César Alegre, secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), describió la difícil situación que atraviesan los maestros santacruceños, bajo el gobierno de Claudio Vidal. “Venimos de 41 días de paro porque desde el Gobierno no abrieron la paritaria”, expresó a Diario Textual. Además, a esta situación, se suma el conflicto con las fuerzas de seguridad provinciales que se autoacuartelaron y otros gremios que están reclamando aumentos salariales.
El dirigente gremial agregó que el gobierno de Vidal incumplió actas paritarias, firmadas en febrero. Y este martes se ratificó que irán nuevamente al paro desde mañana miércoles y hasta este viernes 19 de junio, con lo cual las medidas de fuerza ya llegan a los 45 días.
“Se iban a solucionar los problemas laborales como bajar la cantidad de alumnos por curso y crear las preceptoras únicas y las parejas pedagógicas para todos los niveles y modalidades, en especial en el nivel inicial y el primario. Eso no pasó y entonces no hubo paritaria, no se solucionó lo laboral y, además, ya llevamos cinco meses, prácticamente seis, de un congelamiento salarial”, resumió.
Alegre dijo que frente a los datos de inflación sus salarios quedaron atrasados un 15 por ciento: “Estamos planteando una recomposición salarial más cláusula gatillo. ¿Qué significa esto? Queremos llegar al costo de la canasta para superar la línea de pobreza en realidad. Un docente en Santa Cruz gana 1.248.000 pesos y la canasta está 1.883.000 pesos, entonces esto demuestra de que aproximadamente nos faltan 600.000 pesos para llegar a la línea de pobreza”.
La situación es muy compleja en Santa Cruz, la policía se encuentra acuartelada, con medidas de fuerza y toda la administración pública, todos los gremios estatales de la provincia de Santa Cruz están pidiendo un aumento salarial y condiciones laborales dignas”, añadió el secretario general de Adosac.
Descuentos y despidos
Juan Valentin, secretario general del gremio docente en Río Gallegos, sumó el malestar del atraso salarial a los descuentos en sus haberes para los maestros que adhirieron a las medidas de fuerza.
“Todos estamos en la misma condición de no tener, digamos, una propuesta de cómo mejorar el salario y, al mismo tiempo, el gobernador ha decidido avanzar en aplicar descuentos sobre el sector docente, que digamos, que más fuerte mantiene la medida, mientras el resto de los sectores que han realizado también los paros no se les ha descontado”, añadió.
El secretario general de Adosac en Río Gallegos criticó, además, el despido de compañeras y compañeros, tanto del nivel inicial como de primaria. “Estamos en una situación muy difícil. La verdad que vemos un Gobierno totalmente desorientado, cerrado, que no dialoga con la sociedad -aseguró- y que intenta imponer un modelo de ajuste”.
“Nuestras autoridades mintieron al decir que se han mejorado los salarios en los años que ellos han estado. La única realidad es que este año los salarios han perdido con la inflación y siempre han estado bajo la línea de pobreza. Ya estaban, antes de este atraso salarial, bajo la línea de pobreza. Ahora siguen en caída y nosotros, bueno, estamos preocupados porque, de ser así, al cierre del año muchos de los salarios podrían incluso caer por debajo de la línea de indigencia”, afirmó Valentin.
Conflictividad laboral
El Centro de Economía Política Argentina difundió un informe en el que detalló como la caída de las transferencias tributarias de origen nacional hacia las provincias, así como la disminución en la recaudación de cada distrito, impactó en las cajas provinciales y generó conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia, así como en el conjunto de los empleados estatales.
El flujo de recursos financieros desde el Estado Nacional hacia las jurisdicciones provinciales se concentra en tres principales canales. El primero, corresponde a las transferencias automáticas, particularmente las vinculadas al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI). Estos recursos, compuestos principalmente por la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias, se distribuyen de manera diaria. El segundo, está constituido por las Transferencias No Automáticas, que no poseen una periodicidad preestablecida ni coeficientes fijos, sino que se instrumentan a través de convenios específicos, Programas de Asistencia Financiera (PAF) o Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y en tercer orden, los recursos de recaudación propia de cada provincia.
Las transferencias tributarias de origen nacional representan una gran parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 44,8% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 54,0% del total.
Ante este contexto de caída en la coparticipación nacional que llega a las provincias y la baja recaudación en varias de ellas por el parate de varios sectores industriales y del comercio, el CEPA, desde inicios del 2026, registró al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 66,3% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 33,7% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.
“La conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse. En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo”, sostuvo el Centro de Economía Política Argentina.