Un grupo de diputados provinciales de la UCR presentó un proyecto de ley para prohibir, durante todo el ejercicio fiscal 2027, el ingreso, nombramiento, contratación o incorporación de personal, bajo cualquier modalidad laboral, en toda la Administración Pública Provincial. La iniciativa apunta, según sus autores, a impedir que el Gobierno provincial utilice el empleo público con fines electorales durante un año en el que se renovarán las autoridades provinciales y municipales. Evalúan que el oficialismo va a perder y buscan frenar los “excesos”.
La iniciativa es de los diputados Hipólito Altolaguirre, Gisela Cuadrado, Julián Aguilar y Sergio Pregno. En la UCR ya se encuentra lanzado, para la gobernación, Martín Berhongaray.
La propuesta alcanza al Poder Ejecutivo, sus ministerios, secretarías, organismos descentralizados y autárquicos, además del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales de la provincia.
Actualmente, el Gobierno de Sergio Ziliotto tiene suspendido el ingreso de personal a la administración pública. Sin embargo, desde la bancada radical afirmaron a Diario Textual que continúan incorporando trabajadores bajo la modalidad de contratados y advirtieron que ese mecanismo podría intensificarse a medida que se acerquen las elecciones de 2027.
Las excepciones
La iniciativa prevé excepciones para cubrir vacantes esenciales en Salud, Seguridad y Educación. También autoriza reemplazos por jubilaciones, renuncias, fallecimientos o cesantías, siempre que no aumente la planta de personal, y habilita designaciones derivadas de concursos públicos cuyo orden de mérito haya sido publicado antes del 31 de diciembre de 2026.
Además, cada excepción deberá contar con un dictamen del organismo solicitante, un informe de factibilidad presupuestaria de la Contaduría General de la Provincia y la publicación del acto administrativo en el Boletín Oficial.
Sin nuevos cargos
El proyecto dispone que el Presupuesto 2027 no podrá crear nuevos cargos ni ampliar la planta de personal, salvo las excepciones previstas. También establece que las designaciones realizadas en violación de la ley serán “nulas de pleno derecho” e invita a municipios y comisiones de fomento a adherir al régimen.
En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que en los años electorales debe extremarse el control sobre el gasto público para evitar el uso del empleo estatal como herramienta de “clientelismo político”.
“En los años electorales se vuelve imprescindible extremar la prudencia en el uso de las arcas públicas para prevenir la utilización del empleo público como herramienta de clientelismo político”, afirmaron.
También señalaron que la incorporación de personal durante un proceso electoral incrementa el gasto salarial, afecta la neutralidad de la administración pública y puede utilizarse con fines electorales. Según explicaron, la propuesta busca preservar el equilibrio financiero de la provincia, garantizar los servicios esenciales mediante excepciones acotadas y asegurar “la transparencia, la austeridad y la ética pública” durante el proceso electoral de 2027.