La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial comenzará a analizar el cobro de peaje que proponen tres proyectos de ley: el del Poder Ejecutivo, el del radical Hipólito Altolaguirre y el de los diputados del Frejupa encabezados por Espartaco Marín. Fuentes legislativas adelantaron a Diario Textual que la discusión podría concentrarse en dos cuestiones: la creación de un fideicomiso para administrar la recaudación y el alcance de la obligación de pago, ante el interrogante sobre una eventual objeción constitucional si el peaje se aplica solo a determinados camiones o en función de su jurisdicción de origen.
La llegada del proyecto del gobernador Sergio Ziliotto a la Legislatura abrió formalmente el debate sobre una herramienta que hasta ahora no existe en las rutas provinciales. La iniciativa oficial se sumó a otras dos que ya estaban en manos de los diputados: una presentada por Hipólito “Poli” Altolaguirre y otra por Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff.
Los tres proyectos parten de un mismo problema: el fuerte incremento del tránsito pesado que atraviesa La Pampa, en particular el transporte de arena con destino a Vaca Muerta, y el costo que ese movimiento genera sobre las rutas provinciales. Datos oficiales difundidos por Diario Textual indican que por algunos corredores circulan entre 800 y 1.200 camiones diarios, mientras que en la ruta provincial 1 el tránsito se multiplicó respecto de los niveles anteriores.
La discusión legislativa, sin embargo, no se limitará a determinar cuánto se cobrará. Uno de los primeros puntos que aparece en el análisis es la decisión del Ejecutivo de crear el “Fideicomiso Rutas Pampeanas” y poner la administración del cobro bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M.. La Dirección Provincial de Vialidad conservaría la construcción, reparación, mantenimiento de las rutas y el control de cargas.
Ese esquema ya recibió objeciones de la oposición. Altolaguirre dijo a Diario Textual que no comparte la creación de otra estructura fiduciaria porque, a su criterio, esas funciones podrían quedar directamente en manos de Vialidad Provincial.
El segundo punto puede ser todavía más complejo: quiénes pueden ser obligados a pagar. El proyecto oficial establece excepciones para los vehículos radicados tributariamente en La Pampa, además de vehículos de emergencia, oficiales y de transporte público interurbano. Para los restantes vehículos no radicados en la provincia, la obligación de pago queda vinculada con el impacto que produzca su peso sobre la vida útil de la infraestructura vial.
El proyecto de Marín, en cambio, nació con un universo mucho más específico: una contribución especial para los camiones que transportan arena hacia Vaca Muerta. Y el de Altolaguirre utiliza otro criterio, basado en el uso de la infraestructura y el control del transporte pesado interjurisdiccional.
La pregunta jurídica que deberá formar parte del análisis es si esa diferenciación puede justificarse por el mayor uso, peso o daño que determinados vehículos producen sobre las rutas o si una norma que toma como criterio central el origen jurisdiccional del vehículo, o una carga determinada, puede ser cuestionada como un gravamen sobre el tránsito interjurisdiccional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el caso Estado Nacional c/ Arenera El Libertador que el peaje no es inconstitucional por sí mismo. El criterio central es que no puede convertirse en un pago exigido por el mero paso, desvinculado de una obra o servicio relacionado con la vía de tránsito. La jurisprudencia también distingue un peaje de un impuesto que grave el mero tráfico interjurisdiccional.
Por eso, la discusión de Hacienda podría centrarse en una cuestión particularmente sensible: cómo diseñar el hecho imponible para que el cobro tenga una relación concreta con el uso de la infraestructura y con el costo que genera el transporte pesado, sin que pueda ser interpretado como una barrera al tránsito entre provincias.
El proyecto del Ejecutivo
El proyecto del Poder Ejecutivo es el que tiene el alcance institucional más amplio. Se denomina “Administración del cobro de peaje en rutas provinciales” y complementa la atribución que ya tiene la Dirección Provincial de Vialidad a partir del Decreto-Ley 577/58. El esquema apunta a los vehículos que no están radicados tributariamente en La Pampa, con excepciones expresas.
La recaudación, descontados los costos operativos, se distribuiría en un 90% para el Fondo Provincial Vial y un 10% para municipalidades y comisiones de fomento, con destino al mantenimiento de los caminos vecinales. El cobro sería administrado mediante el Fideicomiso Rutas Pampeanas, bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa, mientras Vialidad conservaría las tareas propias de la infraestructura vial y el control de cargas. El Ejecutivo además propone avanzar con modalidades de cobro remoto.
Qué propone Altolaguirre
El proyecto de Hipólito Altolaguirre crea el Régimen de Contribución por Uso de Infraestructura Vial y Control de Cargas y deja a la Dirección Provincial de Vialidad como autoridad de aplicación, con facultades para administrar, recaudar y fiscalizar el sistema. En una primera etapa propone dos cabinas: una sobre la ruta provincial 1, entre la ruta nacional 5 y la ruta provincial 14, y otra sobre la ruta provincial 18, entre la ruta nacional 35 y la ruta provincial 9.
La iniciativa radical incorpora además pesaje obligatorio, balanzas dinámicas y tecnología como TelePASE. Para determinar la tarifa utiliza como referencia el precio de un litro de Gasoil Grado 3 de YPF en Santa Rosa. Los vehículos radicados en La Pampa que estén al día con el impuesto correspondiente quedan exentos, mientras que el transporte de cargas que tenga origen y destino dentro de la provincia puede acceder a una bonificación del 40%, acreditada mediante Carta de Porte Electrónica. La recaudación tendría como destino el Fondo de Mantenimiento Vial Estratégico, para bacheo, repavimentación, señalización, seguridad vial y equipamiento de control.
La iniciativa de “Taco”
El proyecto de Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff, denominado “Peaje petrolero y autovía”, es el más específicamente vinculado con Vaca Muerta. Propone crear una contribución especial para los camiones que transportan arena hacia la formación neuquina, con excepción de los vehículos particulares y del transporte vinculado con la producción pampeana patentado en la provincia.
El destino de los recursos sería doble: mantenimiento y reparación de la red vial provincial y construcción de una autovía en los corredores donde se concentra ese tránsito. Marín planteó que el esquema debería pensarse para un escenario de unos 1.000 camiones diarios durante 15 años y sostuvo públicamente que las empresas petroleras podrían afrontar un peaje del orden de los 10 dólares por camión, aunque también mencionó alternativas de uno, dos o tres dólares.
De esta manera, la Legislatura deberá resolver no solo si La Pampa cobra peaje, sino qué tipo de sistema quiere establecer: uno general para determinados vehículos no radicados en la provincia, como plantea el Ejecutivo; uno que combine cobro con controles de peso y corredores específicos, como propone Altolaguirre; o una contribución concentrada en el transporte asociado a Vaca Muerta y vinculada además con la construcción de una autovía, como plantea Marín.
La discusión comenzará ahora en comisión y podría determinar si los tres proyectos se unifican en una única iniciativa o si alguno de los esquemas queda como base para la futura ley.
