Diputados de la UCR presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de La Pampa que propone establecer un régimen para otorgar permisos para sembrar cultivos sobre determinadas franjas de terreno ubicadas junto a las rutas de la Red Vial Provincial. La iniciativa busca aprovechar productivamente sectores del dominio público provincial que actualmente permanecen sin utilización efectiva o que, según los fundamentos del proyecto, son utilizados de manera informal. El proyecto es impulsado por el diputado Sergio Heber Pregno, con la coautoría de Hipólito Altolaguirre y Gisela Cuadrado. La iniciativa retoma y actualiza un proyecto de ley presentado en 2008 por Pregno.
La propuesta apunta específicamente a las denominadas “franjas adyacentes” a las rutas provinciales, pero excluye de manera expresa las banquinas y todos aquellos espacios que las normas vigentes reservan para la seguridad vial, la circulación o el funcionamiento de la infraestructura caminera. Solo podrán ser utilizadas aquellas superficies que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) determine técnicamente como aptas.
El proyecto establece que los municipios y comisiones de fomento que adhieran a la futura ley podrán otorgar permisos de uso a terceros sobre las franjas incluidas previamente en un informe elaborado por Vialidad Provincial.
Los permisos serían precarios, onerosos, personales, administrativos y revocables, por un plazo máximo de un año, aunque podrían renovarse por períodos iguales. La renovación no constituiría un derecho adquirido ni generaría una expectativa de continuidad para el beneficiario.
La condición jurídica de los terrenos tampoco cambiaría. El proyecto aclara que los permisos no otorgarían posesión, concesión ni derechos reales o personales sobre los inmuebles, que continuarían afectados al dominio público provincial.
El destino previsto sería principalmente agrícola: siembra y cosecha de cereales, oleaginosas, forrajes y otros cultivos compatibles, además de otras explotaciones agrarias que resulten compatibles con las características y ubicación de cada sector.
Vialidad determinará qué superficies pueden utilizarse
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que no todas las franjas ubicadas junto a las rutas podrán ser explotadas.
La Dirección Provincial de Vialidad deberá elaborar anualmente un Informe General en el que identifique las superficies aptas para utilización productiva, con indicación de su ubicación y extensión. Quedarán fuera aquellas que, por razones técnicas, de seguridad vial o de prestación del servicio, deban permanecer libres.
Los autores sostienen que este mecanismo permitiría compatibilizar el aprovechamiento agrícola con las necesidades de la infraestructura vial. También remarcan que la propuesta toma como referencia las facultades que el Decreto Ley 577 otorga a Vialidad Provincial para administrar los bienes afectados a su competencia.
El proyecto también vincula la regulación con la legislación de tránsito. En particular, señala que la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que La Pampa adhirió mediante la Ley Provincial 1.713, establece la definición de banquina y delimita los espacios destinados a la seguridad de la circulación. Por eso, esas superficies quedarían expresamente excluidas del régimen productivo.
Concurso o licitación
La adjudicación no sería directa. Los municipios y comisiones de fomento deberían realizar concursos o licitaciones, según corresponda y de acuerdo con la legislación vigente.
El canon base sería fijado por cada municipio o comisión de fomento, siguiendo pautas objetivas que debería establecer la reglamentación de la ley.
En caso de igualdad de condiciones económicas y técnicas entre los oferentes, el proyecto establece un orden de prioridad: primero, los propietarios o arrendatarios de los inmuebles frentistas y, en segundo lugar, las entidades de bien público con actuación en la jurisdicción.
A dónde iría el dinero
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el destino específico que tendrían los recursos obtenidos por los permisos.
El proyecto establece que los cánones ingresarían a los municipios o comisiones de fomento a través de una cuenta especial, con la siguiente distribución:
- 40% para el mantenimiento de la Red Vial Terciaria.
- 40% para las Cooperadoras Escolares existentes en la jurisdicción.
- 20% para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios del ejido municipal.
Si alguno de esos tipos de instituciones no existiera en la jurisdicción, la parte correspondiente sería destinada a otras entidades de bien público del ejido.
De esta manera, el proyecto busca que el eventual aprovechamiento económico de terrenos públicos se traduzca en recursos para infraestructura y organizaciones comunitarias.
Qué estaría prohibido
La iniciativa establece una serie de restricciones expresas.
