con la resolución 2469 firmada este 15 de mayo por la fiscala adjunta subrogante Gabriela Cristina Tabernero, se dispuso “dar por concluida la presente información sumaria ordenada y proceder a su archivo” del expediente.
La FIA -según la documentación a la que accedió Diario Textual– entendió que la denuncia perdió objeto luego de que la licitación fuera declarada desierta por falta de oferentes. “Las situaciones denunciadas carecen de objeto actual, convirtiendo en abstractas las cuestiones planteadas”, sostuvo el organismo.
“El pliego no suscitó el interés de las empresas destinatarias, al no ajustarse a las condiciones de competitividad imperantes en la industria hidrocarburífera ni a los marcos económicos vigentes”, sostuvo.
La investigación se había iniciado en diciembre de 2025, luego de que Sosa denunciara presuntas irregularidades en el pliego licitatorio elaborado por la Mesa Interinstitucional creada por el decreto 1286/24. La legisladora cuestionó el sistema de medición previsto para calcular regalías hidrocarburíferas y advirtió sobre un eventual perjuicio económico para el Estado provincial.
Entre otros puntos, Sosa denunció una presunta manipulación de datos del software Sahara, utilizado para proyectar curvas de producción, y reclamó que se utilizaran caudalímetros multifásicos para medir la producción pozo por pozo.
La FIA, sin embargo, concluyó que “no surgen elementos para considerar que los integrantes de la Mesa Interinstitucional hayan cometido una irregularidad o ilícito administrativo” y señaló que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por “un órgano colegiado legalmente constituido”.
La licitación del área El Medanito había sido declarada desierta mediante el decreto 114/26, luego de que el 9 de febrero de 2026 no se presentaran ofertas. A partir de esa situación, la Fiscalía entendió que nunca hubo adjudicación ni entrada en vigencia del pliego cuestionado y, por lo tanto, tampoco pudo existir el perjuicio denunciado.
La resolución también incorporó un informe técnico elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, quienes analizaron el sistema de medición incluido en el pliego.
Los expertos concluyeron que el software Sahara “no es apto para medición fiscal de hidrocarburos” sino para modelado y diagnóstico de reservas, aunque señalaron que el método previsto en el pliego se ajustaba a prácticas habituales de la industria si era complementado con mediciones fiscales reales y auditorías.
También consideraron que el método alternativo impulsado por Sosa -medición permanente pozo por pozo mediante caudalímetros multifásicos– era “factible”, pero “no viable económicamente y técnicamente” para un yacimiento de la magnitud de El Medanito.
En paralelo al archivo de la denuncia, la FIA emitió una serie de recomendaciones para el futuro proceso licitatorio del área petrolera.
Entre ellas, pidió incorporar expertos con experiencia técnica acreditada en la elaboración del nuevo pliego y en la futura comisión evaluadora de ofertas, evitar la inclusión de marcas o software específicos en los pliegos y habilitar instancias de participación ciudadana y audiencias públicas.
La Fiscalía sostuvo que la futura concesión de El Medanito involucra recursos naturales estratégicos, impactos ambientales de largo plazo e ingresos fiscales clave para la provincia durante un período de 25 años, por lo que reclamó mayores estándares de transparencia y control social.
Además, citó recomendaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Nación y normas internacionales anticorrupción vinculadas a contrataciones públicas, transparencia y participación ciudadana.