El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresó este sábado al Senado. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones.
El proyecto sostiene que la aplicación de la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación.
Entre otros puntos, la iniciativa propone quitar los octógonos negros de advertencia y eliminar las restricciones vinculadas con publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en los envases.
El Gobierno cuestionó además el sistema actual de perfil de nutrientes y afirmó que aplica parámetros homogéneos sobre alimentos “muy diferentes”, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional.
Según el Ejecutivo, esto provoca situaciones en las que alimentos tradicionales o considerados saludables reciben advertencias similares a las de productos ultraprocesados, lo que genera “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión entre consumidores.
El texto también plantea que el esquema vigente no incentiva a las empresas a realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos, ya que el sistema funciona de manera binaria: contiene o no contiene advertencias.
Críticas por costos y falta de armonización
La iniciativa advierte además sobre las diferencias regulatorias dentro del Mercosur en materia de rotulado frontal. Según el mensaje enviado al Parlamento, la falta de armonización obliga a fabricar envases diferenciados para distintos mercados.
De acuerdo con el Gobierno nacional, esa situación perjudica especialmente a las pymes, debido a que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría favorecer la concentración económica.
Otro de los cuestionamientos apunta a la “rigidez normativa” de la ley actual. El Ejecutivo consideró que numerosos aspectos técnicos y metodológicos fueron incorporados directamente al texto legal, lo que dificulta adaptar el sistema a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
Información nutricional
El proyecto aclaró que la derogación de la ley no implicará la eliminación de las obligaciones de información nutricional en alimentos envasados.
En ese sentido, continuará vigente la obligación de informar valor energético, azúcares, grasas y sodio bajo las disposiciones del Código Alimentario Argentino y del sistema armonizado del Mercosur, además de las normas de lealtad comercial y defensa del consumidor.
Con el envío de la iniciativa, el Gobierno pidió al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que calificó como “más consistente, uniforme y adaptable”.