Este lunes 10 de agosto comenzará el juicio oral ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación contra el juez federal Pablo Díaz Lacava. Declararán numerosas personas que denunciaron haber sido víctimas, en su gran mayoría mujeres que se desempeñaban en el ámbito judicial, además de otros testigos que habrían presenciado los presuntos episodios de violencia, hostigamiento y maltrato atribuidos al magistrado. Paralelamente, se espera que en septiembre sea juzgado en el ámbito penal.
El proceso de juicio político contra Díaz Lacava ingresó en su etapa decisiva y todo indica que su continuidad en la magistratura quedará definida hacia fines de agosto, cuando el Jurado de Enjuiciamiento dicte su resolución.
El expediente llegó a esta instancia luego de la investigación llevada adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que dispuso la apertura del procedimiento disciplinario y la suspensión preventiva del magistrado. Se trata de uno de los procesos de mayor trascendencia institucional actualmente en trámite contra un juez federal, no sólo por la gravedad de los hechos investigados, sino también por las características de las personas denunciantes y el respaldo institucional que recibieron las presentaciones.
Las actuaciones se originaron a partir de denuncias formuladas por funcionarias y empleadas judiciales del Tribunal Oral Federal de La Pampa, quienes relataron presuntos hechos de violencia, hostigamiento, maltrato y abuso de autoridad ocurridos en el ámbito laboral. La gravedad de los hechos denunciados motivó la apertura del juicio político por presunto mal desempeño en el ejercicio de la función judicial.
El proceso presenta además una particular relevancia institucional porque las denuncias no sólo fueron impulsadas por las presuntas víctimas, sino que también fueron acompañadas por magistrados integrantes del propio Poder Judicial, quienes respaldaron las presentaciones efectuadas. Se trata de una circunstancia poco frecuente en procesos de esta naturaleza y que refleja la preocupación institucional generada por los hechos investigados.
Inicio
El juicio político comenzará este lunes, fecha en la que se iniciará la recepción de la prueba testimonial. A lo largo de las audiencias declararán numerosas personas que denunciaron haber sido víctimas -principalmente mujeres- y otros testigos que habrían presenciado los presuntos episodios de violencia, maltrato, hostigamiento y abuso de autoridad que dieron origen al proceso de remoción.
En el marco de esos hechos, además, sobre el magistrado pesa una medida cautelar que le prohíbe mantener contacto o acercarse a las denunciantes, disposición judicial adoptada con el objeto de resguardar su integridad y prevenir nuevos episodios de hostigamiento mientras avanzan tanto el proceso disciplinario como la causa penal.
Concluida la producción de la prueba y luego de los alegatos de las partes, el Jurado deberá resolver si corresponde la destitución del magistrado o el rechazo de la acusación. La decisión marcará el desenlace de uno de los procesos disciplinarios de mayor relevancia dentro de la Justicia Federal y de uno de los casos de mayor repercusión vinculados con denuncias de violencia laboral y contra mujeres dentro del Poder Judicial.
El debate penal
En forma paralela al juicio político que definirá la continuidad de Pablo Díaz Lacava como juez federal, también avanza la causa penal en la que el magistrado fue procesado y que actualmente se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba previa al juicio oral.
En ese expediente, las partes se encuentran presentando la prueba que será incorporada durante el debate, paso previo al inicio del juicio oral, cuya realización se estima para mediados de septiembre.
La acusación penal comprende diversos hechos presuntamente ocurridos durante el ejercicio de sus funciones y por los cuales el magistrado fue enviado a juicio. Entre ellos se investigan conductas vinculadas con presuntos hechos de abuso de autoridad, lesiones, amenazas y distintos episodios de violencia y hostigamiento, muchos de ellos denunciados por mujeres que integraban el ámbito laboral del tribunal y que motivaron la adopción de medidas de protección en su favor, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio formulado en la causa.
Uno de los hechos denunciados señala que el juez habría arrojado una piedra desde la calle hacia sus secretarios, la cual ingresó por la ventana de uno de los despachos.
El tribunal encargado de llevar adelante el debate oral está integrado por los jueces federales Facundo Zapiola, titular del Tribunal Oral Federal N.º 3 de Córdoba; José Fabián Asís, juez del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba; y Sabrina Nammer, jueza del Tribunal Oral Federal N.º 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, mientras el Jurado de Enjuiciamiento definirá en las próximas semanas si Díaz Lacava continúa o no ejerciendo la magistratura, la causa penal seguirá su curso con independencia del resultado del proceso disciplinario. En caso de una eventual condena penal, las consecuencias recaerán sobre su responsabilidad personal, más allá de la decisión institucional que adopte el Jurado de Enjuiciamiento.