Por Lucía Medina
Para las elecciones de 2027, uno de los principales debates ya está planteado: ¿qué pasa cuando una imagen, una voz o un video pueden ser falsos y parecer reales? Mientras distintos países ensayan respuestas frente a los deepfakes y los contenidos sintéticos, Argentina empieza a discutir dónde están los límites entre manipulación, transparencia y libertad de expresión.
La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic volvió a poner esta semana a la inteligencia artificial en el centro de la discusión. El investigador, que también trabajó en OpenAI, cuestionó la velocidad con la que compiten las principales compañías del sector y advirtió sobre los riesgos que pueden generar sistemas cada vez más poderosos y difíciles de controlar.
Su planteo apunta a escenarios mucho más amplios que una elección. Pero vuelve a mostrar una característica que atraviesa también a la política: la tecnología cambia rápido y las instituciones intentan definir sus reglas mientras esos cambios ya están ocurriendo.
En Argentina, la próxima prueba será la campaña presidencial de 2027.
Generar una imagen ficticia de un candidato, reproducir su voz o construir un video en el que parece decir algo que nunca dijo es cada vez más sencillo. Y, a diferencia de lo que ocurría pocos años atrás, distinguir esos contenidos a simple vista también puede ser cada vez más difícil.
La inteligencia artificial no llegará por primera vez a una campaña argentina. Ya estuvo presente en 2023. Lo que cambia para la próxima elección es la capacidad de las herramientas y, al mismo tiempo, la discusión sobre qué hacer con ellas.
De las imágenes de 2023 a los deepfakes de 2027
Durante la última elección presidencial circularon imágenes generadas con inteligencia artificial de Sergio Massa y Javier Milei, recreaciones ficticias de escenas políticas y distintas piezas producidas específicamente para redes sociales.
En muchos casos, la manipulación era parte del propio mensaje. Se trataba de imágenes exageradas, humorísticas o propagandísticas cuya artificialidad podía advertirse con relativa facilidad.
Ese límite comenzó a volverse menos claro.
Los actuales sistemas permiten reproducir rostros, movimientos y voces con un nivel de precisión mucho mayor. La misma herramienta puede utilizarse para hacer una ilustración de campaña, producir una parodia o construir una escena aparentemente real que nunca ocurrió.
Y es esa diferencia la que empieza a ocupar a legisladores, tribunales y organismos electorales en distintos países.
La discusión no se concentra necesariamente en el uso de inteligencia artificial en sí mismo. El punto que aparece con mayor frecuencia es qué sucede cuando un contenido sintético puede ser confundido con un hecho, una declaración o una imagen auténtica.
El mundo prueba distintas reglas
Todavía no existe una respuesta única.
En Estados Unidos, donde la regulación electoral depende en buena medida de cada estado, ya son 31 los que cuentan con normas específicas sobre deepfakes en campañas. La mayoría eligió un sistema de advertencias: 28 exigen que determinados contenidos manipulados indiquen que fueron creados o alterados artificialmente. Otros tres estados avanzaron sobre prohibiciones específicas.
Las diferencias muestran que la discusión no está cerrada.
Algunas normas se aplican únicamente durante las semanas previas a una elección. Otras toman en cuenta la intención de perjudicar a un candidato o influir sobre el resultado. También existen excepciones para medios de comunicación, sátiras y otros tipos de expresión.
La Unión Europea tomó otro camino. Desde el 2 de agosto de este año comenzaron a aplicarse las obligaciones de transparencia previstas por su Ley de Inteligencia Artificial. Entre ellas, determinados deepfakes deben ser identificados como contenidos generados o manipulados mediante IA. Los sistemas generativos también deben incorporar marcas técnicas que permitan reconocer ese origen.
No se trata de una regulación electoral específica ni de una prohibición general de utilizar inteligencia artificial. El enfoque está puesto principalmente en que quien recibe el contenido pueda conocer cuándo existió una intervención de IA.
Son modelos distintos para una misma situación que empieza a repetirse: la posibilidad de crear material político sintético convive con el derecho a producir propaganda, humor, ficción, críticas y opiniones.
La discusión ya llegó a la Justicia argentina
Argentina tuvo un primer antecedente concreto durante el proceso electoral de 2025.
En agosto de ese año, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez realizó una presentación judicial para reclamar medidas frente a los deepfakes y a la clonación no autorizada de voces y rostros mediante inteligencia artificial.
Entre los antecedentes mencionó imágenes creadas durante las elecciones porteñas de 2025 de Mauricio Macri y Silvia Lospennato, además de un caso anterior relacionado con Mario Negri.
La presentación llevó la discusión a un punto que probablemente vuelva a aparecer de cara a 2027: dónde ubicar el límite entre una manipulación capaz de afectar la información con la que vota una persona y la libertad de expresión propia de una campaña electoral.
Cuando analizó el caso, la Fiscalía Electoral recordó criterios de la Cámara Nacional Electoral orientados a contrarrestar la manipulación digital, pero señaló que ese objetivo debía alcanzarse sin menoscabar la libertad de expresión, a la que vinculó con la libertad de información y la formación de la opinión pública.
El debate, entonces, ya no es solamente tecnológico.
También es jurídico y electoral.
Un proyecto espera en Diputados
La misma discusión llegó al Congreso.
En julio de 2025 se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto 3728-D-2025, que propone modificar el Código Electoral Nacional frente a la desinformación producida mediante inteligencia artificial. La iniciativa permanece girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones e Informática.
El texto tampoco plantea una prohibición general de utilizar IA durante una campaña.
Apunta específicamente a situaciones como suplantar de manera verosímil la identidad o la voz de un candidato, atribuirle declaraciones que nunca realizó o fabricar acontecimientos falsos presentándolos como verdaderos con la intención de influir en el proceso electoral.
Al mismo tiempo, el proyecto excluye las obras artísticas, ficcionales, satíricas o hipotéticas cuando su naturaleza sea evidente. También establece que las disposiciones no deberían utilizarse para restringir expresiones legítimas y que, frente a una duda sobre el contenido, debe primar una interpretación amplia de la libertad de expresión.
La propuesta todavía no se convirtió en ley, pero muestra por dónde empieza a pasar la discusión argentina.
No tanto por determinar si la inteligencia artificial puede formar parte de una campaña, sino por establecer qué ocurre cuando la utilización de esa herramienta dificulta saber si algo efectivamente sucedió.
Una discusión que llegará a 2027
Quedan preguntas abiertas.
Qué debería ocurrir si circula un video falso de un candidato pocas horas antes de votar. Cómo se identifica el contenido producido por una campaña y qué sucede cuando proviene de cuentas que no tienen ninguna relación formal con ella. Hasta dónde alcanza una obligación de informar que se utilizó IA. O cómo diferenciar rápidamente una falsificación diseñada para engañar de una sátira que utiliza exactamente la misma tecnología.
Estados Unidos, Europa y otros países están ensayando respuestas diferentes. Argentina ya tuvo planteos judiciales y un proyecto legislativo, pero todavía no definió un régimen específico para la próxima elección presidencial.
Mientras esa discusión avanza, las herramientas también lo hacen.
En 2023, la inteligencia artificial fue una novedad dentro de la campaña argentina. Para 2027, probablemente forme parte habitual de la producción de contenidos políticos.
La discusión que empieza ahora es bajo qué reglas se va a utilizar.