El Gobierno provincial salió al cruce del PRO y de la Fundación Pensar, que había pedido la eliminación del sistema CABI (Control Automático de Bases Imponibles) en el Impuesto a los Ingresos Brutos porque, a su entender, es “complejo de entender y de cumplir” y “encarece” los costos de productos y servicios. Pero desde Casa de Gobierno, en un comunicado de prensa, defendieron el sistema y cuestionaron las “afirmaciones inexactas que evidencian un profundo desconocimiento” de los dirigentes macristas sobre el funcionamiento y alcance de la herramienta implementada por la Dirección General de Rentas.
“Sorprende que se solicite la eliminación de una herramienta que moderniza controles, reduce tiempos administrativos y brinda mayor transparencia y previsibilidad tanto al Estado como a los contribuyentes. Modernizar el Estado no significa eliminar controles. Significa hacerlos más eficientes, transparentes y ágiles, protegiendo a quienes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales y garantizando reglas claras para todos”, expresaron desde Provincia.
El PRO y la Fundación Pensar habían emitido un comunicado en contra de ese sistema. “A lo largo del tiempo se han generado, incluso por parte de autoridades que no tenían competencia para ello, normas complejas de entender y de cumplir por parte de la sociedad, que además encarecen los costos de productos y servicios, perjudicando en definitiva a quienes los consumen”, dijeron.
Como “último antecedente” mencionaron el sistema CABI en el Impuesto a los Ingresos Brutos. “A partir del estudio y análisis realizado por la mesa de economía de la Fundación Pensar La Pampa, manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias que está generando la implementación de este sistema dispuesto por la Dirección General de Rentas por Resolución General 20/2025, publicada el 26 de diciembre de 2025, ya que con esta operatoria ha superado lo imaginable en materia de abuso de poder del Estado frente al sector privado”.
“El sistema utiliza presunciones automáticas y coeficientes arbitrarios que están afectando a comerciantes, productores, profesionales y pymes pampeanas”, advirtieron. “Muchos contribuyentes se encuentran hoy con: bloqueos para obtener certificados de cumplimiento fiscal, dificultades para compensar saldos a favor, dificultades para obtener guías y cartas de porte y trabas administrativas que afectan directamente su actividad económica”.
Para el PRO, las consecuencias derivadas de la aplicación “exponen a los contribuyentes a un callejón sin salida procedimental, habida cuenta que, a partir de la inclusión en el mismo, les genera un ‘nivel de riesgo’ inadecuado para poder realizar cualquier reclamo u obtener certificados de libre deuda o dar de baja” su actividad. “Lo que se traduce en una trampa: o el contribuyente acepta las presunciones del fisco corrigiendo sus declaraciones a las pretensiones fiscales o se inhabilita para poder seguir realizando su actividad”, resaltaron.
Finalmente, pidieron eliminar el sistema y que se abra una mesa técnica e institucional amplia con participación de entidades profesionales y sectores productivos. “Defender al contribuyente también es defender el trabajo, la inversión y el desarrollo de La Pampa”, dijeron.
Casa de Gobierno respondió este sábado. “Ante el comunicado difundido por la Fundación Pensar y dirigentes del PRO respecto del sistema C.A.B.I. (Control Automático de Bases Imponibles), resulta necesario realizar algunas aclaraciones frente a afirmaciones inexactas que evidencian un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento y alcance de la herramienta implementada por la Dirección General de Rentas”, dijeron.
“El nivel de desinformación expuesto queda particularmente claro cuando se atribuyen al sistema supuestas dificultades para la emisión de guías y Cartas de Porte. El C.A.B.I. no interviene en la emisión de guías y las Cartas de Porte se gestionan a través de sistemas informáticos nacionales administrados por ARCA, sin participación alguna del Gobierno provincial”, manifestaron.
“Lejos de generar más burocracia, el sistema fue diseñado precisamente para simplificar procedimientos y agilizar controles que anteriormente se realizaban de manera manual. Su implementación permitió ordenar y automatizar verificaciones sobre inconsistencias en declaraciones juradas, brindando además a contribuyentes y asesores fiscales información clara para regularizar situaciones antes de iniciar trámites ante Rentas”, resaltaron.
El sistema no constituye una determinación de oficio ni aplica sanciones automáticas, dijeron. Se limita a detectar diferencias objetivas que luego pueden ser explicadas o corregidas por los contribuyentes. “En muchos casos, incluso, permitió advertir inconsistencias básicas entre ingresos declarados y operaciones efectivamente registradas”, advirtieron.
“Cabe recordar que herramientas de este tipo se vienen utilizando desde hace más de dos años y fueron explicadas oportunamente ante la Cámara de Diputados. Desde marzo del año pasado, el sistema se encuentra disponible para los contribuyentes y recientemente fue incorporado como requisito para la emisión de nuevos certificados de cumplimiento fiscal con vigencia desde junio de este año”, sostuvieron.
“La medida alcanzó a menos del 1% de los contribuyentes activos y representó una mejora sustancial en la calidad de los controles vinculados a contrataciones con el Estado provincial. Asimismo, resulta llamativo que se cuestione un sistema que permitió agilizar notablemente las compensaciones tributarias. Antes de su implementación podían procesarse entre seis y diez compensaciones mensuales; actualmente se superan las 85 por mes, con más de 600 trámites realizados de manera completamente automatizada y más de 1.000 compensaciones concretadas”, expresaron.
“Gracias al funcionamiento definitivo del sistema, más de 2.100 contribuyentes pudieron corregir su situación fiscal y más de 4.800 validaron correctamente sus bases imponibles. Por eso sorprende que se solicite la eliminación de una herramienta que moderniza controles, reduce tiempos administrativos y brinda mayor transparencia y previsibilidad tanto al Estado como a los contribuyentes”, manifestaron.