El Poder Ejecutivo oficializó el pliego de bases y condiciones para la nueva licitación del área hidrocarburífera El Medanito, que será concesionada por 25 años. El nuevo llamado -publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial- incorpora las modificaciones acordadas entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura y en la Mesa de Trabajo luego del fracaso de la licitación anterior de hace seis meses: establece regalías del 15% más un adicional variable (X), que podrá ser negativo hasta un máximo de cinco puntos porcentuales, fija un bono de ingreso de 25 millones de dólares y endurece las exigencias en materia de inversiones y protección ambiental.
Los cambios representan un giro respecto del proceso licitatorio declarado desierto en febrero de este año. En aquella oportunidad, el pliego exigía un bono de ingreso de 50 millones de dólares y establecía un esquema de regalías que oscilaba entre el 15% y el 20%, de acuerdo con las inversiones comprometidas por las empresas. Ambos puntos fueron señalados por el sector petrolero como factores que restaban competitividad al proyecto.
La nueva convocatoria, pudo saber Diario Textual, busca mejorar esas condiciones para atraer interesados sin modificar aspectos considerados estratégicos por la Provincia, como la participación de Pampetrol Sapem y las obligaciones de inversión y cuidado ambiental.
En la nueva concesión, la empresa adjudicataria tendrá el 80% de participación en el área, mientras que Pampetrol conservará el 20%, aunque el privado asumirá el 100% del pago del bono de ingreso.
El Medanito es el principal yacimiento petrolero de La Pampa, ubicado en la Cuenca Neuquina, que produce el 34% del petróleo provincial. El 18 de junio finalizó la concesión de 34 años que tenía Petroquímica Comodoro Rivadavia. En ese marco, y a raíz del fracaso de una licitación en el verano, la Provincia reasumió su control y, a través de la estatal Pampetrol, lo adjudicó transitoriamente a la empresa Ribeiro SRL.
Regalías más competitivas
Uno de los principales cambios se concentra en el régimen de regalías. El nuevo pliego fija una regalía base del 15%, a la que se aplicará una variable denominada X, que formará parte de la oferta económica de cada empresa. Ese adicional podrá ser positivo o negativo, aunque en este último caso tendrá un límite máximo de cinco puntos porcentuales.
En los hechos, el esquema permite que las petroleras compitan ofreciendo distintas combinaciones de regalías dentro de los márgenes previstos por el pliego, una herramienta que busca hacer más atractiva la explotación de un yacimiento maduro como El Medanito.
El sistema reemplaza al mecanismo de la licitación anterior, que establecía regalías de entre 15% y 20% según el volumen de inversiones comprometidas.
El bono baja a la mitad
Otro de los cambios centrales es la reducción del bono de ingreso: la licitación frustrada exigía un pago inicial de 50 millones de dólares y ahora el nuevo pliego fija un bono de 25 millones de dólares, exactamente la mitad.
Además, el adjudicatario podrá abonarlo en tres cuotas iguales, semestrales y consecutivas, lo que disminuye el desembolso inicial y mejora las condiciones financieras para las empresas interesadas.
Durante el debate legislativo, distintos sectores coincidieron en que el monto exigido en el primer llamado constituía una de las principales barreras para captar oferentes.
Inversiones obligatorias
Las mejoras económicas para los futuros concesionarios se complementan con mayores exigencias operativas.
Cada oferente deberá presentar un Plan de Desarrollo Integral del Yacimiento, que incluirá un cronograma de perforaciones, reacondicionamiento de pozos, trabajos de recuperación secundaria y otras acciones destinadas a incrementar el factor de recuperación del área.
El pliego diferencia entre inversiones firmes, cuyo cumplimiento será obligatorio, e inversiones contingentes, sujetas a determinadas condiciones técnicas o económicas.
Para asegurar su ejecución, las empresas deberán constituir garantías financieras específicas que respalden los compromisos asumidos.
Mayor control ambiental
Otro de los ejes del nuevo llamado es el fortalecimiento de las obligaciones ambientales. La futura concesionaria deberá presentar un Informe Ambiental de Base al inicio de la explotación y un Informe Final Ambiental al concluir la concesión, con el objetivo de acreditar la remediación de los pasivos existentes y de los que pudieran generarse durante la operación.
Además, el adjudicatario estará obligado a constituir una garantía ambiental, contratar un seguro por daño ambiental y financiar tareas de monitoreo y control vinculadas con la cuenca del río Colorado.
El pliego también incorpora la obligación de aplicar el protocolo provincial de monitoreo preventivo para instalaciones hidrocarburíferas ubicadas en áreas sensibles y prevé sanciones ante incumplimientos de esas obligaciones.
El antecedente del fracaso
La modificación de las condiciones responde directamente al resultado de la licitación realizada durante el verano, que terminó sin oferentes.
En ese proceso, la entonces operadora Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) quedó excluida al no obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, debido a pasivos ambientales pendientes de remediación. El resultado derrumbó uno de los principales cuestionamientos opositores. Durante 2025 se había afirmado que la licitación estaba diseñada para favorecer a PCR.
Al mismo tiempo, ninguna otra empresa presentó ofertas. Entre las razones mencionadas por actores del sector figuraban las regalías consideradas elevadas, el bono de ingreso de 50 millones de dólares, el contexto internacional del mercado petrolero, el incremento de los costos operativos, la madurez del yacimiento y el mayor atractivo que representaban los desarrollos de Vaca Muerta.
Luego de declararse desierta la licitación, el Gobierno abrió una negociación con los distintos bloques legislativos y la Mesa de Trabajo creada por la Ley 3640. Ese proceso derivó en un nuevo pliego que flexibiliza las condiciones económicas para mejorar la competitividad del área, aunque mantiene fuertes exigencias en materia de inversiones, garantías y protección ambiental.