Pese a la decisión del Gobierno nacional de reducir en un 57%, entre 2023 y 2026, el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable, en su informe anual del colectivo Proyecto Mirar se detalló que en 2025 se realizaron 87.603 abortos en el sector público, en 20 provincias, cantidad que se mantuvo estable respecto a la medición anterior.
Según el estudio, trece provincias sostuvieron el acceso al aborto con presupuesto propio frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de insumos y entre esas se encuentra La Pampa.
Además, se destacó que en la última década, tanto la fecundidad como la natalidad descendieron en el país, y el descenso fue mayor entre niñas y adolescentes: 69% en la fecundidad de 10 a 14 años y 70% en la de 15 a 19 años.
Transcurridos más de cinco años desde la sanción de la Ley 27.610 (Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del Embarazo) el Proyecto Mirar presentó su reporte anual “El reto de sostener el aborto legal en Argentina”, que mapea la situación del acceso al aborto en el país durante 2025 y parte de 2026.
El relevamiento fue realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, en base a pedidos de acceso a la información pública. Se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones con cobertura heterogénea de los datos y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que reporta datos parciales de algunas provincias.
Este reporte, al igual que los anteriores, permite acceder a datos sistematizados acerca del acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en el territorio argentino.
El número de interrupciones voluntarias y legales (IVE ILE) realizadas en el sector público, en 20 provincias, fue de 87.603, lo que muestra que no hubo cambios significativos respecto a lo observado para las mismas jurisdicciones en 2024. En este sentido, la tasa de aborto (cantidad de abortos por 1000 mujeres de 15-49 años) se mantiene prácticamente igual a la registrada en 2023 (7,45 en 2025 frente a 7,49 en 2023).
Las provincias de Buenos Aires y Córdoba, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestran los mayores números absolutos (41.446, 9.341 y 9.458, respectivamente), sumando un 72% del total de IVE ILE informadas, en consonancia con la concentración del 53% de la población de mujeres en edad fértil del país, en esas tres jurisdicciones.
Según explicó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y CONICET: “Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, y agregó: “Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.
En relación a la disponibilidad de establecimientos en el sector público, hay 1.846 efectores de salud que garantizan las interrupciones voluntarias (IVE) y legales (ILE). Este número también se mantuvo sin cambios significativos comparando con 2023 (1.862).
Es de destacar que el 70% de los efectores son del primer nivel de atención, lo que facilita el acceso y, junto a la consulta temprana, explicaría la alta proporción de abortos en las primeras semanas de embarazo: 9 de cada 10 abortos son realizados dentro de las 12 semanas de gestación.
Desfinanciamiento
Frente a la situación de discontinuidad en la compra de insumos para servicios de aborto por parte del Ministerio de Salud de la Nación, trece provincias realizaron compras de insumos para el aborto seguro con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El informe también da cuenta de la caída en el gasto realizado por el Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, entre 2023 y 2026, en torno al 57%.
Esta reducción de las compras en anticonceptivos impactó negativamente sobre la cobertura de la población: de más de 1,2 millones de personas cubiertas en 2024 a apenas 63 mil para 2026, una disminución del 93%.
Este impacto no es sólo en términos de protección anticonceptiva. De acuerdo a las estimaciones realizadas, cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión.
Otros datos del informe
Nueve provincias reportaron el tipo de procedimiento utilizado: la mayoría de los abortos se realiza con medicamentos; la aspiración manual endouterina (AMEU) sigue siendo una opción de uso infrecuente.
Seis jurisdicciones disponen de un número telefónico gratuito, WhatsApp o correo electrónico dedicado a la provisión de información sobre IVE ILE.
El 0800 SaludSexual del Ministerio de Salud de la Nación indica que las secuencias de IVE ILE representan el 94% del total de llamadas. De ellas, la mayoría fueron realizadas para reportar barreras en el acceso a los servicios.
Panorama jurídico
El período 2025-2026 muestra estabilidad del marco jurídico vigente y escasos cambios legislativos de importancia. Se presentaron 75 proyectos: una cantidad menor buscó limitar la aplicación de la Ley 27.610 en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni tratamiento en el recinto.
Desde la aprobación de la Ley 27.610, en 2020, se iniciaron 38 causas judiciales en contra, de las cuales 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema.
“Si bien no hubo cambios legislativos sustantivos, la disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres, como la discusión sobre falsas denuncias, educación sexual (ESI), o el proyecto legislativo para regular el lobby, impulsado por el Poder Ejecutivo”, explicó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES.
El caso de Mendoza
En octubre de 2024, Mendoza actualizó el vademécum obstétrico mediante el Decreto 2088/24, que habilitó la prescripción de misoprostol y mifepristona para la interrupción del embarazo. Con ello, las obstétricas se incorporaron como prescriptoras, fortaleciendo el continuo de la atención del aborto y así se fortaleció la respuesta del primer nivel de atención, especialmente en zonas rurales y semiurbanas.
Hoy en la Argentina son cinco las provincias que han seguido ese camino: Neuquén, Mendoza, Jujuy, San Luis y, recientemente, la provincia de Buenos Aires.
Mortalidad materna
El reporte presentó también secciones en torno a dos temas que han tenido fuerte visibilización en la agenda de la salud sexual y reproductiva en el último año: el aumento de la mortalidad materna y el descenso de la natalidad y fecundidad.
La razón de mortalidad materna (que mide el riesgo de muerte materna por cada 10 mil nacidos vivos) aumentó 37% en 2024, respecto de 2023. Aun así, lo grave es el amesetamiento de la tendencia de este indicador en la última década.
Sin embargo, las muertes maternas por aborto muestran una evolución diferente: se redujeron a la mitad en el período posterior a la sanción de la Ley 27.610, respecto del trienio previo.
Descenso de la natalidad y fecundidad en Argentina
Argentina registró una caída del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años y del 70% en la franja de 15 a 19 años en la última década.
Las transformaciones culturales y de la vida social convirtieron la maternidad y la paternidad en una opción personal. El acceso a la anticoncepción y la interrupción del embarazo, junto con restricciones derivadas de la incertidumbre económica y la escasez de políticas de corresponsabilidad para el cuidado, son parte de los elementos que explican este fenómeno demográfico y social.
“A pesar de las enormes dificultades para la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos en el actual contexto en nuestro país, particularmente la decisión del gobierno nacional de desentenderse de esta política pública, la misma ha encontrado respaldo en muchas provincias, pasados cinco años de sancionada la Ley 27.610”, expresó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES, y agregó: “Es contundente el apoyo de la mayoría de nuestra sociedad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, un consenso respecto a no dar marcha atrás con la legalidad de la práctica: los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos que realizan abortos se ha mantenido, un alto porcentaje de intervenciones se realiza dentro de las 12 semanas de gestación, y las iniciativas legislativas y judiciales dirigidas a restringir, cuestionar o derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto pero muestra resultados positivos”.