Juan Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industralizada (CACMI), cuestionó la decisión de la empresa minera Vicuña en su megaproyecto de cobre en la provincia de San Juan y que contempla la importación de una estructura modular habitacional completa desde China.
El campamento, diseñado para albergar a cerca de 5.000 personas, equivale de forma literal a la compra de una “ciudad completa” a 13.000 kilómetros de distancia. Frente a este escenario, el directivo advirtió que la actual reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) deja a las empresas locales en una situación de extrema vulnerabilidad y pone en riesgo la sustentabilidad de la industria nacional.
Para el dirigente, el marco normativo actual genera una asimetría imposible de sostener, y consideró que “la cancha no está nivelada” para los proveedores argentinos.
Según explicó al canal 7 de Mendoza y 13 de San Juan, las firmas locales se encuentran en una posición de “absoluta disparidad” debido a las ventajas fiscales que reciben los productos terminados en el exterior, en comparación con la carga impositiva que sufre la producción interna.
“Notamos que no podemos competir con empresas chinas que están subsidiadas en China y subsidiadas a través del RIGI impositivamente en Argentina”, explicó y aseguró que si las empresas nacionales realizaran el mismo ejercicio de importar un campamento desde el país asiático, estarían “un 30% más caros que la oferta de la propia empresa china por la carga impositiva”. Bajo este escenario de desequilibrio, la oferta de la industria argentina quedó “un 23% por encima de la oferta china” en la planilla de la licitación.
Más allá del factor impositivo, el presidente de la CACMl puso el foco sobre los severos riesgos logísticos e ingenieriles que implica trasladar esta infraestructura para ser instalada en la alta montaña a 5.200 metros de altura. “Nos queda la duda si realmente esto que están trayendo de China está apto para esas condiciones climáticas a 5.200 metros de altura -agregó-, más de 40 grados de amplitud térmica, zona sísmica, vientos de más de 120 kilómetros”. Por este motivo, el directivo advirtió que las propuestas no son equivalentes en términos técnicos y que la aparente ventaja económica inicial “se va a diluir sin dudas cuando se encuentren con lo que significa la ejecución real de ese montaje”.
Para respaldar sus advertencias, Rudoni recordó un antecedente inmediato de incumplimiento en las obras del oleoducto de Vaca Muerta Sur. En ese caso, la decisión de contratar los módulos habitacionales a una empresa extranjera paralizó los plazos previstos de la obra: “Le compraron 800 módulos los cuales tenían que estar operativos para el mes de marzo de este año. Los 800 módulos llegaron 60 días atrasados y ¿sabés cuántos módulos tienen operativos al día de la fecha? Cero módulo”, sentenció para graficar por qué considera que se está sacando del mercado a los proveedores locales “con ofertas que no son del todo reales ni ideales” frente a una industria nacional que puede “garantizar mucho mejor ese abastecimiento”.
El dirigente descartó que CACMI vaya a iniciar acciones legales contra este proyecto, reconociendo que la operación se encuentra formalmente amparada por la ley del RIGI. No obstante, hizo un llamado urgente para revisar el tipo de proyectos que se traen al país. “Si nosotros entregamos todos nuestros recursos sin recibir ningún beneficio como contraprestación y desarrollo real para Argentina, creo que estamos haciendo en Argentina un muy mal negocio”, concluyó.
