La Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa aprobó por mayoría la Ley de Emergencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los bloques del Frejupa y la Unión Cívica Radical: hubo una coincidencia política sobre la necesidad de intervenir con mayor presencia estatal ante una emergencia social que atraviesa a la comunidad.
La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Patricia George y acompañada en la firma por los legisladores César Montes de Oca y María Luz Alonso, y busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a una problemática que impacta de manera directa en miles de familias pampeanas.
Durante el tratamiento legislativo, se incorporaron aportes de la diputada radical Gisela Cuadrado, quien venía reclamando la declaración de emergencia desde hace al menos un año y medio.
En contraposición, los bloques del PRO y Comunidad Organizada decidieron no acompañar la iniciativa.
La diputada Patricia George sostuvo que la aprobación de la ley representa una definición política clara sobre el rol que debe asumir el Estado frente a situaciones de vulnerabilidad. “Cuando hablamos de salud mental y consumos problemáticos hablamos de familias, de jóvenes, de sufrimientos silenciosos y de realidades que atraviesan barrios, escuelas y comunidades enteras. No estamos discutiendo un expediente; estamos discutiendo cómo respondemos como sociedad”, expresó.
George remarcó, además, que la norma marca una diferencia profunda entre dos visiones sobre la gestión pública. “Hay quienes creen que frente a una crisis el Estado debe correrse, ajustar y reducir su presencia. Nosotros sostenemos exactamente lo contrario: cuando una familia atraviesa el dolor, el consumo o la desesperanza, el Estado tiene que estar más presente, con más herramientas y más acompañamiento”.
La legisladora destacó que la ley permitirá consolidar políticas públicas integrales, fortalecer dispositivos existentes y avanzar hacia una estrategia provincial con mayor capacidad de prevención, intervención y contención. “La Pampa decidió actuar. Esta ley no es solamente una declaración de emergencia; es una decisión política para cuidar, acompañar y construir respuestas concretas para nuestra gente”, concluyó Patricia George.
La palabra de Gisela Cuadrado
Gisela Cuadrado destacó la aprobación en la Legislatura pampeana. Dijo que sus aportes estuvieron orientados a fortalecer una perspectiva de niñez y adolescencia, la prevención y la construcción de redes comunitarias.
Durante su intervención en el recinto, llamó a mirar el rostro humano detrás del flagelo. “Detrás de cada estadística, de cada número y de cada informe, hay personas. Hay familias, madres y padres. Pero, sobre todo, hay niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de angustia, soledad y consumos problemáticos que muchas veces llegan silenciosamente; y cuando se hacen evidentes, ya es demasiado tarde”, alertó. “Hay una frase que repiten los jóvenes en el territorio: ‘Nos sentimos solos’. Invitamos a los adultos a reflexionar sobre esa realidad”.
La legisladora recordó que impulsó distintas iniciativas vinculadas a la problemática, entre ellas el pedido para reactivar la Mesa Coordinadora del Observatorio Provincial de Drogas, la declaración de Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones, pedidos de informes, propuestas vinculadas a prevención y consumos problemáticos, y distintas acciones orientadas a instalar el tema en la agenda pública.
En relación con el tratamiento de la Ley de Emergencia en Salud Mental, señaló que durante el debate legislativo incorporó una serie de modificaciones destinadas a fortalecer una mirada preventiva y comunitaria. Entre los aportes incorporados se encuentran medidas vinculadas al fortalecimiento de las líneas de atención telefónica y remota 132 y 136, incluyendo capacitación laboral para sus operadores, entendiendo que quienes cumplen tareas de escucha y acompañamiento tienen un rol central frente a situaciones críticas.
Asimismo, incorporó dispositivos de teleconsulta y atención remota en salud mental con el objetivo de ampliar el acceso y garantizar continuidad de cuidados, especialmente en localidades con menor disponibilidad de recursos especializados.
Otra de las modificaciones impulsadas apunta a la articulación con instituciones deportivas, clubes y organizaciones comunitarias para desarrollar proyectos de promoción de la salud mental, prevención de consumos problemáticos y fortalecimiento de vínculos comunitarios, especialmente en población infantojuvenil.
Además, promovió políticas públicas destinadas a fortalecer la participación activa de jóvenes y adolescentes como agentes protagonistas de concientización y promoción de la salud mental en sus comunidades.
Por otra parte, incorporó la participación de un representante del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia dentro de la mesa de trabajo encargada del monitoreo e implementación del plan.
Otras voces
Laura Trapaglia, del Pro, sostuvo que, si bien desde la oposición reconocen la problemática, consideran que la iniciativa requiere “mayor precisión y fundamentación” para que se avance. “Si hay un área que merece realmente políticas públicas serias, basadas en datos, evidencias, planificación, control, rendición de cuentas y focalización, es la salud mental”, expresó.
En ese sentido, afirmó que desde su espacio político se “reconoce el problema” y que comparten “profundamente la preocupación por el sufrimiento” de los pampeanos. “La salud mental no es un tema partidario, aunque así lo quieran hacer ver. Es un tema humano que nos debe unir por encima de las diferencias”, remarcó. “Sin embargo, no podemos conformarnos con buenas intenciones. Este proyecto requiere mayor precisión y fundamentación para ser verdaderamente efectivo”.
