El intendente de Alpachiri, Iván Fuhr, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el “RIGI Alpachirense”, un régimen de incentivos destinado a promover la instalación, permanencia y expansión de plantas de acopio de cereales, cooperativas agropecuarias y ferias de comercialización ganadera dentro del ejido municipal.
La iniciativa busca atraer inversiones privadas, generar empleo, incorporar infraestructura y tecnología y fortalecer la actividad económica local. El proyecto sostiene que la radicación de nuevos emprendimientos permitiría ampliar la capacidad de almacenamiento y comercialización y consolidar a Alpachiri como un polo logístico y productivo de la región.
Uno de los principales beneficios planteados es un régimen de subsidios municipales para las guías de cereales y de hacienda. Para las operaciones realizadas por plantas de acopio alcanzadas por el régimen, cada guía de cereales tendría un costo de 0,04 Unidades Físicas de Granos (UFG), mientras que la diferencia respecto del valor vigente sería subsidiada por la Municipalidad.
En el caso de las ferias ganaderas, las guías de hacienda tendrían un valor de 0,5 Unidades Fijas Semovientes (UFS), también con subsidio municipal sobre la diferencia. Para las guías de entrada de hacienda destinadas exclusivamente a remates feriales físicos realizados en Alpachiri, el proyecto establece el mismo valor de 0,5 UFS, lo que representa una reducción aproximada del 68 por ciento respecto del valor general vigente.
El proyecto establece que podrán acceder al régimen los establecimientos radicados o que se radiquen en Alpachiri, con habilitación municipal vigente y situación tributaria regularizada. También deberán cumplir con las normas ambientales, sanitarias y de seguridad y presentar un plan de inversión o desarrollo que contemple ampliaciones, modernización, construcción o incorporación de infraestructura.
Entre las condiciones se incluye además el compromiso de mantener o incrementar los puestos de trabajo registrados en la localidad, con prioridad para la contratación de mano de obra local en igualdad de condiciones.
El beneficio tendría una vigencia de 15 años desde su otorgamiento, siempre que los beneficiarios mantengan las condiciones que dieron origen al régimen y continúen con sus actividades dentro del ejido municipal. Además, deberán presentar anualmente una declaración jurada con información sobre las inversiones realizadas, la cantidad de trabajadores y las mejoras incorporadas.
La propuesta también contempla la posibilidad de suspender o retirar los beneficios ante incumplimientos vinculados con la inversión productiva, la continuidad de la actividad o el mantenimiento del empleo.