Integrantes de la comisión directiva del Sindicato Gráfico Patagónico, que controla la Obra Social del Personal de la Imprenta, Diarios y Afines (Ospida), de Santa Rosa, sesionaron este sábado y aprobaron la realización de una auditoría externa, la suspensión por 45 días del presidente de la entidad, Aníbal Schmidt, y la convocatoria a una asamblea extraordinaria de afiliados. “El desastre institucional es gravísimo. Más allá de toda la gente que se está quedando sin cobertura, el problema fundamental son los tratamientos oncológicos y los tratamientos de alta complejidad”, dijo Federico Irusta, secretario adjunto del gremio a Diario Textual.
Schmidt, investigado por presunto desvío de fondos millonarios, continúa en el cargo y, según denunciaron integrantes de la comisión directiva, ha bloqueado las cuentas bancarias de la obra social, lo que impide realizar pagos a proveedores. Eso derivó en la interrupción de prestaciones para unas 30 mil familias en todo el país. En La Pampa, las familias afectadas son alrededor de 7 mil.
El mes pasado, integrantes de la comisión directiva firmaron una nota en la que solicitaron una reunión urgente para analizar la situación institucional, tal como establece el estatuto. Según denunciaron, Schmidt respondió con el cambio de cerraduras de la sede sindical y de la obra social, la contratación de custodia privada y la suspensión de cuatro de los 11 dirigentes. Actualmente, el presidente de la entidad conserva el respaldo del tesorero Daniel Posadas y del protesorero Marcelo Labour.
La suspensión alcanzó, entre otros, al secretario adjunto Felipe Irusta y al secretario gremial Hugo Giménez. Este sábado, los dirigentes desplazados intentaron ingresar nuevamente a la sede ubicada sobre calle Río Negro al 300, pero encontraron las puertas cerradas. Por ese motivo, realizaron la reunión en la vereda, frente al edificio del Sindicato de Trabajadores Gráficos y la sede de la obra social.
Schmidt se refugió en La Pampa luego de una denuncia impulsada por la conducción nacional del gremio. En abril, durante el 32° Congreso Extraordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (Fatida), los delegados resolvieron por unanimidad su expulsión perpetua de la organización luego de una auditoría externa que detectó presuntas irregularidades y un faltante millonario en la obra social. La situación derivó en una denuncia penal que se encuentra en trámite judicial.
Pacientes con cáncer y personas con enfermedades de alta complejidad quedaron sin cobertura médica en La Pampa luego de que Ospida suspendiera sus prestaciones. Las familias afectadas no pueden atenderse con médicos privados, acceder a internaciones ni retirar medicamentos. Los casos más delicados corresponden a pacientes oncológicos y personas con patologías graves, que quedaron sin posibilidad de continuar tratamientos o acceder a atención especializada.
La crisis de la obra social se da en medio de un conflicto institucional dentro del sindicato. En junio, Aníbal Schmidt, expulsado de por vida de la conducción nacional del gremio por presuntos desmanejos financieros, impidió el ingreso a la sede sindical de la mayoría de los integrantes de su propia comisión directiva, quienes reclamaban su renuncia para normalizar la entidad.
Este sábado, los dirigentes desplazados intentaron nuevamente ingresar, pero no pudieron hacerlo.
Felipe Irusta, en diálogo con Diario Textual, contó detalles de la asamblea que hicieron en la vereda. “Primero que nada hay que decir que fue una reunión solicitada el 11 de junio, cuando se acercó la documentación al secretario general para que convocara a la comisión directiva. Schmidt nunca pidió la asamblea, nunca la programó… Entonces, la semana pasada nosotros enviamos todas las cartas documento solicitando una reunión de comisión directiva, porque la comisión directiva es soberana y democrática”, dijo. “La comisión directiva resolvió reunirse hoy. Estaban comunicados el secretario general Aníbal Schmidt, el tesorero Daniel Posadas, el protesorero Marcelo Labour y los demás integrantes de la comisión directiva que fueron convocados en tiempo y forma. Pero no se presentaron a la reunión”.
—¿Ustedes no pudieron ingresar a la sede?
