El Gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento de la Tarifa Social Sube, el beneficio que permite a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales viajar con un 55% de descuento en el transporte público, y congeló ese porcentaje de cobertura. Es decir, en caso de que una jurisdicción aumente la tarifa y no cubra con recursos propios el desfasaje, el usuario que abona el boleto subsidiado pagará un valor más elevado. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, cuestionó la medida y dijo que los vecinos deberán ir a reclamar a los libertarios y sus aliados. “A partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, la Nación no va a acompañar. La diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios”, sostuvo.
“No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado nacional se retira del transporte público del interior del país. Aun cuando el mayor costo del transporte es el del combustible, cuyo precio depende de decisiones del mismo Gobierno nacional”, dijo en X.
“En Santa Rosa no hay impacto inmediato, pero las decisiones que se toman hoy tendrán consecuencias concretas para los ciudadanos el día de mañana. Y los responsables de esas consecuencias son quienes las deciden hoy. Nosotros seguimos sosteniendo el EMTU con recursos propios, con todas las líneas funcionando y sin tocar las frecuencias. Hoy eso no cambia. Lo que sí quiero que quede claro es de quién es la responsabilidad y por qué, en el futuro, en ciudades como Santa Rosa, vamos a sufrir las consecuencias de decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia”, finalizó.
Con la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026 -publicada en el Boletín Oficial de este miércoles-, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia”, que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.
La normativa dispone que, para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.
De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.
Según el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, el fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.
Este esquema forma parte de un proceso de transformación iniciado en febrero de 2024, cuando el Gobierno eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior. A partir de esa decisión, el Estado avanzó en el reemplazo de un esquema basado principalmente en subsidios a la oferta -fondos que se giraban a las jurisdicciones para sostener la operación del servicio- por un modelo de asistencia directa a las personas, focalizado en los sectores que requieren el acompañamiento estatal para acceder al transporte público.
