El exdiputado provincial y posible candidato a gobernador por la UCR, Martín Berhongaray, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por quitarle las regalías del sistema Los Nihuiles, pero también dijo que hay una cuota de responsabilidad de parte del Gobierno pampeano.
“Claramente la derogación del decreto 1560/73 es una decisión negativa para La Pampa, desde el punto de vista económico pero fundamentalmente desde lo que simboliza esa norma en la lucha por nuestros ríos, y es el desenlace de un reclamo administrativo que Mendoza inició a comienzos de este siglo, cuyo trámite pone de manifiesto que existió una enorme responsabilidad del gobierno de La Pampa en haber llegado a este resultado negativo”, dijo a Diario Textual.
“Y no lo digo solo ahora porque ya a fines del 2015, siendo diputado provincial, presenté un proyecto repudiando la actitud de ocultamiento asumida por el gobierno pampeano, cuando nos enteramos a partir de declaraciones del Fiscal de Estado de Mendoza, de que la Procuración del Tesoro de la Nación había emitido un dictamen el 6 de julio de 2015 en el sentido de derogar el decreto 1560/73. Cualquiera que sabe de derecho y de procedimiento administrativo entiende que revertir esa decisión iba a resultar altamente difícil”, resaltó.
“Dije en aquel momento que las autoridades pampeanas debieron haber informado a la ciudadanía y a la opinión pública de la existencia de este reclamo administrativo que llevaba varios años, porque hasta la Fuchad (NdeR: la Fundación Chadileuvú) se anotició de la existencia de ese expediente por los dichos del Procurador de Mendoza y una vez consumada la decisión de la Procuración del Tesoro de la Nación, y eso nos privó de asignar oportunamente a nuestros mejores especialistas y a nuestra mejor tradición al servicio de defender la posición pampeana que siempre se sustentó en sólidos argumentos fácticos y jurídicos”, sostuvo.
“Grueso error político de La Pampa -uno más de muchos- haber encerrado nuestra estrategia durante años a la discusión jurídica del asunto en los despachos de algunas reparticiones nacionales que históricamente resultaron proclives a congraciarse con las intenciones mendocinas, dada su mayor peso político, económico y electoral en el concierto nacional”, dijo.
¿Por qué era tan negativo para La Pampa lo resuelto en el 2015 por la Procuración de Tesoro de la Nación? “Porque ese funcionario, con jerarquía equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, no solo dirige el cuerpo de abogados del Estado sino que los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos que sienta la Procuración del Tesoro de la Nación son obligatorios para todos los abogados del Estado”, dijo.
“Ya en aquel momento y en aquel expediente habían intervenido distintas reparticiones del Estado Nacional (Asesor Legal y Dirección Nacional de Prospectiva de la Subsecretaría de Energía, Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras), y todas esas conclusiones resultaron contrarias a la histórica posición defendida por La Pampa y aconsejaban la derogación del decreto 1560”, dijo.
“Hoy las esperanzas de La Pampa tienen que concentrarse en la causa judicial que tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Máximo Tribunal debe decidir sobre las regalías futuras, y sobre el cobro retroactivo que también pretende Mendoza. Considero que es indispensable que, a diferencia de la actitud de ocultamiento que tuvo nuestro gobierno provincial respecto del trámite administrativo y cuyos resultados están a la vista, en esta instancia judicial se de plena participación a las fuerzas vivas de la provincia y a los partidos políticos dispuestos a defender los derechos sobre nuestros ríos”, expresó.
“Mencioné la importancia que desde lo simbólico tiene para La Pampa el decreto 1560 del año 1973, porque en ese entonces, cuando Mendoza intentó derogar ese decreto, todos los sectores pampeanos que integraban la Comisión Popular de Defensa de los Río Pampeanos (Copdrip), se movilizaron y lograron que no se excluya a nuestra provincia del cobro de las regalías de los Nihuiles”, finalizó.
La medida de Nación fue dispuesta mediante el Decreto Nacional 982/2026, que dejó sin efecto el esquema vigente desde 1973 y estableció que Mendoza perciba la totalidad de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico. Hasta ahora, esos recursos se distribuían entre ambas provincias.