Los centros de diálisis atraviesan una situación crítica por el deterioro de los valores que paga el PAMI por los tratamientos de pacientes con enfermedad renal crónica. El sector denuncia que el módulo de diálisis acumula un fuerte atraso frente a la inflación, sufrió una reducción del 8% y reclama una recomposición cercana al 50% para poder sostener las prestaciones.
La preocupación alcanza a más de 200 centros de todo el país y a unos 4.700 afiliados del PAMI que reciben tratamientos de diálisis. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) advirtió que la situación resulta especialmente grave para los establecimientos del interior, donde los costos de traslado de pacientes, combustible, insumos y funcionamiento tienen un peso mayor.
El punto central del reclamo es la Resolución 1353/2026 del PAMI, que eliminó los Indicadores de Calidad que estaban vigentes desde 2021. Ese componente representaba un incentivo equivalente al 52% adicional sobre el valor base del módulo. De acuerdo con el análisis realizado por prestadores, la eliminación provocó una caída neta de alrededor del 7,5% en los módulos correspondientes a hemodiálisis (HD), hemodiafiltración (HDF), diálisis peritoneal crónica ambulatoria (DPCA) y diálisis peritoneal automatizada (APD).
Uno de los ejemplos planteados por CADRA muestra el impacto de la medida: una sesión de hemodiálisis urbana con calidad que tenía un valor de $182.000 pasó a $170.000 desde el 1° de mayo de 2026.
Mientras tanto, otras prestaciones de menor volumen para los centros de diálisis registraron incrementos de hasta el 40%, una diferencia que, según los prestadores, no alcanza para compensar la pérdida sufrida en las prácticas principales.
El deterioro de los valores se vuelve todavía más evidente cuando se compara la evolución del módulo con los costos generales. Desde enero de 2024, la unidad dialítica del nomenclador del PAMI aumentó apenas un 27%, mientras que el IPC acumulado durante el mismo período llegó al 160%. A esto se suma el incremento de los costos específicos que afrontan los centros, entre ellos los vinculados a salarios, insumos, energía y traslados.
Por ese motivo, CADRA reclama una recomposición del orden del 50% para acercar los aranceles a los costos reales de prestación. La entidad sostiene que el módulo no tuvo una actualización suficiente durante el último año y medio y que, además, la reciente reducción del 8% profundizó el desfasaje.
El conflicto comenzó a tomar mayor dimensión durante 2026. El 27 de febrero, representantes de CADRA mantuvieron una reunión con la conducción del PAMI y recibieron como respuesta que el organismo atravesaba una situación deficitaria y que el Ministerio de Economía restringía los envíos de fondos. En enero, además, el PAMI había dejado de pagar las prestaciones correspondientes a ese mes argumentando «limitaciones financieras».
En abril, los centros de diàlisis reclamaron formalmente a CADRA por las deudas correspondientes a enero y febrero y advirtieron sobre el riesgo que esa situación representaba para la continuidad operativa de los centros.
El 5 de mayo llegó la resolución que eliminó los indicadores de calidad y profundizó el conflicto. Una semana después, CADRA, junto con la Asociación Regional CABA/PBA y la Cámara de Terapia Renal, presentó un reclamo conjunto para revisar la medida, recomponer los valores y establecer un mecanismo de actualización automática.
La situación de pagos tampoco se habría normalizado. Según el relevamiento sectorial, entre abril y agosto el PAMI pagó marzo con 15 días de atraso y directamente omitió el pago correspondiente a abril, acumulando 30 días de demora sobre lo contractual.
La crisis tiene un impacto particularmente fuerte en los centros alejados de los grandes centros urbanos. Un caso planteado por el centro CEDEX, de Santa Rosa, corresponde a un paciente que debe trasladarse 175 kilómetros para recibir su tratamiento. El costo del traslado ronda los $350.000 por sesión y, según el centro, el reintegro del PAMI -$190.000- no alcanza para cubrirlo.
La problemática de los traslados es uno de los puntos más sensibles para los prestadores del interior. CADRA advirtió que el sistema obliga a los centros a afrontar, además de la prestación médica, costos asociados al traslado de pacientes, cirugías vasculares y otros requerimientos vinculados al tratamiento.
El conflicto ya tuvo consecuencias concretas en distintas provincias con las clínicas y sanatorios. El 24 de agosto, más de 20 instituciones privadas de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa suspendieron durante 24 horas la atención a afiliados del PAMI en reclamo de una actualización de los aranceles. La medida se sumó a otras protestas de prestadores privados frente al atraso en los pagos y los valores de las prestaciones.
En el caso de los centros de diálisis, la situación presenta una particularidad: el tratamiento no puede interrumpirse. Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal necesitan realizar sesiones periódicas de hemodiálisis o diálisis peritoneal para sostener su vida, por lo que una crisis financiera de los prestadores puede terminar afectando directamente la continuidad de la atención.
Desde CADRA aseguran que, pese al deterioro económico, los centros continúan atendiendo a los pacientes y buscan evitar llegar a una situación límite. Pero advierten que el esquema actual resulta cada vez más difícil de sostener y reclaman una respuesta urgente del PAMI.
