La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Lovera, emitió dictamen sobre una serie de proyectos vinculados con incentivos para la educación técnico-profesional, la creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico y el financiamiento del Instituto de Seguridad Social (ISS).
Participaron de la reunión el ministro de Hacienda y Presupuesto, Guido Bisterfeld; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; la subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, Vanina Fernández; y el director ejecutivo de I-Comex, Sebastián Lastiri.
Incentivos fiscales
En primer término, obtuvo dictamen favorable por mayoría el proyecto que amplía los incentivos fiscales previstos en la Ley 3304. La oposición fijará posición durante el tratamiento en el recinto.
En mayo, el Poder Ejecutivo pampeano envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a incentivar la producción, el empleo formal y la educación técnica profesional en todo el territorio provincial. La iniciativa contempla un esquema de incentivos fiscales que permitirá a la industria del software y a los proveedores de insumos para la autogeneración de energía utilizar el monto total del pago de salarios como crédito fiscal, logrando reducir a cero la carga tributaria provincial.
El proyecto de ley amplía los alcances de la Ley N° 3304 de Incentivos Fiscales, incorporando sectores que resultan determinantes para la competitividad de la estructura productiva pampeana. Estas medidas fueron proyectadas por el gobernador Sergio Ziliotto en oportunidad de su discurso inaugural de las sesiones ordinarias 2026 de la Cámara de Diputados de la provincia, consolidando un modelo que busca reafirmar el rol del Gobierno de La Pampa como facilitador del crecimiento privado en sectores de alto valor agregado.
De esta manera, la propuesta asimila la actividad de desarrollo de software a los beneficios que actualmente percibe la industria, potenciando un sector generador del conocimiento y demandante de mano de obra especializada con altas remuneraciones. El acceso a los beneficios de la Ley N° 3304 permitirá a las empresas compensar con los sueldos abonados a través del banco provincial todos los tributos locales que deban afrontar, favoreciendo la competitividad de las firmas pampeanas en un contexto donde el atraso cambiario delinea un escenario complejo para la transformación económica.
En lo que respecta al fomento de una Red de Proveedores de Energía Distribuida de La Pampa, la iniciativa plasma un esquema de créditos fiscales destinados a incentivar la fabricación, comercialización e instalación de equipos de energías renovables. La medida constituye una profundización del Plan Estratégico de Energía de La Pampa (Ley N° 3285), identificando a la generación distribuida y a la eficiencia energética como herramientas de política económica para mejorar la competitividad de las industrias, entendiendo al costo energético como una variable crítica.
Al fomentar una red local de autogeneración, se ofrece a las industrias la capacidad de interactuar con las redes externas, estabilizar costos operativos y blindarse ante las fluctuaciones de precios del mercado mayorista nacional. El proyecto se integra con el Plan de Desarrollo Económico y Productivo bajo la premisa de que la energía eficiente es ahorro que se reinvierte en producción, exigiendo que el pago de haberes se realice a través del Banco de La Pampa S.A. y requiriendo la inscripción en el Registro de Beneficiarios de la Ley N° 3285.
Por último, se incluye un régimen de incentivos para el Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional, promoviendo herramientas que favorezcan la articulación efectiva entre el sistema educativo público y el sector privado mediante créditos fiscales orientados a proyectos de mejora educativa. En este caso, se prevé conveniar con la Universidad Nacional de La Pampa para incorporar su oferta educativa al sistema y recibir aportes privados, transformándose en una herramienta innovadora en la articulación público-privada.
La ministra Feuerschvenger sostuvo que la iniciativa apunta a “generar una herramienta que favorezca la articulación y la sinergia entre el sistema público y privado”.
“Nosotros buscamos tender puentes entre las escuelas técnicas, y cuando hablo de escuelas técnicas hablo de todo el universo que abarca la educación técnico-profesional”, expresó.
La funcionaria explicó que actualmente existe una vinculación entre estudiantes y empresas a través de las prácticas profesionalizantes, aunque consideró que aún falta profundizar esa relación mediante la implementación de un Crédito Fiscal Provincial.
Además, destacó el trabajo del Consejo Provincial de Educación, Producción y Trabajo (Copetyp), organismo que impulsa acciones para fortalecer el arraigo, mejorar las condiciones de empleabilidad y consolidar la relación entre el sector público y privado.