Las franjas no podrían utilizarse para pastoreo de animales, ni podrían ser alambradas o electrificadas. Tampoco se permitirían edificaciones o instalaciones fijas de ningún tipo.
El productor que obtenga un permiso debería, además, realizar un manejo racional del suelo, prevenir su degradación y erosión, mantener el predio libre de plagas y malezas y evitar la quema de malezas, pastos o rastrojos.
También debería establecer una franja contrafuego junto al alambrado perimetral existente, de acuerdo con las condiciones que determine posteriormente la reglamentación.
Protección de alcantarillas, desagües y accesos
El permisionario tendría la obligación de conservar las obras e instalaciones públicas existentes y no podría modificar desagües, canales, alcantarillas u otras obras realizadas por el Estado.
El proyecto establece expresamente que deberá garantizarse el libre escurrimiento de las aguas y mantenerse limpios y sin obstrucciones los entubamientos y alcantarillas.
Además, no se permitiría realizar labores de siembra en las áreas destinadas al ingreso a las propiedades rurales.
Los beneficiarios también deberán permitir que Vialidad Provincial realice tareas de atención, mantenimiento o instalación de servicios públicos cuando resulte necesario. Una vez terminado el permiso, tendrán que entregar el predio en buenas condiciones.
El Estado podría revocar el permiso
La autorización no garantizaría al productor la permanencia durante todo el período si surgieran necesidades vinculadas con la ruta.
A pedido de Vialidad Provincial, los municipios o comisiones de fomento podrían revocar total o parcialmente el permiso cuando existan razones viales, técnicas o de servicio. En ese caso, el permisionario no tendría derecho a recibir una indemnización, aunque el proyecto establece que, cuando sea materialmente posible, se procurará evitar afectar la recolección de los cultivos implantados.
El permiso también podría caducar automáticamente por vencimiento del plazo, por incumplimiento grave de las obligaciones o por desaparición de las condiciones que justificaron su otorgamiento. Tampoco en esos casos correspondería indemnización.
Seguro obligatorio y multas
Los productores que obtengan los permisos serían responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar y deberían contratar obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil durante todo el período de vigencia.
Además, quien explote una de estas franjas sin contar previamente con el permiso correspondiente, o incumpla las obligaciones establecidas, podría recibir multas cuyos montos y criterios serían determinados por la reglamentación. En caso de reincidencia, el permiso podría ser revocado.
“Estancia La Larga”
En los fundamentos, los autores señalan que dentro de la Red Vial Provincial existen numerosas franjas que permanecen sin utilización efectiva o que son objeto de aprovechamientos informales.
El proyecto sostiene que en el ámbito rural esas superficies son conocidas tradicionalmente como “Estancia La Larga”, una expresión que, según los fundamentos, refleja una práctica extendida pero desarrollada en muchos casos sin un marco legal específico.
La iniciativa pretende precisamente establecer reglas para ese aprovechamiento y convertirlo en una actividad formal, regulada y sujeta al pago de un canon.
El argumento de los autores
Los diputados de la UCR sostienen que La Pampa tiene un marcado perfil agropecuario y que la producción agrícola constituye una de las principales actividades económicas y uno de los pilares del desarrollo de numerosas localidades del interior.
Desde esa perspectiva, consideran conveniente utilizar de manera más eficiente sectores del patrimonio provincial que no resulten necesarios para la seguridad vial o la prestación del servicio, generando al mismo tiempo beneficios económicos y sociales para las comunidades.
Los fundamentos también invocan el artículo 33 de la Constitución Provincial, que establece que la propiedad debe cumplir una función social y que su explotación debe conformarse a la conveniencia de la comunidad. Los autores aclaran, sin embargo, que las franjas seguirían formando parte del dominio público provincial y que el objetivo sería darles una utilización racional sin modificar su naturaleza jurídica.
La propuesta, finalmente, busca combinar producción agropecuaria, descentralización hacia municipios y comisiones de fomento, generación de recursos y mantenimiento de la infraestructura vial, manteniendo bajo control de Vialidad Provincial la determinación de qué superficies pueden ser explotadas.
El proyecto establece que, si fuera aprobado, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo dentro de los 90 días de su promulgación, mientras que los municipios y comisiones de fomento serían invitados a adherir al régimen.