El Gobierno nacional analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar el crédito hipotecario y dinamizar la economía, una iniciativa que ya abrió el debate sobre el uso de los fondos vinculados al sistema previsional.
La propuesta, que es evaluada por el equipo económico, apunta a que el FGS participe en el financiamiento del mercado hipotecario mediante la compra de carteras de créditos o el respaldo a nuevas líneas de préstamos para viviendas, en un contexto en el que el financiamiento de largo plazo continúa siendo una de las principales limitaciones del sector.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el patrimonio administrado por la ANSES que tiene como objetivo respaldar el sistema previsional y preservar el valor de los recursos destinados a jubilaciones y pensiones. A lo largo de los años también fue utilizado para financiar programas productivos y de infraestructura, entre ellos el Procrear y otras políticas de acceso a la vivienda.
Desde distintos sectores financieros sostienen que la participación del FGS podría aportar el fondeo necesario para ampliar el crédito hipotecario y extender los plazos de financiamiento, algo que hoy resulta difícil para los bancos por la escasez de recursos de largo plazo.
Sin embargo, la posibilidad de recurrir a los recursos del organismo previsional volvió a generar cuestionamientos de sectores políticos y de organizaciones de jubilados, que advierten que se trata de fondos destinados a garantizar el pago futuro de haberes previsionales y que cualquier utilización debe preservar su sustentabilidad.
No sería la primera vez que recursos de la ANSES se utilizan para financiar políticas de vivienda o crédito. Entre 2012 y 2015 el programa Procrear se sostuvo en gran medida con fondos del FGS, bajo el argumento de que se trataba de inversiones productivas capaces de generar empleo y rendimiento para el propio fondo previsional.
Por el momento, el Gobierno no anunció oficialmente un esquema definitivo ni los montos que podrían destinarse a la iniciativa, aunque el debate ya comenzó a instalarse entre bancos, desarrolladores inmobiliarios y sectores vinculados al sistema previsional.
