El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados establece un nuevo régimen para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina, crea un Consejo de Seguridad Nacional y regula la actuación del Estado frente a amenazas externas.
La iniciativa también modifica la Ley de Defensa Nacional, incorpora herramientas para proteger el espacio aéreo y marítimo, endurece las normas contra la influencia extranjera en la política argentina y eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Según la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.
Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.
El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.
Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.
En el articulado, también se contempla el uso de la fuerza para proteger el espacio aéreo y marítimo. Ante una aeronave considerada hostil se establece una secuencia que va desde su identificación y advertencia hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa.
Para buques se contemplan medidas progresivas que incluyen persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento será excepcional y requerirá autorización presidencial, y estará prohibido como sanción contra un buque civil o simplemente para impedir su fuga.
También se configuran como nuevos delitos y restricciones contra la influencia extranjera: se prohibirán aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Además se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.