La exministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic analizó en Radio Textual (por Radio Kermés) la nueva Ley Penal Juvenil y advirtió que bajar la edad de imputabilidad a 14 años no necesariamente permitirá reducir los delitos ni evitar que los adolescentes reincidan. “El eslogan de la baja de la punibilidad es un error. No es un error ideológico, que evidentemente rindió frutos para las posiciones más de derecha, pero me parece que es un error en el sentido de que no es un camino de solución del problema”, sostuvo.
Frederic aclaró que la nueva ley, una vez aprobada, debe cumplirse, pero consideró que la discusión central no debería estar puesta solamente en la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido al sistema penal. Para la exfuncionaria, el verdadero interrogante es qué respuesta se construye para los chicos que tienen conflictos con la ley y, fundamentalmente, cómo evitar que continúen una trayectoria delictiva.
“Yo estoy de acuerdo que hay que hacer algo con los niños y adolescentes que tienen conflictos con la ley penal cuando tienen menos de 16 años”, afirmó. En su análisis, las respuestas que existían hasta ahora “no alcanzaban para evitar los delitos” ni para “sacar a los pibes de la situación del delito”.
Por eso, sostuvo que el objetivo debería estar puesto en desarrollar políticas preventivas y mecanismos que permitan trabajar sobre la responsabilidad de los adolescentes.
“Me parece que la discusión para mí no es baja sí, baja no, sino qué se hace con eso, qué se hace con ese niño en el encierro”, planteó.
En ese punto, Frederic destacó la importancia de las medidas alternativas a la privación de libertad y de lo que definió como justicia restaurativa. Según explicó, se trata de herramientas destinadas a generar en los adolescentes un sentido de responsabilidad sobre sus actos y evitar la reincidencia.
La exministra puso como ejemplo la intervención de la jueza de la provincia de Buenos Aires que dispuso una cautelar vinculada con la aplicación del nuevo régimen. Más allá de las cuestiones políticas que rodearon la decisión, consideró “muy sensato” el planteo de garantizar que la aplicación de la ley contemple no solamente el encierro, sino también las medidas alternativas previstas.
“Se lo tira en un lugar y se lo abandona o se intenta con mucho trabajo, porque eso requiere mucho trabajo, mucho trabajo de personal especializado”, señaló Frederic.
Para la exfuncionaria, el objetivo debería ser que el adolescente pueda comprender las normas, el daño provocado por sus actos y las consecuencias que estos tienen sobre la convivencia social.
“Hay que introducir esa madurez que exigen el conocimiento de las normas y el daño que produce no cumplirlas en la convivencia social”, sostuvo.
Frederic también cuestionó que la discusión sobre seguridad se concentre en la responsabilidad penal de los menores de 16 años. Según afirmó, “el problema del delito no lo generan los niños” y señaló que, tomando como referencia la provincia de Buenos Aires, los menores representan una proporción reducida dentro del universo de quienes cometen delitos.
“Esto no quiere decir que no sea un problema que haya niños que delinquen”, aclaró. Pero consideró necesario dimensionar el fenómeno antes de convertir la baja de la edad de punibilidad en la principal respuesta frente al delito.
En ese sentido, aseguró que no existe una relación directa entre una menor edad de punibilidad y una reducción de los homicidios. Mencionó que Argentina tiene una tasa de homicidios baja en comparación con otros países de la región y sostuvo que esa tasa viene descendiendo desde 2014, cuando el límite de punibilidad era de 16 años.
“No hay ninguna relación entre más homicidios y edad de punibilidad”, afirmó.
Para Frederic, el dato que debería observarse a partir de ahora es otro: la reincidencia de los adolescentes que ingresen al nuevo sistema.
“Lo que hay que preguntarle a las provincias y al Estado Nacional es quién se va a ocupar de hacer el análisis de cuál es la tasa de reincidencia”, planteó. Y agregó que ese será “el dato central” para determinar si la nueva legislación funciona o termina agravando el problema que buscaba solucionar.
“Si la tasa de reincidencia de chicos que entran con este sistema es más baja o más alta que la anterior, si es más alta o igual, evidentemente la ley no sirve para nada”, sostuvo.
La exministra también advirtió sobre el riesgo de que el encierro termine profundizando las conductas delictivas. “La escuela del delito se conocía en el encierro, eso está recontra comprobado”, afirmó, y mencionó estudios realizados en otros países para sostener su planteo.
En su análisis, la sanción es necesaria, pero debe estar graduada y acompañada por políticas que permitan evitar que el adolescente salga del sistema penal en peores condiciones de las que ingresó.
“Todos queremos que los niños no delincan, todos queremos que no generen daños a los otros”, remarcó.
Frederic consideró además que la discusión sobre la seguridad estuvo atravesada por un fuerte componente político y por un reclamo social que surge, especialmente, de los sectores populares afectados por los delitos.
“Yo creo que el Gobierno capitalizó un eslogan, un eslogan forjado en la impotencia”, señaló. Explicó que en los barrios populares existe muchas veces una sensación de impotencia frente a chicos que consumen drogas, venden drogas o roban y que, ante la falta de alternativas visibles, la idea de encerrarlos puede aparecer como una solución sencilla.
“Cuando aparece este eslogan, esta solución fácil, hay que encerrarlos a todos”, sostuvo.
La exfuncionaria reconoció que debe existir una sanción frente al delito, pero insistió en que debe ser proporcional y estar acompañada por herramientas de prevención y reinserción.
“Yo estoy de acuerdo, alguna sanción hay que aplicar porque así se educa también, con sanciones, pero es que hay que graduarlas, y no terminar convirtiéndose el chico en algo peor hacia adelante”, afirmó.
Frederic también valoró que el texto definitivo de la ley haya incorporado modificaciones respecto del proyecto original presentado por el Gobierno nacional. Destacó particularmente la incorporación de medidas alternativas y mecanismos vinculados con la justicia restaurativa.
Según explicó, esas herramientas pueden incluir trabajos comunitarios, talleres y encuentros con la comunidad afectada, siempre que exista voluntad para desarrollar ese tipo de procesos.
Pero advirtió que para que esas medidas funcionen se necesitan recursos y personal especializado. “El problema de esta ley es que crea solamente un supervisor especializado responsable que todavía no fueron designados”, señaló.
Para Frederic, la implementación de la nueva normativa abre así una serie de interrogantes sobre la capacidad real del Estado para llevar adelante el sistema previsto en la ley.
“Se necesita personal”, insistió, y cuestionó que todavía no esté claro cuál será la cantidad de casos que deberá atender cada supervisor ni cuál será el volumen que finalmente tendrá el sistema penal juvenil.
