La Provincia de La Pampa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca que rechazó la apelación vinculada con la medida cautelar contra la reforma de la Ley de Glaciares. La presentación cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El 8 de mayo de 2026, el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, rechazó la medida cautelar para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, pero admitió el trámite del amparo colectivo ambiental. Es decir, no rechazó el amparo en sí, sino el pedido de suspensión de la ley.
En ese marco, La Pampa apeló ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. El 29 de septiembre, la Sala II de la Cámara rechazó el recurso de apelación.
La medida cautelar solicita suspender la aplicación de la reforma mientras se resuelve su validez constitucional. Como alternativa, plantea impedir autorizaciones e intervenciones que puedan provocar daños en los sistemas hídricos con incidencia directa en La Pampa.
La Provincia sostiene que los cambios introducidos por la nueva ley reducen la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, fundamentales para conservar reservas estratégicas de agua y regular el abastecimiento de las cuencas hidrográficas.
En el recurso extraordinario, La Pampa cuestiona que la Cámara haya considerado suficiente la protección prevista por el nuevo régimen sin examinar adecuadamente sus posibles efectos sobre los sistemas hídricos compartidos. También plantea que el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales debe respetar los niveles mínimos de protección ambiental establecidos para todo el país.
Uno de los principales argumentos es el riesgo de que, mientras se desarrolla el juicio, se autoricen actividades capaces de provocar consecuencias ambientales irreversibles. Según el planteo, una eventual sentencia favorable podría llegar demasiado tarde para recuperar las funciones hídricas afectadas.
La presentación también cita el reciente fallo de la Corte Suprema en la causa “Asociación Civil Árbol de Pie”, vinculada con la Ley de Tierras, como antecedente sobre la importancia de adoptar medidas de protección ambiental oportunas para evitar daños irreparables.
El rechazo de la medida cautelar no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. El amparo colectivo ambiental continúa en trámite, mientras la Provincia busca que el máximo tribunal revise la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca.
La Pampa sostiene que las decisiones adoptadas en las provincias donde se encuentran los glaciares y los ambientes periglaciales pueden afectar la disponibilidad y la calidad del agua en otras jurisdicciones.
Aunque no tiene glaciares en su territorio, la Provincia considera que su preservación resulta fundamental para los sistemas hídricos de los que depende, en particular la cuenca del río Colorado.
En ese marco, cuestiona que la Cámara no haya aplicado, a su entender, los principios de tutela ambiental y de precaución ante el riesgo de daños irreparables en las reservas hídricas.
Con el recurso extraordinario federal, La Pampa busca que la Corte Suprema intervenga en la discusión sobre las medidas preventivas solicitadas y la protección de los recursos hídricos que considera esenciales para la Provincia y para las generaciones futuras.