El juez de Ejecución Penal de General Pico, Jorge Mauricio Pascual, hizo lugar este lunes al hábeas corpus correctivo colectivo presentado por la Defensa Pública y ordenó una serie de medidas para modificar las pésimas condiciones de alojamiento en la Alcaidía de la Unidad Regional II: dispuso la clausura inmediata del Pabellón 5 y el traslado de 47 personas alojadas allí, al detectar que había la mitad de camas que presos alojados, quienes no tenían baños y hacían sus necesidades en baldes o caños a la cloaca, carecían de calefacción y convivían con ratas e insectos.
La resolución fue a pedido de la Defensa Pública, que pidió la clausura del Pabellón 5 de la Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico, luego de constatar que una celda diseñada para una persona llegó a alojar a nueve detenidos. También denunció falta de camas, problemas sanitarios, filtraciones y hacinamiento.
La presentación fue realizada mediante un hábeas corpus correctivo colectivo ante el juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual. Lleva la firma del defensor general Martín Saravia, la defensora pública Soledad Forte y el defensor adjunto Mauro Fernández.
En diálogo con Boca de Todos HD, Forte explicó los motivos del planteo y cuestionó las condiciones actuales de alojamiento. Según indicó, el nivel de ocupación, la falta de camas y las deficiencias edilicias y sanitarias superaron los límites tolerables.
Uno de los principales reclamos apunta al denominado Pabellón 5, un sector que había sido destinado originalmente a aislamiento o celda de castigo y que ahora se utiliza como alojamiento habitual. “Esto se solicitó hoy a la mañana”, explicó Forte al referirse al pedido de clausura.
Según señaló, durante un relevamiento realizado por la Defensa Pública se constató que el viernes había nueve personas detenidas en una celda diseñada para una sola persona. “Nueve personas en un lugar que estaba pensado para uno”, remarcó.
La situación se combina con problemas de infraestructura. Forte describió filtraciones, olores, inconvenientes en el sistema cloacal y deficiencias en la instalación eléctrica.
También cuestionó el lugar destinado para las duchas. “Lo que es ducha es un sector que no está habilitado como ducha”, explicó.
Según su descripción, existe un caño por el que cae agua sin cerramiento ni instalaciones adecuadas, lo que provoca que el sector termine inundado. En el hábeas corpus, la Defensa también denunció humedad, filtraciones, cloacas obstruidas, falta de ventilación, colchones deteriorados y ausencia de elementos básicos de higiene.
39 camas para 76 detenidos
Otro de los puntos centrales es la falta de camas. De acuerdo con los planos y registros oficiales mencionados por Forte, la Alcaidía cuenta con 39 tarimas o camas de cemento. Sin embargo, el viernes había 76 personas alojadas, mientras que al momento de la entrevista eran 73.
Con 76 detenidos y 39 camas, el déficit era de 37 camas individuales. La consecuencia, según los relevamientos de la Defensa Pública, es que algunos detenidos deben dormir sobre el piso.
Un pabellón nuevo, pero todavía sin habilitar
Forte también cuestionó que exista un pabellón nuevo que podría sumar aproximadamente diez camas, pero que todavía no está habilitado. “Si bien tardaron doce años en construirlo, hay un pabellón que se ha construido, que agregaría diez camas más y todavía no está habilitado”, señaló.
La defensora dijo desconocer los motivos por los cuales ese sector no se encuentra operativo. De todos modos, consideró que su habilitación aliviaría parcialmente el problema, aunque no alcanzaría para resolverlo.
49 condenados alojados en la alcaidía
Otro de los cuestionamientos apunta a la cantidad de personas con condena firme que permanecen en la dependencia policial.
Según los datos mencionados por Forte, el viernes había 49 personas condenadas alojadas en la alcaidía. “Tenían que estar en el sistema, en otro lado, no acá…”, sostuvo.
La defensora indicó además que más de la mitad tendría penas superiores a tres años, por lo que correspondería su alojamiento dentro del sistema penitenciario.
Forte recordó que la provincia realizó inversiones para ampliar la capacidad de la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, en el marco de un convenio destinado al alojamiento de personas condenadas en establecimientos del Servicio Penitenciario.