“Esta propuesta no implica que el sector privado sostenga la educación pública”, aclaró. “Se trata de una sinergia que permita cumplir objetivos comunes y garantizar que las escuelas técnicas desarrollen proyectos que, mediante esta herramienta, puedan crecer en entornos formativos y de capacitación, aportando al desarrollo socioproductivo de la provincia”.
Feuerschvenger también recordó que la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional contemplaba una asignación equivalente al 0,2 % del Producto Bruto Interno para las escuelas técnicas. Según indicó, esa disposición fue eliminada del presupuesto nacional.
“Creemos que esta herramienta va a favorecer el desarrollo de proyectos y la inserción de las escuelas técnicas en la sociedad, con el aporte que pueden realizar”, afirmó.
La ministra resaltó además los resultados obtenidos mediante las prácticas profesionalizantes. Como ejemplo, mencionó experiencias desarrolladas junto a Toyota, donde estudiantes y egresados accedieron posteriormente a puestos de trabajo e incluso participaron de instancias de capacitación en Japón.
La iniciativa prevé, una vez sancionada la ley, un procedimiento que incluirá la convocatoria, presentación y evaluación de proyectos, la firma de convenios, la ejecución de las inversiones y la rendición correspondiente, con participación de los ministerios involucrados, las instituciones educativas y las empresas patrocinadoras.
Parque en Pico
También obtuvo dictamen favorable por mayoría el proyecto para crear el Parque de Actividades Económicas de General Pico, mientras que la oposición definirá su postura durante la sesión.
La subsecretaria Vanina Fernández explicó que la propuesta tiene como antecedente la Ley Provincial Nº 3354 y destacó que el proceso ya registra importantes avances técnicos.
“Hoy estamos en una instancia donde hemos avanzado técnicamente con asistencia del Consejo Federal de Inversiones para planificar el desarrollo de esta área industrial, comercial y de servicios”, señaló.
La funcionaria indicó que el proyecto busca otorgar al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para poner en marcha el futuro parque y avanzar en la planificación de su funcionamiento.
“Se trata de definir cómo trabajar con el sector privado para su desarrollo y para la radicación de nuevas empresas”, sostuvo.
ISS
Por otra parte, la comisión también emitió dictamen favorable por mayoría al proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar fondos específicos para financiar al Instituto de Seguridad Social.
El ministro Guido Bisterfeld explicó que la iniciativa responde a dos factores centrales. El primero es el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Presupuesto, que obliga a la Anses a remitir anticipos mensuales para cubrir déficits previsionales futuros. “Fue incluido en el presupuesto nacional, fue votado y fue aprobado”, remarcó.
Según indicó, La Pampa era la única provincia que cumplía con todos los requisitos para acceder a esos recursos, ya que tenía aprobado el déficit previsional provisorio correspondiente a 2021.
“Era la única provincia que cumplía ese requisito y, aun así, no nos envían los fondos”, afirmó.
Bisterfeld señaló que el Gobierno provincial realizó numerosos reclamos formales para exigir el cumplimiento de la norma, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas favorables.
También aclaró que los 5.000 millones de pesos mensuales que recibe la provincia por el acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema de Justicia no ingresan al ISS.
“Esos recursos se incorporan a la masa coparticipable y se distribuyen entre los municipios y la Provincia”, explicó.
Como segundo argumento, el ministro mencionó la situación financiera de las rentas generales.
“Hoy tenemos una estrechez financiera que no nos permite hacer frente a las solicitudes de asistencia que realiza el Instituto”, sostuvo.
Atribuyó ese escenario tanto al incumplimiento nacional respecto de la deuda previsional como a la caída de la recaudación vinculada con la actividad económica.
El funcionario recordó además que durante 2024 se utilizó una autorización similar para afrontar el pago del medio aguinaldo.
“El año pasado utilizamos 18.000 millones de pesos de cuentas afectadas para atender el pago del aguinaldo y esos fondos fueron restituidos a comienzos de enero”, señaló.
Finalmente, precisó que los recursos alcanzados por la autorización corresponden exclusivamente a fondos provenientes de tributos coparticipables que anteriormente integraban el Impuesto a las Ganancias y que actualmente tienen asignación específica para obra pública.
“Son fondos presupuestados para obra pública, pero cuyo ritmo de ejecución genera excedentes momentáneos”, explicó.
“Solicitamos la autorización para poder asistir financieramente al Instituto y luego devolver esos fondos en tiempo y forma”, concluyó.