El abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, volvió a remarcar la responsabilidad del gobierno de Mendoza y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de no aplicar el fallo de 2020, en el que se fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre las provincias de La Pampa y Mendoza.
Gil Domínguez opinó acerca de esta situación en un artículo de la agencia Noticias Argentinas, referido a las disputas entre provincias argentinas por distintos motivos, como ambientales en el caso de La Pampa con Mendoza pero también de conflictos limítrofes.
“Teniendo en cuenta los históricos conflictos armados y fratricidas entre las provincias argentinas que signaron el proceso previo a la organización nacional, los convencionales constituyentes idearon un mecanismo de solución pacífica de estas controversias, estableciendo la competencia originaria dirimente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó el abogado pampeano.
“Los problemas comienzan cuando las provincias contendientes no cumplen de buena fe lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas que esta resuelve”, dijo Gil Domínguez, en referencia al juicio de la provincia de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, que llegó al máximo tribunal del país.
“Si las provincias deben confiar sus conflictos a la Constitución en lugar de resolverlos por su propia fuerza, la Constitución debe garantizar que la sentencia que sustituye esa fuerza tenga, a su vez, el vigor normativo suficiente para hacerse cumplir. De lo contrario, no sólo se vacía de contenido la competencia dirimente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que, fundamentalmente, se debilita el propio pacto federal”, explicó.
Además, ejemplificó en la causa referida, donde el tribunal, en 2017, reafirmó que el río Atuel es interprovincial, y que, por lo tanto, las partes debían fijar en el plazo de treinta días un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa. “Sin embargo, la provincia de Mendoza nunca cumplió. Esto hizo que, en 2020, el tribunal dispusiera -como una forma de ejecución de sentencia- fijar como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre las provincias de La Pampa y Mendoza”, recordó Gil Domínguez.
“A pesar de la clara y concreta decisión jurisdiccional adoptada, la provincia de Mendoza volvió a incumplir. Esto hizo que un grupo de prestigiosas ONGs pampeanas –la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos- promoviera una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho al ambiente y a la efectiva protección judicial (en este caso conculcada por no hacer cumplir la sentencia reparatoria dictada), la cual se encuentra actualmente en pleno trámite. Al día de la fecha, el daño ambiental persiste en la provincia de La Pampa y se agudiza día tras día”, dijo.
Qué dijo Cornejo
Este fin de semana, en una entrevista al diario Clarín, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), negó que Mendoza incumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Atuel, pese a que no larga agua para que llegue al oeste pampeano.
“La verdad es que para La Pampa el concepto es el de tener una malvinización del conflicto con Mendoza y decir ‘Mendoza nos robó un río’. La verdad es que hay cambio climático, que viene sucediéndose con todos los ríos de todo el mundo y aguas abajo tienen problemas los ríos en lugares desérticos”, expresó.
Otros conflictos
En 2011 el Instituto Geográfico Nacional publicó el documento “Representación gráfica de los límites interprovinciales en la República Argentina”, un estudio que sirvió para sistematizar toda la información disponible sobre límites interprovinciales en todo el país, aprovechando la precisión que otorgan las nuevas tecnologías y los relevamientos satelitales.
La investigación demostró que hay muchos tramos sin demarcar en varias jurisdicciones (Corrientes, Chaco y Santa Fe; La Rioja y Santiago del Estero; San Luis y San Juan, San Juan y Mendoza, entre muchos más), pero en el caso de Salta y Jujuy ese faltante recorre toda la línea interprovincial.
La agencia Noticias Argentinas enumeró los siguientes conflictos interprovinciales:
–Entre Ríos y Santa Fe: por la soberanía de las islas e islotes que se formaron por la sedimentación y el cambio del cauce del río Paraná.
–Salta y Jujuy: por tierras muy ricas en minerales y hasta poblaciones (incluso algunos pueblos originarios) que quedaron en el territorio de otra provincia por una demarcación cuestionada que abarca miles de kilómetros cuadrados.
–Salta y Catamarca: por territorios reclamados por ambas provincias y donde ahora hay importantísimos yacimientos de litio, como los del Salar del Diablillo y el Salar del Hombre Muerto, además de otros minerales muy valorados. Algo que encontró una salida negociada con una distribución equitativa de las regalías entre las provincias.
–Santiago del Estero y Catamarca: por una zona fronteriza disputada de 2.000 kilómetros cuadrados donde, por ejemplo, se asienta la población de Las Palmitas.
–La Rioja y San Juan: por un límite en disputa en el distrito de Vicuña donde la riqueza en petróleo y gas –potenciado ahora por Vaca Muerta- agigantó la puja.
–Río Negro y Neuquén: por la pertenencia de la Isla Victoria en el lago Nahuel Huapi y otros islotes que se formaron por el río Limay.
–Río Negro y Chubut: por deudas en obras y una zona limítrofe mal demarcada que hizo que queden hasta un destacamento policial de una provincia en la otra pero que los gobiernos acordaron cómo solucionarlo.