La economista Candelaria Rueda, integrante del Instituto Argentina Grande, advirtió que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no cumplió la promesa de generar más puestos de trabajo y empresas. Según un monitoreo elaborado junto a otros cinco institutos y centros de estudios, en los cuatro meses relevados se perdieron 36.000 empleos registrados en el sector privado y se destruyeron 6.900 empresas. “La destrucción de empleo es parte de su modelo, no es un error del modelo”, sostuvo.
En una entrevista con Radio Textual (por Radio Kermés), Rueda explicó que el informe busca medir los resultados concretos de una de las principales promesas del Gobierno nacional: que la flexibilización de las condiciones laborales y la reducción de costos para los empleadores impulsarían la contratación, la creación de empresas y la mejora de los ingresos.
Sin embargo, los primeros datos relevados muestran un escenario contrario. “En cuatro meses se perdieron 36.000 puestos formales de trabajo en el sector privado en la Argentina y también se destruyeron 6.900 empresas”, señaló. La economista precisó que se trata del saldo neto del empleo registrado, es decir, de la diferencia entre las incorporaciones y las bajas, y no solamente de los despidos.
El promedio equivale a 9.000 puestos formales menos por mes. Además, Rueda remarcó que la caída del empleo privado registrado no comenzó con la reforma: el monitoreo identifica 13 meses consecutivos de retroceso desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
La economista cuestionó el argumento oficial de que la flexibilización laboral permitiría revertir la falta de contrataciones. A su entender, la reforma parte de una premisa equivocada al suponer que la reducción de los costos laborales será suficiente para incentivar a las empresas a tomar personal, incluso en un contexto de retracción económica.
“Las personas salen a contratar cuando necesitan sumar laburo”, resumió. En ese sentido, apuntó contra la debilidad de la demanda interna como uno de los principales obstáculos para la actividad empresarial y sostuvo que el problema central es la falta de crecimiento económico y de consumo.
Rueda citó los resultados de las encuestas del Indec a empresarios y pymes y afirmó que el 90% no prevé incorporar nuevos trabajadores durante el próximo año. Según explicó, la falta de demanda del mercado interno aparece como uno de los principales impedimentos para que las empresas crezcan.
“Creer que porque vos le bajás un impuesto al empleador va a salir a contratar no alcanza”, planteó. Para la economista, la generación de puestos de trabajo requiere un ciclo de crecimiento económico, inversiones y políticas de promoción para los sectores que concentran una parte importante del empleo argentino, como la industria, la construcción y el comercio.
La integrante del Instituto Argentina Grande también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de puestos registrados más allá del mercado laboral. La caída del empleo formal puede implicar que trabajadores y sus familias pierdan la cobertura de una obra social y pasen a depender exclusivamente del sistema público de salud.
En ese marco, afirmó que desde el cambio de Gobierno alrededor de 1,5 millones de personas quedaron sin algún tipo de cobertura de salud que antes tenían. Según explicó, esa situación aumenta la presión sobre un sistema público que ya enfrenta dificultades de financiamiento y atención.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a herramientas incorporadas por la reforma, como el banco de horas y la flexibilización de las jornadas laborales. Rueda sostuvo que la normativa supone que empleadores y trabajadores negocian en condiciones de igualdad, cuando en la práctica existe una relación desigual de poder.
La economista explicó que, bajo ese esquema, un trabajador puede quedar obligado a aceptar condiciones que no elegiría libremente por temor a perder su empleo. “La ley debiera proteger la situación donde hay una asimetría”, afirmó.
También cuestionó que la reforma permita acordar modificaciones en las condiciones laborales bajo el supuesto de que existe consentimiento de ambas partes. Para ilustrar esa situación, mencionó el caso del periodista Robertito Funes, quien contó públicamente que su empleador había pasado su relación laboral de dependencia a un esquema de monotributo, pese a que él no había acordado ese cambio.
Para Rueda, la pérdida de puestos formales y la falta de alternativas laborales profundizan esa desigualdad. “Hay alguien que no tiene la facultad ni la posibilidad de decidir: dejo de trabajar y me voy a otro lado a trabajar, en un contexto o país donde se están perdiendo empleos todos los meses”, advirtió.
Durante la entrevista, Rueda también se refirió al deterioro de la actividad económica y a la posibilidad de que la Argentina esté atravesando una recesión. Explicó que algunos sectores, como la minería y el petróleo, pueden compensar parcialmente la caída de otras actividades en los indicadores generales, pero advirtió que los rubros que tradicionalmente generan más empleo, como la industria, el comercio y la construcción, vienen mostrando retrocesos.
En ese escenario, consideró que la reforma laboral se aplica sobre un mercado de trabajo que ya arrastra un período prolongado de deterioro. La caída del empleo registrado, sostuvo, no puede analizarse de manera aislada de la evolución de la actividad económica y del consumo.
Consultada sobre las perspectivas para los próximos meses y el año electoral de 2027, expresó dudas sobre la posibilidad de un cambio de rumbo. “Ojalá el Gobierno entienda que no puede seguir en este camino y ojalá, siendo un contexto electoral, tomen algunas medidas para contener esta sangría que está teniendo el empleo”, manifestó.
No obstante, cuestionó las explicaciones oficiales sobre la evolución del mercado laboral y la expectativa de que los puestos informales se conviertan más adelante en empleos registrados. Según su análisis, detrás de esa dinámica hay trabajadores de aplicaciones, personas que realizan tareas de limpieza y quienes dependen de changas, en lugar de una reconversión productiva que garantice empleo de calidad.
Rueda también señaló una contradicción entre la promesa inicial de que la reforma impulsaría la contratación y las explicaciones posteriores que atribuyen la falta de formalización a la incertidumbre política o electoral.
“Cuando sacaron la reforma laboral iba a volar el empleo. Bueno, sacaron la reforma laboral. Ahora te dicen que lo que pasa es que quieren ver qué pasa el año que viene con las elecciones”, cuestionó.
Para la economista, mientras el Gobierno no reconozca el problema de fondo y no impulse medidas para recuperar la actividad, difícilmente se revierta la tendencia. “No los veo porque ellos no están identificando el problema, lo niegan”, concluyó.
