La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa confirmó una multa de $1.550.000 impuesta al Banco de la Nación Argentina por incumplir obligaciones de seguridad y protección al consumidor en un caso de estafa virtual que afectó a un vecino de General Acha.
La resolución fue firmada por la jueza Adriana Cuarzo, quien rechazó el recurso presentado por la entidad financiera y ratificó la sanción aplicada por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Darío Emanuel K., integrante de la Gendarmería Nacional, quien en mayo de 2021 fue víctima de una maniobra de fraude telefónico. Según el expediente, una persona lo contactó haciéndose pasar por alguien de confianza y lo convenció de generar nuevas claves de acceso en un cajero automático del banco y enviar fotografías de los comprobantes obtenidos.
Con esos datos, terceros accedieron a su cuenta bancaria, gestionaron un préstamo preaprobado por $460.000 y transfirieron $300.000. Otros $160.000 fueron bloqueados por la entidad.
Sin embargo, la Justicia consideró especialmente relevante que las operaciones irregulares continuaran incluso después de que el cliente alertara al banco sobre la estafa y solicitara el bloqueo de sus cuentas.
El deber de seguridad
La Cámara sostuvo que el banco tenía conocimiento temprano de la situación porque el propio gerente de la sucursal de General Acha se comunicó con el cliente para advertirle sobre movimientos sospechosos.
Además, destacó que Kansel concurrió personalmente a la entidad, informó lo ocurrido y pidió medidas para impedir nuevas operaciones.
A pesar de ello, el tribunal señaló que el banco no acreditó haber implementado mecanismos eficaces para proteger la cuenta, como bloqueos preventivos, suspensión de operaciones sospechosas o controles adicionales de validación de identidad.
La sentencia remarcó que las entidades financieras tienen un deber especial de seguridad en los servicios digitales que ofrecen a sus clientes y que los fraudes informáticos forman parte de los riesgos previsibles de esa actividad.
“La entidad financiera contaba con un conocimiento efectivo y temprano de la situación denunciada. No obstante ello, no acreditó haber implementado medidas eficaces de protección”, sostuvo la magistrada.
También indicó que permitir que terceros continuaran operando la cuenta después de la denuncia del usuario constituyó un incumplimiento del deber de seguridad previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.
Rechazo a los argumentos del banco
Durante el proceso, el Banco Nación intentó desligarse de responsabilidad al sostener que el perjuicio económico fue consecuencia exclusiva de la conducta del propio cliente, quien entregó sus claves a desconocidos.
La entidad argumentó además que Kansel no podía ser considerado un consumidor vulnerable debido a su edad, nivel educativo y condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La Cámara rechazó esa postura y afirmó que cualquier usuario puede resultar víctima de una maniobra de engaño digital.
La jueza señaló que responsabilizar exclusivamente al cliente implicaría desconocer la vulnerabilidad que pueden sufrir los usuarios frente a estafas tecnológicas y profundizar la desigualdad existente entre consumidores y proveedores de servicios financieros.
La multa quedó firme
El banco también cuestionó el monto de la sanción y la consideración de antecedentes previos por infracciones similares.
Sin embargo, la Cámara concluyó que existía al menos una sanción firme anterior por incumplimientos vinculados al deber de seguridad, lo que permitió mantener el criterio de reincidencia utilizado para agravar la multa.
Finalmente, el tribunal rechazó todos los agravios planteados por la entidad financiera, confirmó la validez del acto administrativo y ratificó la multa de $1.550.000 impuesta por la autoridad provincial de defensa del consumidor.
Además, impuso las costas del proceso al Banco de la Nación Argentina.
