Los ministros y secretarios del Gobierno de Sergio Ziliotto salieron este sábado a responderle a la diputada provincial Noelia Sosa y sugirieron que la legisladora se presta a “intereses políticos” del exgobernador Carlos Verna, en medio de la creciente interna por el futuro del área hidrocarburífera El Medanito.
Dieron a conocer un documento, durísimo. Ese escrito no está firmado por Ziliotto, pero sí fue rubricado por sus espadas que salieron a cruzar a Sosa y -por elevación, aunque sin nombrarlo- al propio Verna. Es que Sosa, incluso, ha amenazado con demandar penalmente al gobernador y a los ministros y secretarios.
“Las declaraciones de la diputada Noelia Sosa solo pueden atribuirse a dos posibles razones: un profundo desconocimiento del procedimiento administrativo, técnico y ambiental que se encuentra en curso, o la decisión de prestarse a intereses políticos que claramente la exceden y de los cuales termina siendo apenas un vehículo para intentar embarrar un proceso transparente, participativo y ajustado a derecho”, sostuvieron.
La disputa se produce en medio de la tensión interna del PJ pampeano por el futuro de El Medanito, el principal yacimiento petrolero de la provincia. El enfrentamiento entre los sectores alineados con Ziliotto y Verna se profundizó en los últimos años, especialmente a partir del proceso para licitar una nueva concesión del área por 25 años.
Sosa, integrante de la Línea Plural, ya había cuestionado las condiciones de la anterior licitación del yacimiento, denunció a funcionarios provinciales. Incluso, en las últimas semanas anunció que analizaba impulsar una denuncia penal contra el gobernador y parte de su gabinete. Esa presentación todavía no fue realizada. Pero ahora, al evaluar la situación ambiental de El Medanito en una audiencia pública, volvió a poner el dedo en la llaga: dijo que podría demandar a funcionarios por las supuestas faltas de controles ambientales.
Las críticas al IFA
En los últimos días, Sosa cuestionó el Informe Final Ambiental (IFA) de El Medanito y sostuvo que no debería ser aprobado porque, según afirmó, incumple exigencias de la legislación provincial vinculadas al saneamiento ambiental y al abandono de pozos. También aseguró que existieron deficiencias en los controles realizados por organismos provinciales.
La legisladora fue hasta 2023 directora de Control de Operaciones de Hidrocarburos de La Pampa, organismo encargado de fiscalizar la actividad petrolera. Ese antecedente generó cuestionamientos dentro del propio peronismo: algunos dirigentes consultados por Diario Textual interpretaron que sus declaraciones implicaban una suerte de autoincriminación por su anterior responsabilidad en los controles.
“El control está funcionando”
En el documento, el gabinete provincial afirmó que las observaciones formuladas por la diputada forman parte de aspectos que todavía se encuentran bajo análisis dentro del expediente administrativo. “Las objeciones que la diputada presenta como revelaciones -pendientes en el cronograma ejecutivo, costos integrales en revisión, garantía de ejecución en evaluación- son exactamente los ítems que las propias autoridades de aplicación tienen abiertos y bajo análisis riguroso”, señalaron.
“No son irregularidades descubiertas por la legisladora: son los puntos que el Estado provincial no cerró porque no los validó técnicamente. Eso no es una falla del control; es la prueba de que el control está funcionando. La Provincia no aprueba lo que no verifica, y no firmará un IFA que no cumpla cada uno de los estándares exigidos por la normativa vigente”, agregaron.
Además, advirtieron que “intentar instalar que existen irregularidades consumadas cuando el expediente se encuentra en plena evaluación” busca generar sospechas infundadas sobre organismos y funcionarios que actúan dentro del marco legal.
También rechazaron el planteo de investigar a funcionarios de control antes de que concluya el procedimiento administrativo. “Pedir que se investiguen responsabilidades de funcionarios de control, antes de que concluya el proceso y sin que exista resolución administrativa alguna que habilite ese planteo, revela más una estrategia de hostigamiento político que una preocupación técnica genuina”, sostuvieron.
Acusaciones de hostigamiento político
El gabinete también defendió la Audiencia Pública realizada para analizar el expediente ambiental y afirmó que ese ámbito fue creado precisamente para recibir observaciones ciudadanas.
“La transparencia de este proceso está dada justamente por la existencia de instancias institucionales como la Audiencia Pública, donde todas las observaciones son recibidas, incorporadas al expediente y analizadas técnicamente. Pretender convertir un ámbito de participación y análisis en una tribuna para acusaciones políticas revela más una estrategia de confrontación que una verdadera preocupación ambiental”, expresaron.
Además, consideraron que las declaraciones de la diputada buscan “desacreditar la gestión del Gobierno Provincial” y sembrar dudas sobre un procedimiento que, según sostuvieron, se desarrolla con controles, participación ciudadana y apego a la normativa vigente.
El documento también recordó que la denuncia presentada anteriormente por Sosa ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la licitación de El Medanito fue archivada, y señaló que ningún legislador acompañó ese planteo judicial.
“El Gabinete Provincial rechaza categóricamente estas denuncias infundadas que solo persiguen desplegar un manto de sospechas sin sustento alguno sobre procedimientos, organismos y funcionarios que actúan dentro del marco legal y administrativo vigente. Este tipo de manifestaciones no contribuye al debate democrático ni al análisis responsable de los temas de interés público, sino que buscan generar confusión y desconfianza en la ciudadanía”, afirmaron.
Finalmente, los funcionarios ratificaron que el Gobierno continuará con el proceso de evaluación ambiental “con la misma rigurosidad” y remarcaron que el documento cuenta con el respaldo unánime de ministras, ministros, secretarias, secretarios de Estado, Fiscalía de Estado y Asesoría Letrada de Gobierno, en defensa de la transparencia, la legalidad, la participación ciudadana y los intereses de la Provincia.
