El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó este jueves, por mayoría, una disposición para rechazar el proyecto de ordenanza de creación del Área de Inmobiliaria Municipal y del Registro Municipal de Viviendas en Alquiler, presentado hace unas semanas por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Mariano Alfageme, concejal de Patria Grande en el Frejupa, votó en disidencia: dijo que la iniciativa merecía más tiempo de análisis y discusión.
“El proyecto en cuestión buscaba dar una respuesta concreta a una problemática que atraviesan cientos de familias santarroseñas: la dificultad para acceder a un alquiler en condiciones justas”, resaltó el legislador. “Entendemos que, en este contexto, el Estado Municipal no puede permanecer indiferente frente a una crisis habitacional que afecta especialmente a quienes destinan gran parte de sus ingresos a garantizar un techo”, agregó.
“Para quienes sostenemos las banderas de Tierra, Techo y Trabajo, el acceso a una vivienda digna es un derecho humano que requiere un Estado presente, capaz de generar herramientas que aporten transparencia, información y acompañamiento, sin reemplazar al sector privado pero asumiendo la responsabilidad de intervenir cuando el mercado deja afuera a miles de personas. De hecho, la reforma habitacional es la primera de las 10 reformas estratégicas presentadas dentro del Programa de Gobierno de Emergencia elaborado por Patria Grande – Argentina Humana”, dijo Alfageme.
“También nos preocupa el mensaje político que implica rechazar la discusión de este proyecto desde el Concejo Deliberante. Permanentemente se afirma que las políticas públicas deben construirse escuchando a los vecinos y vecinas. Creemos que desestimar una iniciativa ciudadana de forma apresurada debilita la participación popular y desalienta el compromiso de quienes se involucran para construir una ciudad mejor”, dijo. “Por eso no acompañamos el despacho en rechazo de este proyecto. No porque creamos que resolverá por sí solo el problema habitacional, sino porque representa un paso en la dirección correcta: reconocer que el acceso a la vivienda merece políticas públicas, escuchar las demandas de la comunidad y asumir que el Estado tiene la responsabilidad de promover soluciones cuando están en juego derechos fundamentales”, finalizó.