El oficialismo está más complicado para lograr la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se popularizó como ley de tierras: el senador nacional Daniel Kroneberger (UCR, La Pampa) adelantó este miércoles por la mañana que votará en contra porque está en desacuerdo con los últimos cambios que metió La Libertad Avanza. “Ya avisé al bloque que no acompaño las modificaciones. Voy a votar en contra de los cambios a la ley de tierras”, respondió el legislador radical a este diario. La iniciativa pretende tratarse este jueves en el Senado nacional.
En tanto, la senadora Victoria Huala (Pro, La Pampa) aún no definió cómo votar. Según dijo, el punto polémico es el artículo 29 que deroga artículos de la ley actual. A su vez, Daniel Bensusán (peronismo, La Pampa) votará en contra.
La iniciativa forma parte del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional. El texto original eliminaba prácticamente todas las restricciones nacionales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, ya que derogaba el límite vigente del 15 % de la superficie rural y otras restricciones establecidas por la Ley 26.737.
Sin embargo, ante la resistencia de gobernadores y de bloques dialoguistas, La Libertad Avanza reformuló el proyecto y presentó un nuevo dictamen con el objetivo de conseguir respaldo en la Cámara alta.
La nueva versión mantiene un límite para la propiedad extranjera, aunque lo eleva del 15 % al 25 % de la superficie rural nacional, provincial y departamental.
El anuncio fue realizado este martes por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto.
Bullrich defendió la reforma al sostener que la compra de tierras por parte de extranjeros no implica una pérdida de soberanía. “Es un disparate pensar que Argentina pierde soberanía porque un extranjero compra una propiedad o una empresa invierte en el país”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó la presencia de la bodega Chandon en Mendoza. “Nadie piensa que Chandon hace francesa a Mendoza”, expresó, para sostener que una inversión extranjera no convierte parte del territorio nacional en propiedad de otro Estado.
La ministra también destacó que el nuevo dictamen incorpora restricciones que no estaban previstas en la versión original. Entre ellas, la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y la obligación de que las empresas con participación estatal extranjera obtengan autorización tanto del Gobierno nacional como de la provincia correspondiente para concretar una compra.
La reforma no solo modifica el porcentaje máximo de tierras que pueden quedar en manos extranjeras. También deroga ocho artículos de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que integraban el sistema de control sobre la adquisición de tierras rurales.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del artículo 10, que fijaba un límite máximo para la cantidad de hectáreas que podía adquirir un mismo extranjero. Ese tope se calculaba tomando como referencia 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con equivalencias según la productividad de cada región.
Con la nueva redacción, ese límite desaparece. En la práctica, un extranjero podrá adquirir superficies considerablemente mayores, siempre que no se supere el 25 % permitido en cada provincia y se cumplan las restantes condiciones previstas en la norma.
Además, se elimina el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30 % de las tierras habilitadas para extranjeros.
De ese modo, aunque se mantiene el límite general del 25 % por provincia, ya no existirá una restricción específica para evitar que la mayor parte de esas tierras quede concentrada en manos de ciudadanos o empresas de un mismo país.
