La Unión Cívica Radical (UCR), con 10 senadores y una correligionaria que juega en solitario, definirá el jueves si se aprueba en el Senado la reforma a la ley de tierras. La polémica mayor es por la habilitación a los extranjeros a comprar campos, que está limitada al 15% de la superficie total del país, por una ley sancionada hace 13 años. El proyecto proponía habilitar las operaciones sin límites, pero el último borrador, diseñado por Patricia Bullrich, eleva el tope a 25% y faculta a las provincias a tener poder de veto en las inversiones. Dos de los votos clave, que podrían inclinar la balanza, los tiene los pampeanos Victoria Huala (Pro) y Daniel Kroneberger (UCR).
Según dijeron fuentes parlamentarias, a partir de las últimas modificaciones, Huala podría dar luz verde. De todas maneras, la legisladora mantiene silencio. En tanto, el legislador oriundo de Colonia Barón aún no definió.
La legislación vigente, sancionada hace 13 años, limita al 15% la superficie del país que puede quedar en manos de capitales extranjeros. La iniciativa original del oficialismo eliminaba ese tope, pero el último borrador, elaborado por la ministra Patricia Bullrich, propone elevarlo al 25%.
En ese escenario, dos votos pampeanos aparecen como determinantes. Según fuentes parlamentarias, luego de las últimas modificaciones Huala estaría más cerca de acompañar el proyecto, aunque por el momento mantiene silencio. Kroneberger, oriundo de Colonia Barón, todavía no definió cuál será su posición.
El oficialismo continúa introduciendo cambios al texto con el objetivo de reunir los votos necesarios para aprobar una iniciativa que ya fracasó en cinco oportunidades en el recinto.
Este martes por la tarde, Patricia Bullrich brindará una conferencia de prensa en la que prevé presentar la versión definitiva del proyecto que será debatida el jueves en el Senado. Luego de 17 borradores, en La Libertad Avanza sostienen que finalmente encontraron una fórmula para destrabar la discusión.
En el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Gobierno abandonó la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que eliminaba por completo las restricciones establecidas por la legislación vigente.
Después de varios meses de negociaciones y sucesivos fracasos legislativos, el oficialismo optó por una posición intermedia: elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán adquirir personas humanas o jurídicas extranjeras.
“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”, señala el texto distribuido por la presidencia del bloque libertario a los bloques aliados.