—No. Hoy no pudimos ingresar. La sede del sindicato está cerrada y nosotros tenemos prohibido entrar. Más allá de todas las comunicaciones realizadas, nos encontramos con todo cerrado. La verdad, es una pena y una vergüenza que, después de tantos años de aportes, hoy el sindicato no nos permita ingresar para realizar una reunión de comisión directiva, algo que está establecido por estatuto y que debe hacerse mensualmente.
—¿Convocaron a una asamblea extraordinaria?
—Sí, se convocó. Ahora vamos a terminar las actas y se las vamos a acercar. Se definió la suspensión de Aníbal Schmidt por 45 días y ya se está convocando a la asamblea extraordinaria.
—¿Se aprobó hoy la suspensión de Aníbal Schmidt?
—Exactamente. También se pidió una asamblea extraordinaria para el día 25 de julio. El objetivo es que allí se ratifique o no lo actuado por la comisión directiva y se le otorgue el derecho a defensa a Schmidt.
—¿Ustedes también estaban o están suspendidos?
—En su momento, hace aproximadamente más de 20 días, vinimos a trabajar como lo hacíamos todos los días y nos encontramos con seguridad en la puerta del sindicato, que no nos dejó ingresar. Nos había suspendido Aníbal Schmidt arbitrariamente, porque no fue una decisión de la comisión directiva. Fue él quien envió una carta documento y nos suspendió.
—¿La firma fue solamente de él?
—Solamente de él.
—¿Tiene facultades para hacerlo?
—No. Según el estatuto, esa facultad la tiene que resolver la comisión directiva.
—¿Hoy aprobaron el levantamiento de esa sanción?
—Sí. El primer punto que se trató fue el levantamiento de las suspensiones a los cuatro compañeros, incluido yo.
—¿Todavía están en una etapa administrativa o ya iniciaron algún tipo de amparo judicial por esta situación?
—Se están haciendo las denuncias correspondientes. Los profesionales están trabajando y presentando las denuncias.
—¿Qué más se definió en la asamblea?
—Una auditoría externa. Primero que nada hay que hacer una auditoría externa.
—¿Por qué? ¿Qué sospechan ustedes o qué saben?
—No tenemos que prejuzgar. Lo que corresponde es hacer una auditoría externa.
—En el medio hay aproximadamente 7.000 familias a la deriva, sin atención, en la provincia de La Pampa y la región.
—Ese es uno de los temas centrales por los que empezamos con todo esto. Es por la desidia de una persona. Más allá de las 7.000 personas en La Pampa, estamos hablando de 30.000 en todo el país. Hoy, desgraciadamente, no podemos escapar del tema fundamental, que es la obra social. Tenemos todos los servicios cortados. Además, hay que sumar a unos 60 compañeros que son empleados de la obra social y que hoy no están cobrando. Algunos llevan más de tres meses sin percibir sus salarios. La situación es muy complicada.
—¿Y qué dicen las autoridades nacionales de Ospida?
—A nivel nacional se hicieron todas las presentaciones ante la Superintendencia de Servicios de Salud y todavía estamos esperando el dictamen, porque la Superintendencia no se expidió.
—En medio de toda esta situación, y con familias que quedaron a la deriva, seguramente muchas se desafiliaron.
—Desgraciadamente, sí. El desastre institucional es gravísimo. Más allá de toda la gente que se está quedando sin cobertura, el problema fundamental son los tratamientos oncológicos y los tratamientos de alta complejidad. Ese es el punto más grave.
—¿Por qué se quedaron sin atención? ¿Las cuentas bancarias están bloqueadas o directamente no hay fondos?
—No, fondos hay. El problema es que, en su momento, Aníbal Schmidt consiguió una disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud donde figuraba como presidente de la obra social. Se presentó en los bancos y, mediante una serie de trámites bancarios, logró que no se pueda mover el dinero: no se puede cobrar, no se puede pagar, no se puede hacer absolutamente nada. Al bloquear las cuentas a nivel nacional, desgraciadamente los prestadores no cobran y no cobra nadie. Por eso estamos ante esta situación de gravedad institucional.