El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional volvió a encender la alarma entre las organizaciones vinculadas a la discapacidad. Mario Lonegro, integrante de la Fundación Madre Teresa y de la Red Nacional Trisomía 21, cuestionó los cambios planteados y advirtió que pueden significar un retroceso en derechos y prestaciones que fueron construidos durante años.
El proyecto enviado al Congreso incorpora modificaciones al régimen de discapacidad, entre ellas cambios en el sistema de prestaciones y en las pensiones. La iniciativa elimina el precio único de las prestaciones (el nomenclador) y su actualización por inflación, al tiempo que modifica el alcance de las pensiones por discapacidad.
La discusión se da además cuando todavía está vigente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año. La norma establece como objetivos garantizar derechos vinculados con la salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad.
Para Lonegro, el planteo del Gobierno implica volver a una concepción de la discapacidad que considera superada. “Hay un grado de estupor en ver que insisten con caminos que ya, colectivamente, se les ha mostrado que la sociedad no los acepta”, sostuvo en diálogo con Radio Textual. (por Radio Kermés)
El referente pampeano recordó que la Ley de Emergencia había sido objeto de una fuerte disputa política y señaló que el Congreso rechazó los vetos presidenciales. En ese sentido, cuestionó que el Presupuesto vuelva a introducir modificaciones sobre la cuestión.
“Lo que quieren hacer con esta nueva mirada es que la discapacidad sea un problema individual de la persona, de la familia y desentenderse del caso”, afirmó.
Lonegro planteó que el debate no debería limitarse al costo de las prestaciones sino incorporar una perspectiva de derechos. “Nosotros vemos que vuelven a un retroceso de décadas al mirar la discapacidad como una cuestión médica”, señaló, y recordó que durante las últimas décadas se avanzó hacia el denominado modelo social de la discapacidad.
“Ya veníamos de hace tiempo, habíamos avanzado que esto es una cuestión de derechos humanos”, sostuvo.
En su análisis, también destacó los avances conseguidos en materia educativa, deportiva y laboral y puso como ejemplo la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda acceder a un empleo formal sin perder automáticamente su pensión.
“Nosotros sabemos que la persona con discapacidad quiere insertarse en el mundo laboral, pero no puede tener una mirada igualitaria con una persona convencional”, explicó.
Según Lonegro, las dificultades cotidianas que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias no pueden ser evaluadas únicamente desde una lógica económica. “Una persona con discapacidad tiene muchas más trabas en su vida diaria que si lo vamos a mirar solamente con la planilla de Excel”, planteó.
El impacto, sostuvo, también se observa en la vida cotidiana de las familias. Contó que su hijo terminó el secundario el año pasado y que durante este año no pudo continuar con una actividad sistemática en un centro de día porque no se incorporaron nuevos asistentes ante la incertidumbre que atraviesan esas instituciones.
“Entonces, yo tengo que ir buscando actividades y tratando de organizarles la vida para que no estén todo el día, con toda la energía que tiene un joven que termina el secundario, sin tener cosas que hacer”, relató.
La familia logró encontrar alternativas deportivas y artísticas, entre ellas teatro, actividades artísticas, natación y deporte adaptado. Pero, según explicó, ese esquema implica que los propios familiares tengan que resolver traslados y acompañamiento individual.
“Habíamos logrado en algunos momentos que fueran actividades sistemáticas, como puede tener otro joven convencional”, señaló.
Lonegro también describió situaciones que, según indicó, atraviesan otras familias y personas con discapacidad: dificultades para acceder a medicamentos, reducción de tratamientos y prestadores que dejan de brindar terapias porque los valores que reciben no les permiten sostener sus estructuras.
“Es perfectamente entendible que hay una vocación enorme de ayudar en los prestadores, pero tampoco pueden vivir del aire. Esa vocación no les da de comer ni pagar las cuentas de servicios”, afirmó.
Para el dirigente, el deterioro de las prestaciones termina trasladando parte de la responsabilidad hacia las familias, que deben asumir tareas y costos que antes estaban cubiertos por un sistema de atención.
La discusión sobre el Presupuesto 2027 ya generó además movimientos dentro del Congreso. En los últimos días, el Gobierno abrió la posibilidad de modificar el capítulo referido a discapacidad ante los cuestionamientos de distintos sectores y de sus propios aliados parlamentarios.
Mientras tanto, las organizaciones del sector analizan nuevas acciones para visibilizar el reclamo. Lonegro explicó que todavía no había una medida concreta definida, pero confirmó que existen conversaciones entre entidades nacionales para volver a llevar el reclamo al Congreso.
“Sabemos que esto no va a mejorar mucho, pero si no lo luchamos y lo peleamos va a estar peor todavía”, sostuvo.
Desde La Pampa, además de su trabajo en la Fundación Madre Teresa, Lonegro participa de la Red Nacional Trisomía 21 y mantiene contacto con organizaciones de todo el país. También mencionó el trabajo del Foro Permanente de Discapacidad y el contacto con el cura Pablo Molero para evaluar nuevas acciones.
Finalmente, remarcó que el reclamo excede a las personas con discapacidad y sus familias.
“Nosotros pensamos que la lucha que hacemos desde el colectivo de discapacidad mejora a toda la comunidad, porque saca lo mejor de todos, entonces no es una lucha sectorial esta”, concluyó.