Luego de que cuatro constructoras pampeanas deslizaran la posibilidad de demandar a Nación por la deuda de los barrios Procrear que el Gobierno de Milei abandonó, desde Casa Rosada las convocaron para hablar de la rescisión de los contratos de obra, confirmó a Diario Textual el presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga.
Días atrás este diadio digital informó que un grupo de empresas constructoras que participó de los tres barrios Procrear de La Pampa analizaba iniciar una demanda contra el Gobierno nacional por una deuda que rondaría al menos $24.000 millones, correspondiente a trabajos realizados y certificados de obra que quedaron impagos luego de la paralización de los emprendimientos.
Las empresas son Bepha, Ecop, Iaco e Ilka. La deuda que reclaman es por las 636 viviendas -270 en Toay, 198 en General Pico y 168 en Santa Rosa- que empezaron a construir en el Gobierno de Alberto Fernández y debieron paralizarlas cuando Milei llegó a la presidencia a raíz del freno a la obra pública que impuso la actual administración nacional. En conjunto, esas obras presentan un avance promedio de aproximadamente 20%.
La eventual demanda de las constructoras se analizaba mientras el Gobierno de Sergio Ziliotto realiza gestiones para cerrar el convenio mediante el cual Nación aceptó transferir los tres desarrollos urbanísticos a la Provincia.
“Nos convocaron para la semana que viene a las empresas de La Pampa para empezar a charlar por la rescisión de los contratos. No es una reunión de Provincia con Nación”, confirmó Pérez Habiaga a Diario Textual.
La paralización de los Procrear generó consecuencias laborales y económicas desde 2024. En febrero de ese año, Diario Textual informó que la interrupción de las obras había provocado unos 400 despidos.
Actualmente, completar las 636 viviendas requiere una inversión considerable. A comienzos de 2026, la Provincia estimó una necesidad de entre US$40 millones y US$50 millones. Por eso, el problema ya no pasa solamente por obtener el traspaso de los desarrollos. La Provincia debe resolver también cómo financiar la terminación.