Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, alertó en Radio Textual (por Radio Kermés) que la reducción de los subsidios al gas puede profundizar la pobreza energética y obligar a las familias a elegir entre pagar los servicios o comer. Las asociaciones estudian posibles acciones judiciales para frenar la medida.
El pasado jueves, el Senado aprobó -en mayo ya lo había hecho Diputados- el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modificó el régimen de subsidios al gas y redujo los beneficios contemplados por la Ley de Zona Fría, de la que forma parte La Pampa. La iniciativa tendrá impacto sobre unos 136 mil hogares pampeanos que actualmente cuentan con el beneficio en sus facturas de gas.El cambio no solo modifica quién y cómo determina el beneficio, sino también sobre qué componentes de la factura se aplicaría. Actualmente, el descuento de la Zona Fría alcanza a la tarifa de gas. La propuesta oficial plantea que el subsidio se calcule únicamente sobre el precio del gas, dejando afuera los componentes correspondientes al transporte y la distribución.
En una entrevista con Radio Textual, Bassano cuestionó el esquema de reducción de subsidios y sostuvo que la política energética del Gobierno nacional apunta a que los usuarios paguen directamente el costo de la energía, incluido el precio de generación.
“Lo que quieren es que directamente el consumidor pague el precio total de la energía”, afirmó.
El representante de la asociación explicó que el sistema de subsidios contempla tanto los beneficios generales sobre la energía como aquellos destinados a regiones con condiciones climáticas particulares, como ocurre con el régimen de Zona Fría. En ese sentido, advirtió que la quita de esas compensaciones puede trasladar una mayor parte del costo a los usuarios.
En La Pampa, donde el gas es un servicio esencial para calefaccionar las viviendas durante el invierno, la modificación del régimen puede representar un problema adicional para los hogares que ya destinan una parte importante de sus ingresos al pago de servicios.
Bassano sostuvo que el debate no puede limitarse al equilibrio de las cuentas públicas y reclamó que se tenga en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. “Hay muchos argentinos que no pueden pagar el gas que ingresa a nuestros hogares”, señaló.
El dirigente también cuestionó que el precio que pagan los consumidores esté atado a valores internacionales y consideró que el esquema actual no prioriza la situación económica de las familias.
“Esta realidad junto con estas normas debe tomarse conciencia de parte de los consumidores”, expresó durante la entrevista.
Bassano puso el foco en el concepto de pobreza energética, que describió como la situación en la que los ingresos de una familia no alcanzan para cubrir sus necesidades de energía sin resignar otros consumos esenciales.
“El consumidor va a tener que pensar lo que es la pobreza energética: o come o paga los servicios, se muere de frío y come, prende una vela y come o paga los servicios”, advirtió.
Para el dirigente, la discusión sobre las tarifas debe contemplar las consecuencias sociales de los aumentos y el acceso efectivo a servicios esenciales. En ese sentido, sostuvo que el consumidor es la parte más vulnerable de la relación con las empresas y que las políticas públicas deben proteger sus derechos.
Consultado sobre la posibilidad de presentar acciones judiciales para frenar las modificaciones al régimen de Zona Fría, Bassano confirmó que las asociaciones de consumidores estudian avanzar por esa vía, aunque aclaró que todavía no hay una decisión definitiva.
“Creemos que vamos a iniciar acciones al respecto, pero hasta este momento lo tenemos como en una carpeta de estudio”, afirmó.
El dirigente explicó que las organizaciones buscan alternativas para cuestionar las medidas, aunque advirtió sobre las dificultades que enfrentan los reclamos colectivos y los tiempos que demandan los procesos judiciales.
“Las acciones judiciales colectivas en estos términos duran bastante tiempo”, señaló.
Bassano sostuvo que el objetivo es encontrar herramientas legales para defender a los usuarios frente al incremento de los costos de los servicios y remarcó que el derecho del consumidor debe contemplar especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Si no se comprende que el beneficiario debe ser el débil jurídico, que es el consumidor, vamos a seguir tomando una inconsciencia en ver cómo podemos hacer para convivir mejor”, concluyó.