Asimismo, cuestionó algunos aspectos de la iniciativa. “No encontramos realmente una justificación adecuada ni suficiente para declarar la emergencia, para crear cargos sin especificación alguna ni comprometer recursos sin la información y los controles necesarios”, expresó.
A su vez, la diputada María Luz Alonso, del Frejupa, señaló que la iniciativa responde a una “realidad” que atraviesa tanto a La Pampa como al país en su conjunto.
Durante su intervención, recordó los principios establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental y señaló que allí “se pone al Estado como el garante máximo de la atención y a la comunidad como el escenario indispensable para la recuperación”. En ese sentido, remarcó que el abordaje de la salud mental requiere “trabajo mancomunado, Estado y comunidad, no compartimentos aislados y estancos”.
Asimismo, advirtió que las problemáticas vinculadas a la salud mental continúan transformándose y afirmó que “la salud mental siguió avanzando y siguieron apareciendo nuevos interrogantes, nuevos paradigmas, es dinámico”. Por ello, sostuvo que “la provincia de La Pampa no es una isla de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en la Argentina”.
En relación con el proyecto en tratamiento, Alonso reconoció que la declaración de emergencia responde a una necesidad concreta. “Hoy estamos poniendo a consideración y tratando de aprobar una ley de emergencia en salud mental. ¿Quisiéramos hacerlo? Por supuesto que no. Pero la única verdad es la realidad, la necesitamos”, expresó.
La legisladora cuestionó además las críticas realizadas al proyecto y consideró que poner en duda la necesidad de la emergencia “genera un poco de ruido”, ya que, según sostuvo, existen datos concretos que justifican la iniciativa. En ese marco, enumeró estadísticas provinciales que reflejan el crecimiento de la demanda en salud mental: “desde el 2021 al 2025 las consultas de personas sin obra social aumentaron un 48,3%; se sumaron más de 300 atenciones al sistema público; la presión en hospitales y centros de salud subió un 50%; las internaciones aumentaron un 53%; las consultas ambulatorias un 40%; y las atenciones por guardia de salud mental un 82%”.
“¿No está justificado entonces un proyecto declarando la emergencia?”, planteó, al tiempo que advirtió que la provincia también registra un incremento en los índices de suicidio adolescente, con una tasa de “13,4 cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional”.
Alonso vinculó además la crisis de salud mental con el contexto económico y social. “La crisis de salud mental es una consecuencia de la pandemia, pero también es una consecuencia de la crisis económica”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que no se puede desconocer “la caída de la cobertura del PAMI para nuestros viejos” y señaló que “cayó en un 23% el consumo de medicamentos de salud mental, no porque se curaron, sino porque no los pueden pagar”.
También criticó las políticas nacionales y advirtió sobre el impacto económico en la población. “Ayer mismo vimos en el Congreso cómo nefastamente se votó para reducir el subsidio al gas en nuestra zona patagónica. Eso significa que la gente va a tener que destinar más plata para pagar tarifas”, expresó.
En otro tramo de su discurso, defendió el rol del Estado provincial frente al retiro de políticas nacionales y señaló que “cuando un Estado más chico se tiene que ocupar de algo es porque otro Estado más grande lo abandonó”.
La diputada también respondió a los cuestionamientos sobre el financiamiento de la emergencia y reclamó coherencia en el debate legislativo. “Me pongo muy contenta de escuchar que hay preocupación por de dónde va a salir la plata. Pero la responsabilidad fiscal tiene que ser para todo”, sostuvo, y comparó la situación con otros proyectos aprobados por unanimidad que tampoco especifican partidas presupuestarias.
Alonso expuso datos sobre el presupuesto nacional destinado a salud mental y afirmó que “la Ley Nacional de Salud Mental dice que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental”, aunque advirtió que actualmente “la proyección es del 1,43%”. Además, señaló que el Programa Nacional de Apoyo y Promoción de la Salud Mental sufrió “un hachazo del 91,5%”.
Para cerrar, remarcó la dimensión humana detrás de las estadísticas y expresó: “estos números tienen detrás personas, familias, padecimientos y luchas incansables”. Y concluyó retomando una frase pronunciada durante el debate: “No hay política pública más urgente que aquella que salve una vida”.
Posteriormente, León Nicanoff indicó que el proyecto contempla herramientas concretas para fortalecer el sistema de atención. “Acá se está cuestionando un proyecto de ley que involucra infraestructura, cargos, capacitación, etcétera”, dijo, en referencia a los distintos aspectos que contempla la propuesta impulsada por el oficialismo.
En ese sentido, destacó las exposiciones realizadas previamente durante el debate y afirmó que la diputada Patricia George “describió de manera excelente” la situación que atraviesa el sistema de salud mental en la provincia.
Asimismo, cuestionó que algunos sectores políticos no acompañen la iniciativa y propuso contrastar la situación de La Pampa con políticas implementadas en otros distritos. “Quería contrastar la realidad de la provincia de La Pampa con lo que se ha dicho hoy”, expresó, y apuntó particularmente contra la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.