Sin embargo, afirmó que actualmente las plazas disponibles no alcanzan. “Los presos se quedan acá”, resumió.
Para la Defensa Pública, el problema requiere una respuesta conjunta del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, ya sea mediante el cumplimiento de los convenios existentes o a través de nuevas alternativas.
Incluso planteó que la provincia deberá analizar la posibilidad de contar con un servicio penitenciario propio.
263 personas condenadas en General Pico
La problemática, según Forte, excede a la alcaidía piquense. La defensora señaló que en General Pico hay aproximadamente 263 personas condenadas, mientras que la capacidad disponible sería inferior a la mitad de esa cantidad.
Además, advirtió que la situación también alcanza a distintas localidades de la zona norte de la provincia, donde personas privadas de su libertad permanecen alojadas en comisarías. “Las comisarías de los pueblos tienen dependencias que son pensadas para una demora de alguien borracho que salió a la plaza”, explicó.
Según sostuvo, esas instalaciones terminan utilizándose para alojamientos prolongados pese a que no fueron diseñadas como establecimientos penitenciarios.
La sobrepoblación también afecta a la Policía
Forte advirtió que la falta de plazas penitenciarias no repercute solamente sobre las personas detenidas. También obliga a destinar agentes policiales a tareas de custodia dentro de las comisarías. “Si ponés policías extra para custodiar, tenés menos policías para patrullarnos y darnos seguridad de manera preventiva”, explicó.
Para la defensora, la consecuencia es directa sobre la disponibilidad de efectivos para tareas de prevención. “La Policía no da abasto”, sostuvo.
Condenas cortas y dificultades para la reinserción
La defensora también puso el foco en las personas que reciben condenas de corta duración. Mencionó delitos como lesiones, amenazas y violación de domicilio, con penas que pueden ser de uno o dos años.
Según explicó, muchas de esas personas terminan cumpliendo la condena en dependencias que no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar un proceso de reinserción.
Forte señaló además la situación vinculada con los delitos de violencia de género y sostuvo que la política provincial de persecución de esos delitos incrementó la cantidad de condenas, muchas de ellas relativamente cortas.
El interrogante, planteó, es qué herramientas existen durante ese período para evitar que la persona vuelva a delinquir.
“¿Cómo vuelve a la sociedad?”
Forte formuló una pregunta de fondo sobre el funcionamiento del sistema. “¿Cómo vuelve a la sociedad una persona que pasó un año encerrada sin ningún tipo de tratamiento?”, dijo.
Explicó que una persona puede ingresar a prisión con trabajo y una determinada situación familiar, perder su empleo durante el cumplimiento de la condena y salir sin haber trabajado sobre las conductas que llevaron a la comisión del delito.
“Vos no tenés un sistema donde puedas trabajar el tema de salud mental como para rever alguna de esas conductas”, señaló.
También cuestionó las dificultades para acceder a tratamientos psicológicos y psiquiátricos dentro del sistema público y sostuvo que la crisis de salud mental también repercute sobre las personas privadas de su libertad.
Para Forte, si durante el cumplimiento de una pena no se trabaja sobre las causas que llevaron a una persona a delinquir, existe el riesgo de que salga en las mismas condiciones en las que ingresó.
“Los presos tienen derechos también”
Durante la entrevista, la defensora insistió en que las personas privadas de su libertad continúan siendo titulares de derechos. “Los presos tienen derechos también”, afirmó.
Entre esos derechos mencionó el acceso a la educación, el trabajo y herramientas de reinserción social.
La finalidad, sostuvo, debería ser que una persona salga de prisión en mejores condiciones que aquellas en las que ingresó. “Acá no sale mejor de lo que entró”, afirmó.
Una discusión de décadas
Forte también vinculó la situación actual con la evolución histórica del sistema penitenciario argentino.
Recordó las reformas impulsadas durante el siglo XX y la incorporación del trabajo y otras actividades dentro de las cárceles como herramientas para evitar el ocio y favorecer la reinserción.
También señaló que existen normas que establecen pautas vinculadas con la seguridad, el trabajo, el tratamiento y la reinserción de las personas condenadas.
Sin embargo, consideró que existe una brecha importante entre lo que establecen esas normas y la realidad cotidiana observada en algunos lugares de detención.