El fallo histórico de 2020, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s del río Atuel en territorio pampeano, pero la medida sigue sin cumplirse por parte de Mendoza. La resolución judicial, luego de años de lucha y litigio, plantea, entre otros aspectos, la necesidad de recomponer el ecosistema en el noroeste pampeano.
Sin embargo, a las 20 de la víspera, el escurrimiento del río a la altura de la localidad mendocina de Carmensa alcanzaba los 12,66 m³/s, mientras que en Puesto Ugalde (Vinchuqueros) era de 4,93 m³/s. La merma se acentuaba hasta llegar a solo 2,48 m³/s en Algarrobo del Águila. “A más de seis años del fallo judicial, Mendoza sigue sin cumplir la orden”, se lamentó Oscar Gatica, intendente de Algarrobo del Águila, en diálogo con Diario Textual.
El corte del río Atuel es un antiguo conflicto hídrico entre Mendoza y La Pampa, cuyo origen se remonta a 1947, a partir de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles, en territorio cuyano. La obra secó el cauce en territorio pampeano y provocó desertificación, pérdida de biodiversidad, salinización de los suelos y emigración de población.
La Corte Suprema declaró al río Atuel como interprovincial en 1987 y, en 2020, ordenó garantizar un caudal mínimo permanente en La Pampa. Sin embargo, esa medida sigue sin cumplirse.