El Gobierno provincial anunció que ya envió a la Legislatura un proyecto de ley para regular la administración del cobro de peajes en las rutas provinciales, una iniciativa que complementa la atribución que actualmente tiene la Dirección Provincial de Vialidad. La intención es empezar a cobrar a todos los camiones que no tienen residencia en la provincia.
El proyecto toma como base la Ley Provincial de Vialidad (Decreto-Ley 577/58) y busca incorporar herramientas para darle mayor operatividad y eficiencia al sistema.
La propuesta establece tres ejes centrales: el destino de los fondos recaudados, las excepciones al pago y el organismo encargado de administrar el cobro.
Además, la iniciativa del Poder Ejecutivo se suma a proyectos que ya fueron presentados por legisladores provinciales para avanzar con un sistema de peaje en las rutas pampeanas. Entre ellos se encuentran iniciativas impulsadas por el diputado radical Hipólito Altolaguirre y por el diputado peronista Espartaco Marín.
El proyecto contempla un conjunto de excepciones: los vehículos radicados tributariamente en la provincia, los vehículos de emergencia pertenecientes a organismos de seguridad, bomberos, salud pública y defensa civil, los vehículos oficiales afectados al cumplimiento de funciones públicas y aquellos destinados al servicio público de transporte interurbano de pasajeros.
Con relación al resto de los vehículos no radicados en La Pampa, la obligación o exención de pago estará determinada según el impacto que su peso genera en la vida útil de la infraestructura vial.
El 90% irá al Fondo Provincial Vial
Según el proyecto, la recaudación del peaje, una vez descontados los gastos operativos necesarios para su percepción, tendrá como destino principal la infraestructura vial.
El 90% de los recursos será girado al Fondo Provincial Vial, previsto en el artículo 21 del Decreto-Ley 577/58. De esta manera, el dinero obtenido por el peaje quedará afectado a la construcción, mantenimiento y reparación de las rutas provinciales.
El 10% restante será distribuido entre Municipalidades y Comisiones de Fomento, de acuerdo con criterios vinculados con la extensión de la red de caminos vecinales de cada jurisdicción.
Esos recursos tendrán una afectación específica para el mantenimiento de la infraestructura rural de los respectivos ejidos.
El Ejecutivo sostiene que la medida responde a la necesidad de considerar al sistema vial como una red integrada, en la que los caminos rurales y vecinales tienen un papel central para la producción agropecuaria, el traslado de personas y bienes y la integración territorial.
Vialidad seguirá a cargo de las rutas
El proyecto deja expresamente en manos de la Dirección Provincial de Vialidad la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas, además del control de cargas.
Lo que se propone modificar es la administración del sistema de cobro. Para esa tarea se plantea crear el “Fideicomiso Rutas Pampeanas”, cuyo Consejo Directivo estará integrado exclusivamente por autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad.
Los integrantes del Consejo no recibirán una remuneración adicional por cumplir esta función.
El Directorio de Vialidad está compuesto por un presidente y cinco vocales, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. En su integración participan representantes del Ejecutivo, entidades profesionales y del sector productivo y el Sindicato Vial Provincial.
Un sistema con cobro remoto
El Ejecutivo plantea que la estructura administrativa y operativa del nuevo esquema tenga una dimensión mínima, fundamentalmente por la incorporación de tecnología para avanzar en modalidades de cobro remoto del peaje.
La administración fiduciaria quedará bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M., una estructura estatal ya existente que administra fideicomisos vinculados con políticas públicas.
El Gobierno destaca además que la sociedad cuenta con participación de la oposición legislativa y está sometida al control del Tribunal de Cuentas.
Una discusión que ya está en la Legislatura
La propuesta oficial llegó a la Legislatura en un escenario en el que el cobro de peaje ya ingresó a la agenda. Por el radicalismo, el diputado Hipólito Altolaguirre presentó un proyecto sobre la implementación de un sistema de peaje, mientras que desde el peronismo también existe una iniciativa impulsada por Espartaco Marín.
Así, el proyecto del Poder Ejecutivo abrirá ahora una discusión legislativa en la que deberán analizarse no solamente la creación del sistema, sino también quién administra los recursos, qué vehículos pagan, cuáles quedan exceptuados y cómo se distribuirá la recaudación.
El argumento del Gobierno
Uno de los fundamentos centrales de la iniciativa es que la administración estatal permitiría evitar que parte de los recursos quede en manos de un operador privado.
El Ejecutivo sostiene que, a diferencia de un esquema de concesión, el régimen propuesto mantendría la administración dentro del Estado provincial y permitiría que la totalidad del excedente sea destinado a la infraestructura vial.