La Defensoría General de La Pampa dispuso, a través de la Resolución DG N.º 08/26, restringir la atención al público de las defensorías civil y penal de Victorica a los días lunes, miércoles y viernes. A su vez, se resolvió derivar las mediaciones, tanto de requirentes como de requeridos, al sistema ad hoc a cargo del fondo de financiamiento dependiente del Superior Tribunal de Justicia.
La medida fue adoptada este 2 de junio de 2026 como respuesta a una “situación crítica” que afecta el funcionamiento de ambos organismos, comunicó el Ministerio Público de la Defensa.
La resolución destaca la importancia estratégica de las defensorías de Victorica para el acceso a la justicia en el oeste pampeano. Desde esa sede se brinda cobertura a localidades como Loventuel, Luan Toro, La Humada y otras poblaciones de la región, donde la Defensa Pública constituye, en muchos casos, el único vínculo real de la ciudadanía con el sistema judicial.
Entre los fundamentos de la medida de excepción, el defensor general, Martin Saravia, resaltó la “profunda crisis de recursos humanos” que atraviesan ambas dependencias. De los cinco trabajadores con los que contaban originalmente, uno fue trasladado para asistir a un juez, otra agente fue destinada al Ministerio Público Fiscal en General Pico y una tercera se acogió al retiro. A ello se suma la próxima jubilación de otro trabajador, situación que podría dejar a las defensorías con una sola persona para sostener el servicio.
El documento también advirtió sobre el “marcado desequilibrio estructural” existente dentro del sistema judicial. “Mientras el Ministerio Público Fiscal supera el centenar de empleados, las Defensorías Penales de toda la provincia no alcanzan los veinte trabajadores, pese a que la defensa pública absorbe más del 90% de la demanda en comparación con la asistencia brindada por abogados particulares”, comunicó.
Otro de los aspectos señalados es la “disfuncionalidad” del Sistema de Sustitutos. La demora en la cobertura definitiva de cargos favorece una dinámica de “justicia en comisión”, caracterizada por funciones ejercidas de manera provisoria y sin titularidad plena. Victorica es mencionada como un caso paradigmático, ya que solo dos de todos sus funcionarios judiciales revisten actualmente como titulares, situación que requiere respuestas institucionales que el sistema no está proporcionando con la celeridad necesaria.
“La Defensoría General remarca que la falta de autonomía del Ministerio Público de la Defensa impide reasignar recursos humanos de acuerdo con las necesidades del servicio, limitando significativamente las posibilidades de gestión frente a la emergencia. En este contexto, la reducción de los días de atención al público tiene como objetivo liberar horas de trabajo interno para garantizar las tareas esenciales y evitar el colapso total de las Defensorías Civil y Penal de Victorica”, finalizó.